Prudencia
Consultado sobre la inminente sesión de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe convocada para tratar su posible suspensión preventiva, el fiscal adjunto Leandro Darío Benegas se refirió a la situación y pidió “prudencia institucional”. Benegas sostuvo que avanzar con una medida disciplinaria en este momento podría tener “consecuencias institucionales serias“, teniendo en cuenta recientes decisiones judiciales en la causa. “Resulta imprescindible advertir sobre la gravedad institucional que implicaría adoptar una medida disciplinaria en el actual estado del proceso judicial”, manifestó. En ese sentido, recordó que la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera resolvió apartar a la jueza que intervenía en la causa, al considerar que existían cuestionamientos vinculados a la imparcialidad y al debido proceso. “La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera de apartar a la jueza que intervenía en la causa por falta de imparcialidad y afectación del debido proceso constituye un elemento central que no puede ser ignorado por el ámbito legislativo”, expresó. Según indicó, ese pronunciamiento judicial revela que el trámite del proceso presenta irregularidades que afectan las garantías fundamentales. “Dicho pronunciamiento evidencia que el trámite judicial ha estado atravesado por irregularidades que comprometen las garantías fundamentales del proceso”, afirmó.“Medida anticipada”
El fiscal consideró que, en ese contexto, una eventual suspensión preventiva podría interpretarse como una “sanción anticipada“. “Avanzar con una suspensión preventiva podría configurarse como una medida anticipada, desproporcionada e injusta, ya que se estaría aplicando una sanción institucional mientras la propia justicia reconoce que el procedimiento judicial presenta vicios que afectan su validez”, señaló. Asimismo, sostuvo que cuando un tribunal de alzada determina la falta de imparcialidad de una magistrada, corresponde revisar el proceso antes de adoptar medidas que puedan afectar la trayectoria profesional de un funcionario. “Cuando un tribunal de alzada determina que una magistrada actuó sin la debida imparcialidad, el proceso debe ser revisado y encauzado correctamente antes de que se adopten decisiones que puedan dañar irreversiblemente la honra, la trayectoria profesional y los derechos de un funcionario”, indicó. Por último, Benegas pidió que la Asamblea Legislativa tenga en cuenta este nuevo escenario judicial al momento de tomar una decisión. “La prudencia institucional exige que se respete el curso de la justicia. Solo así se podrá asegurar que las decisiones que se adopten no estén influenciadas por presiones externas ni por juicios anticipados, sino por la verdad de los hechos y el respeto al Estado de Derecho”, concluyó.
