El Fiscal Adjunto de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía Regional IV de Reconquista, Dr. Sebastián Galleano, ordenó la detención formal de Franco Sebastián Almirón Salinas, alias “Aceituna”, un hombre de 32 años de edad domiciliado en el Barrio Cáritas de la ciudad de Villa Ocampo. La medida se tomó tras un allanamiento que arrojó resultados clave para una investigación por venta minorista de estupefacientes.
La investigación, llevada a cabo por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) del Distrito Las Toscas, incluyó tareas de vigilancia encubierta durante todo el mes de octubre de 2026. Los agentes documentaron una dinámica constante de comercialización de drogas en el domicilio del sospechoso, ubicado sobre la calle Fray Luis Beltrán.
A través de filmaciones y registros visuales, se detectó el arribo frecuente de compradores a pie, en moto y en bicicleta. Los encuentros eran de brevísima duración y consistían en un intercambio rápido de dinero por pequeños objetos.
El allanamiento
Con la autorización de la Jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Dra. Natalia Palud, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la vivienda el 28 de octubre de 2026. En el operativo cooperó el Departamento Microtráfico Región IV Reconquista y el Grupo GOT UR IX.
En el lugar se logró el secuestro de elementos de alto valor probatorio:
Una (1) balanza de precisión con vestigios que dieron positivo en los test orientativos para cocaína.
Cinco (5) teléfonos celulares y dos (2) tablets que serán sometidos a pericias informáticas.
Dinero en efectivo: $279.000 pesos argentinos y $1.000 pesos chilenos.
Calificación legal y próximos pasos
El sospechoso, que ya se encontraba aprehendido, quedó formalmente detenido y alojado en una dependencia policial. El fiscal Galleano le atribuyó prima facie el delito de comercialización de estupefacientes en carácter de autor, tipificado en el artículo 5, inciso c, de la Ley Nacional N.º 23.737.
Entre los fundamentos para mantenerlo tras las rejas, la fiscalía remarcó el riesgo de fuga por la alta expectativa de pena (de 4 a 15 años de prisión) y el peligro de entorpecimiento probatorio, dado que resta peritar los dispositivos electrónicos para identificar a posibles proveedores o cómplices. En los próximos días se programará la correspondiente audiencia imputativa y de medidas cautelares.
