Distintas sociedades rurales del país, incluyendo la de Santa Fe, manifestaron su profunda preocupación y rechazo ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca por la obligatoriedad del sistema de identificación electrónica en el ganado. A través de una nota, advierten sobre el fuerte impacto económico que la medida tendrá para los criadores y reclaman que su aplicación sea de carácter voluntario.
El sector ganadero de Santa Fe rechaza la obligatoriedad de la caravana electrónica
Productores de todo el país, con la activa participación de la Rural de Santa Fe, han elevado una contundente carta al doctor Sergio Iraeta, funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP). En el documento, manifiestan su profundo rechazo a la imposición de la caravana electrónica para la trazabilidad ganadera, una medida que genera “profunda preocupación en amplios sectores de la producción”.
Desde el campo se argumenta que la disposición no resulta adecuada al haberse definido “exclusivamente con exportadores o frigoríficos”, y subrayan que los cambios “no son exigidos por los mercados ni aportan mejoras en sanidad o inocuidad” para la carne.
Alerta por la transferencia de costos
La principal advertencia de las entidades rurales, que agrupan a cabañeros y productores de invernada de la zona, es que la imposición compulsiva de la caravana electrónica trasladará indefectiblemente los costos hacia el eslabón más débil de la cadena cárnica: el criador. Según estimaciones presentadas en el documento, la implementación de esta medida implicaría una significativa transferencia de más de 20 millones de dólares desde los criadores hacia los feedlots y frigoríficos, alterando la ecuación de rentabilidad en un momento complejo para la actividad agropecuaria.
Las propuestas del campo
En este marco de preocupación por el futuro del sistema ganadero, las entidades rurales plantearon tres propuestas concretas a las autoridades. En primer lugar, solicitan la voluntariedad, es decir, que criadores y recriadores puedan optar entre la caravana electrónica o un chip, permitiendo así que quienes elijan adoptarla puedan capturar un valor agregado genuino. La segunda propuesta apunta a la limitación de la obligatoriedad al engorde, planteando que la identificación electrónica se realice al ingreso a feedlots o establecimientos de terminación, lo que garantizaría que la carne con destino a frigoríficos y exportadores cuente con trazabilidad completa.
Finalmente, se pide fomentar la competencia entre proveedores, evitando monopolios y habilitando al menos cuatro o cinco empresas proveedoras de caravanas o chips, promoviendo así la competencia en calidad y precios en el mercado.
Un llamado a desestimar la urgencia
Las entidades rurales expresaron en la nota su deseo de no querer “el fracaso de ninguna iniciativa del Gobierno”, sino, por el contrario, creen “que es un ejercicio saludable advertirle sobre los riesgos de avanzar con urgencia en un régimen compulsivo de caravana electrónica”.
En este sentido, solicitaron formalmente “desestimar dicha urgencia y prorrogar la fecha de implementación”, instando a la SAGyP a incorporar la opinión de los numerosos productores que adhieren a este planteo, buscando así una solución consensuada y viable para todo el sector agropecuario de la región y el país.
