El diputado Emiliano Peralta presentó un proyecto de ley que busca limitar la discrecionalidad de los aportes del estado a asociaciones civiles o personas jurídicas en general de carácter privado.
“Se trata de un proyecto de ley que surge a partir de la necesidad de controlar cuánto y a quién el estado le otorga ayudas o beneficios. El dinero del estado es, en realidad, dinero del contribuyente. Por lo tanto, nada mejor que un control de cómo se gastan esos fondos” empezó Peralta.
Son varios los motivos por los cuales a veces la Provincia otorga fondos a asociaciones civiles o personas jurídicas: pueden ser aportes no reintegrables, firmas de convenios o, muy frecuentemente, por terciarización de servicios. “
Muchas veces la Provincia no realiza por sí misma la actividad, sino que la delega en un privado; por ejemplo, en lo que tiene que ver con la lucha contra las adicciones o en los hogares de niños. Son asociaciones civiles quienes realizan la actividad, pero con fondos estatales”, clarificó el legislador.
El proyecto de ley busca que cualquier desembolso en un año fiscal, sea todo junto o en pagos periódicos, que supere los doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) por parte del estado o que sea efectuado a una asociación civil o persona jurídica con menos de dos años de antigüedad, pase por la Legislatura que tendrá un plazo máximo de sesenta (60) días para aprobar dicho aporte, vencido el cual el aporte no puede ser realizado.
Según el diputado “es una tarea administrativa habitual que el estado realice este tipo de
atribución de fondos, pero cuando esos fondos superan cierto monto o son efectuados a entidades que tienen muy poco tiempo de existencia, es necesario el control y la aprobación por parte del poder legislativo que es quien representa directamente al pueblo. El ciudadano debe tener control de los gastos del estado. No buscamos generar mayor burocracia, sino asegurarnos de que los fondos se otorgan con un margen determinado de discrecionalidad, sin arbitrariedades y quitando cualquier tipo de sospecha de que se beneficia a alguien en particular”.
El proyecto prevé además que la antigüedad estará avalada por un informe de la Inspección General de Personas Jurídicas que certifique su regularidad y una memoria institucional más los datos de sus integrantes y responsables que acredite experiencia en la materia objeto del financiamiento.
Por último, a los fines del límite de los doscientos millones de pesos, el proyecto prevé su
actualización automática año tras año según el índice de precios al consumidor elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).
