Los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) Ariel Cena y Estefanía Oviedo fueron imputados este jueves en los Tribunales de Reconquista por presuntamente haber filtrado información reservada vinculada a los 18 allanamientos simultáneos realizados el pasado 29 de mayo en los barrios Cooperación y Belgrano de Avellaneda, en una investigación por microtráfico.
La audiencia estuvo encabezada por el juez Mauricio Martelossi y contó con la participación del fiscal Sebastián Galleano, acompañado por el jefe y subjefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone y Diego Vigo.
Según explicó Galleano, a ambos efectivos se les atribuyó el delito de encubrimiento agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso la evidencia reunida hasta el momento y los fundamentos de las medidas cautelares solicitadas.
“Lo que se hizo en el día de la fecha fue imputar el hecho en concreto y la calificación jurídico-legal, que es la de encubrimiento agravado en razón de la calidad que revisten los sujetos activos del delito, es decir ser integrantes de la fuerza de seguridad de la PDI, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, consigó.
Cómo comenzó la investigación
La causa se originó luego de los resultados obtenidos en los allanamientos simultáneos realizados en Avellaneda.
De acuerdo con la Fiscalía, de los 18 objetivos previstos, solamente dos arrojaron resultados positivos, lo que despertó sospechas sobre una posible filtración de información.
“A raíz del resultado de estos allanamientos se vio frustrado el operativo y solamente se consiguieron elementos incriminantes sobre dos de los objetivos”, indicó Galleano.
Posteriormente, una denuncia presentada en el Centro Territorial de Denuncias alertó sobre la posible existencia de información anticipada en manos de personas vinculadas a los procedimientos.
A partir de allí se inició una investigación conjunta con la Fiscalía General, la Unidad de Microtráfico y Asuntos Internos.
Las pruebas reunidas
Según detalló el fiscal, la imputación se sustenta en múltiples elementos probatorios, entre ellos: capturas de pantalla de conversaciones, Análisis de teléfonos celulares secuestrados, titularidad de líneas telefónicas, declaraciones testimoniales, información obtenida a través del sistema 911, denuncias realizadas en el Centro Territorial de Denuncias, testimonios de personal educativo de Avellaneda.
Uno de los elementos mencionados durante la audiencia fue el relato de una vicedirectora de una escuela primaria de Avellaneda, quien informó que una alumna había manifestado que no quería regresar a su domicilio porque allí se realizaría un allanamiento.
“Una de las hipótesis que barajamos enseguida fue considerar la filtración que venía de llamados al 911, de denuncias del Centro Territorial de Denuncias y de una vicedirectora de una escuela primaria de Avellaneda que dijo que una nena había manifestado que iba a haber allanamientos en su casa”, precisó.
“Una gravedad institucional inusitada”
El representante del Ministerio Público de la Acusación calificó el hecho como extremadamente grave debido a las consecuencias que tuvo sobre una investigación de gran magnitud.
Remarcó que los allanamientos movilizaron a más de 100 efectivos policiales de distintos puntos de la provincia y formaban parte de una estrategia coordinada entre la Fiscalía Regional, la Unidad de Microtráfico, la Municipalidad de Avellaneda y diversas áreas policiales. Según afirmó, la filtración frustró buena parte del operativo. “El resultado frustrado que pudimos probar hoy fue por culpa de estas dos personas”, aseguraron.
Maniobras
Galleano sostuvo además que, una vez conocida la filtración, los ahora imputados habrían intentado direccionar la investigación hacia otras personas.
“Después de filtrar todo esto quisieron inculpar a un montón de otras personas, jefes de policía, jefes de investigaciones y compañeros. Nos quisieron hacer creer que esto era de una determinada manera”, afirmó.
Durante la audiencia se exhibieron elementos que, según el fiscal, buscaban desviar el foco de la investigación y generar sospechas sobre otros funcionarios policiales.
Incluso señaló que estuvieron cerca de producirse errores judiciales a partir de esas maniobras. “Estuvimos a punto de cometer errores judiciales en cabeza de la Fiscalía por culpa de estas dos personas”, sostuvo.
La investigación continúa
Más adelante, dejó en claro que la causa se encuentra en una etapa inicial y que podrían surgir nuevas imputaciones. “Entendemos que esto es la punta del iceberg”.
En tanto, señaló que todavía resta analizar evidencia secuestrada y profundizar distintas líneas de trabajo para determinar si existieron más participantes en la filtración.
“Hay terceras personas que estarían involucradas y hay que desplegar una investigación que nos permita sostener elementos de convicción para eventualmente traer a proceso a otras personas”, manifestó. No obstante, evitó anticipar futuras detenciones y señaló que la investigación debe avanzar con prudencia para evitar errores.
Un caso que sacude a la PDI
La causa representa uno de los episodios más delicados de los últimos años dentro de la estructura de la Policía de Investigaciones en el norte santafesino.
La Fiscalía considera acreditada, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal, la participación de Cena y Oviedo en la filtración de información reservada vinculada a los allanamientos por microtráfico.
Mientras tanto, la investigación sigue abierta y los fiscales anticiparon que continuarán analizando evidencia para determinar si existen más responsables dentro o fuera de la fuerza policial.
