“Rutas Libres” viene a “corregir una injusticia comercial que data de 1935”. El proyecto de ley busca desregular los monopolios y oligopolios en el transporte provincial de pasajeros, que “tanto daño causa a empresas, servicios y a los usuarios”.
El diputado Emiliano Peralta presentó un proyecto de ley que busca modificar la vieja
ley de transporte público de pasajeros de la Provincia de Santa Fe. Se trata de una ley
del año 1935 que establece un régimen de licitaciones y una serie de regulaciones para
explotar las rutas terrestres que, a juicio del diputado provincial, “han provocado un
oligopolio o monopolio de las empresas de transporte público de pasajeros en
detrimento de la calidad, frecuencia y eficiencia de los servicios y de los derechos de los
usuarios o consumidores”.
“El principal objetivo de esta ley es eliminar la potestad que tiene el estado de decidir
con absoluta discreción qué empresa puede o no prestar un servicio en determinada
ruta o tramo terrestre. Hoy en día, una empresa que quiera realizar un tramo de
transporte de pasajeros entre dos localidades debe contar con una autorización (que se
llama concesión) de parte del Estado; caso contrario, no puede hacerlo. Ahora bien, esa
concesión no se otorga siempre que se cumplan determinados requisitos técnicos u
objetivos, sino que la decide la autoridad de aplicación casi sin motivo”, planteó el legislador.
Según explicó, este proyecto “viene a invertir el principio: toda empresa que quiera brindar un servicio de transporte -cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley- solo debe registrarse en la Secretaría de Transporte de la Provincia y no esperar una autorización expresa”.
El legislador dijo entender que “el mecanismo de concesiones favorece a las grandes
empresas que tienen mayor poder de lobby y que a la larga, terminan concentrando la
mayoría de los servicios”.
“Hoy por ejemplo podemos ver muchos colectivos con nombres de fantasía distintos pero que en realidad responden a un mismo grupo empresario (Derudder Hermanos S.R.L.). Con lo cual, no hay competencia empresaria. Esta falta de competencia implica que rara vez la empresa se esfuerza en mejorar la calidad de sus servicios, los coches, las tarifas y las frecuencias, ya que sabe que el ciudadano sí o sí tomará ese colectivo. Por otro lado, estamos coartando la libertad empresarial y la posibilidad de crecimiento de otras empresas locales o regionales que, si contaran con la libertad para hacerlo, ofrecerían otros servicios y a otros destinos”.
Peralta aclaró que el proyecto no es una liberalización absoluta del mercado: las
empresas deberán seguir satisfaciendo los estándares técnicos de la ley, la seguridad
de los coches, contar con póliza de seguro vigente para garantía de los pasajeros,
respetar los horarios y servicios y los derechos de usuarios. “Eso se mantiene: lo que
hacemos es darle libertad a que cada empresa explote el tramo que más le convenga.
Con esta modificación propuesta lo que sí se acaba es eso de comprar un pasaje emitido
a ‘San Nicolás’ o a ‘Basail’ -cuando en realidad se viaja dentro de la provincia-, o que
una empresa no pueda bajar un pasajero en Santa Fe cuando le queda de paso, o en
la terminal de Reconquista y tenga que hacerlo a la vera de la ruta”.
Para Peralta, lo que pudo haber tenido sentido en 1935 hoy ya no tiene razón de ser.
En su mirada, los servicios de colectivos crecerían en frecuencia y calidad, como
también podrían mejorar los precios de los servicios ante la existencia de varias
opciones de mercado que puedan competir entre sí. “Hoy, hay un oligopolio o monopolio
irónicamente por la intervención del estado, que se supone que debería estar para
proteger a los usuarios y consumidores y no a grupos empresarios particulares”, cerró
Peralta.
