El fiscal Sebastián Galleano les atribuyó el delito de robo en banda. Se les dictó prisión preventiva. Los trabajadores del Canif de Barrio Luján suspendieron actividades por tiempo indeterminado.
Los hermanos Lisandro Javier Acosta y Miguel Ángel Acosta, y Miguel Angel Aquino y Javier Moreyra fueron imputados por el fiscal Sebastián Galleano por los robos, daños al Centro de Atención a la Niñez y la Familia (CANIF) del barrio Luján, de Reconquista.
En la mañana del martes, los malvivientes que con su accionar delictivo obligaron a los trabajadores -objeto de amenazas- a cerrar el lugar de contención familiar escucharon en silencio la atribución penal esgrimida por el representante de la Unidad Fiscal del MPA.
La investigación realizada por personal de la Comisaría Segunda a cargo del comisario Maximiliano Mayal permitió que el fiscal avanzara con la acusación por tres hechos puntuales englobados en la figura de robo calificado en banda, en concurso real con tentativa de robo en relación al tercero de los casos.
Los imputados habían cometido los ilícitos contra la propiedad el 29 de marzo, 5 y 9 de abril, a raíz de lo cual el Canif debió suspender sus actividades por tiempo indeterminado debido a la sucesión de entraderas, con destrozos e intimidaciones al personal incluidos.
Tras ser encartados, recayó sobre los cuatro una medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de ley dictada por el juez Eduardo Basualdo, a instancia del fiscal Galleano que argumentó la requisitoria en el peligro de fuga latente y de entorpecimiento probatorio en base a los frondosos prontuarios policiales de los apuntados.
Prontuarios
Galleano explicó que “se ha llevado adelante la audiencia imputativa donde se dieron a conocer las identidades, los hechos y la evidencia”, y precisó que se trató de un accionar “conjunto, coordinado y previamente concertado”.
Según la investigación, los hechos ocurrieron en tres oportunidades: “Esto configura tres hechos en concurso real”, indicó el fiscal, quien remarcó que los imputados ingresaron reiteradamente al mismo lugar “de la misma forma y logrando el desapoderamiento de muchos elementos de valor”.
Entre los objetos sustraídos se encuentran “un proyector LED portátil, tres tablets y diversos insumos utilizados para la atención de niños”, lo que agrava la situación por tratarse de una institución con fines sociales.
La calificación legal es “robo calificado por haber sido cometido en banda, en concurso real, y en grado de tentativa respecto del último hecho”, en calidad de coautores.
Con relación a la prisión preventiva, el funcionario judicial indicó que “se expuso la cantidad de causas en trámite e incluso condenas anteriores”. Y destacó además que incluso una de las personas detenidas estaba con libertad regulada por otro hecho.
Por su parte, las defensas solicitaron medidas alternativas, intentando “atacar la probabilidad de autoría” y proponiendo reglas de conducta, lo que fue rechazado por la Fiscalía al considerar que ya habían fracasado en situaciones previas.
Finalmente, el juez Gonzalo Basualdo resolvió dictar la prisión preventiva para los cuatro imputados “por el plazo de ley”, tras analizar los argumentos de ambas partes.
