Cococcioni detalló que, en Rosario y Santa Fe, “se intentó impedir la salida de no menos de veinte móviles policiales hacia tareas de patrullaje”. Según precisó, en Rosario varias unidades fueron estacionadas frente a la Jefatura de la Unidad Regional II y algunos agentes “abandonaron el servicio, dejando los patrulleros sin custodia”. Pese a ello, aclaró que “el patrullaje se está sosteniendo con normalidad”.
El ministro reconoció “el reclamo legítimo por mejores condiciones laborales” y destacó que “todo policía que cumple correctamente su función y ha contribuido a la reducción de la violencia en Santa Fe seguirá contando con el respaldo del Gobierno”. Sin embargo, advirtió que ese reclamo fue “utilizado por personas allegadas a sectores desplazados de la fuerza, en algunos casos vinculados a graves hechos de corrupción cuyos responsables hoy están detenidos”.
“Usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir”, subrayó. En ese marco, informó que el jefe de Policía ya inició las actuaciones administrativas con el apoyo de la Subsecretaría de Control, y que los efectivos apartados fueron separados del servicio con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibalas.
Paralelamente, indicó que el Gobierno provincial trabaja en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para investigar “posibles ilícitos penales cometidos tanto por algunos policías como por grupos marginales y desplazados que no aceptan haber perdido posiciones de poder y privilegio”.
Coordinación con Nación
Por último, Cococcioni destacó que Santa Fe desarrolla una “política de seguridad exitosa en articulación con el gobierno nacional”, que ha permitido bajar los niveles de delito y violencia en Rosario y en toda la provincia. Remarcó la coordinación con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el despliegue de fuerzas federales “para sostener estándares de seguridad que el gobierno provincial no está dispuesto a resignar”.
