El dato se desprende del informe anual del fiscal regional Rubén Martínez. El detalle de 2025, por otra parte, valora la incorporación de nuevos fiscales. Preocupación el avance del microtráfico de drogas y la violencia juvenil.
El fiscal regional Rubén Martínez presentó su último informe de gestión. Tras haber asumido en 2017, se retirará en junio próximo de la conducción de la Regional IV del MPA. Por ello, junto a los indicadores y resultados propios del período, su rendición de cuentas contuvo una “mirada retrospectiva” sobre el camino recorrido: los logros alcanzados, los obstáculos enfrentados y las convicciones que sostuvieron el trabajo cotidiano aún en los momentos de mayor adversidad, según describió.
Para el funcionario, la construcción institucional que comenzó en febrero de 2014 -con la entrada en vigencia del nuevo sistema penal- con dotaciones mínimas, grandes distancias y recursos muy limitados se nutrió de la aplicación de un conjunto completo de herramientas que el nuevo sistema ponía a disposición: juicios orales, juicios abreviados, suspensiones de juicio a prueba, mediaciones y criterios de oportunidad, apostando desde el inicio por una “comprensión integral del modelo acusatorio orientada a la resolución efectiva de los conflictos penales”.
Hacia 2025, luego de más de una década del proceso, “el escenario en el que opera el sistema es notablemente distinto al de aquellos años fundacionales, el debate público en torno a la seguridad ha ido complejizando las expectativas depositadas en las instituciones de persecución penal”, y la relación entre garantías individuales y respuesta estatal frente al delito se plantea hoy en términos que el sistema debe leer con atención, pronunció el jefe de los fiscales del norte provincial.
En esa línea, ponderó que “la eficacia de la persecución penal y el respeto irrestricto de las garantías constitucionales no son valores en tensión, sino pilares complementarios de un Estado de derecho consolidado”, y ese equilibrio ha sido y seguirá siendo el norte de la persecución penal en la IV Circunscripción.
Martínez entregó como “dato más significativo” y “alentador” lo ocurrido en materia de recursos humanos: hacia finales de 2025, la Fiscalía Regional 4 alcanzó una dotación de 13 fiscales distribuidos en sus tres Unidades Fiscales, “la más alta de toda su historia”. “A partir de diciembre de 2023, con la asunción de las nuevas autoridades provinciales, se inició un proceso de recuperación gradual que se consolidó en 2025 con las incorporaciones descriptas en el apartado correspondiente”, representando un avance significativo que permitió estabilizar parcialmente el funcionamiento de la Regional tras años de déficit acumulado, agregó.
Fuerte volumen laboral
El informe anual de gestión 2025 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) reveló un fuerte volumen de trabajo en la Cuarta Circunscripción Judicial, especialmente en delitos vinculados a violencia de género, abusos sexuales, homicidios y delitos rurales.
Según los datos oficiales, durante el año pasado se iniciaron 3.723 legajos relacionados con violencia de género y delitos contra la integridad sexual. De ese total, 589 actuaciones correspondieron a delitos sexuales, siendo la Unidad Fiscal de Reconquista la que concentró la mayor cantidad de casos con 265 actuaciones, seguida por Vera con 185 y Las Toscas con 98.
En este tipo de delitos se realizaron además 553 audiencias judiciales y 218 entrevistas en Cámara Gesell, herramienta utilizada especialmente en causas con víctimas vulnerables.
El informe también destaca que durante 2025 se lograron 28 condenas por delitos sexuales, entre juicios orales y procedimientos abreviados.
Violencia de género y familiar
En materia de violencia de género y violencia familiar doméstica, la Fiscalía Regional registró 3.134 actuaciones durante el año. Reconquista concentró el 43,1% de los casos y Vera el 41,3%. La actividad judicial derivó en 768 audiencias y 37 condenas, además de mediaciones y suspensiones de juicio a prueba.
Desde el MPA remarcaron que la respuesta penal “resulta insuficiente sin el acompañamiento de políticas públicas integrales de prevención y asistencia a las víctimas”.
Delitos rurales
Otro de los puntos relevantes del informe fue el crecimiento y sostenimiento de las investigaciones por delitos rurales. Durante 2025 se registraron 404 actuaciones, distribuidas de manera bastante uniforme entre Reconquista, Vera y Las Toscas.
Además, se realizaron 82 audiencias y se obtuvieron 8 condenas mediante procedimientos abreviados.
El informe subraya el trabajo coordinado con la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” y entidades agropecuarias de la región.
Homicidios, siniestros viales y suicidios
La Fiscalía Regional 4 registró en 2025 un total de 35 legajos por homicidios dolosos consumados o tentados, cifra muy superior a los 10 casos registrados el año anterior. El informe atribuye este incremento al avance del microtráfico de drogas, el uso extendido de armas de fuego entre jóvenes y las situaciones de violencia familiar y de género.
El regional puso el foco en “la ausencia de programas de intervención preventiva focalizados en nuestra Circunscripción, cuya implementación ha sido reclamada reiteradamente sin obtener una respuesta proporcional a la magnitud del problema”.
Respecto de los homicidios culposos, principalmente derivados de siniestros viales, se contabilizaron 34 actuaciones, con Vera encabezando los registros.
El detalle anual alertó que, según los datos aportados por la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General, durante 2025 se registraron 38 suicidios en la región: 23 en la Unidad Fiscal Reconquista, 7 en Vera y 8 en Las Toscas.
La cifra resulta superior a la de homicidios dolosos consumados o tentados. Martínez remarcó que estos datos reflejan la necesidad urgente de políticas públicas integrales en salud mental, prevención social y seguridad comunitaria y destacaron que la visibilización estadística de estos casos, en línea con recomendaciones de la OPS y la OMS, resulta clave para el diseño de políticas públicas de prevención y para aportar una lectura integral de la mortalidad violenta en el territorio.
“Esta lectura, lejos de relativizar la gravedad del homicidio doloso -que conserva su centralidad como indicador de la violencia letal intencional y como marcador de fenómenos vinculados al microtráfico, al uso de armas de fuego y a la violencia de género-, permite dimensionar que la carga de mortalidad violenta sobre la que interviene esta Regional desborda ampliamente esa categoría”, ponderó Martínez, que hizo hincapié en la realidad descripta por la Fiscalía General en cuanto a que la sumatoria de muertes derivadas de eventos no intencionales y auto infligidos supera al número de homicidios dolosos: “Este patrón también se verifica en la IV Circunscripción”.
Intervención
Con relación a la supervisión ordenada por la Fiscalía General en materia de investigaciones por delitos sexuales, Martínez indicó que el trabajo desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, Sexual y Familiar se vio fortalecido en junio de 2024, cuando la Fiscalía General ordenó la supervisión de la totalidad de los legajos fiscales por abusos sexuales existentes a esa fecha en la Cuarta Circunscripción.
La medida fue prorrogada a principios de 2025, consolidando un proceso de acompañamiento sostenido que se extendió por casi un año. Transcurrido ese período, los “relevamientos realizados evidenciaron que las demoras detectadas en la tramitación de los legajos respondieron principalmente al volumen de trabajo, sin que ninguno de los fiscales actuales haya sido objeto de sanción disciplinaria.
“La intervención de la Dra. Alejandra del Río Ayala (fiscal) contribuyó positivamente a la gestión: promovió hábitos de trabajo más ordenados, fortaleció la unidad de criterios de actuación, impartió instrucciones particulares en cada caso supervisado y colaboró activamente en la depuración de aquellos legajos que no ameritaban la continuación de la investigación”, completó.
