Informe del Auditor General de Gestión. Las sedes Rosario y Reconquista encabezan las regionales con mayor número de denuncias. El 66% de los planteos fue desestimado.
La Auditoría General de Gestión (AGG) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició el año último 114 legajos disciplinarios a fiscales, fiscales adjuntos y funcionarios ante denuncias de particulares, del propio ministerio o bien de otros actores del Poder Judicial.
Los datos del trabajo realizado por la auditoría que conduce Leandro Mai estén en el escritorio de la fiscal general, María Cecilia Vranicich y formarán parte del informe que debe presentar ante el Poder Legislativo como ordena la ley orgánica del MPA.
“En el año 2024, se registró un total de 114 legajos disciplinarios iniciados, el valor más alto desde la puesta en funcionamiento de la AGG”, se subraya. De esos 114 legajos, a fin de año 90 habían concluido su tratamiento en el organismo y otros 24 permanecían en trámite.
El extenso racconto realizado por Mai sobre lo actuado el año pasado tiene, entre sus capítulos, el tema del área disciplinaria, cedazo inicial de toda denuncia y que en caso de entender que hay faltas graves se eleva el expediente a Legislatura para que sea la Comisión de Acuerdos la que instruya el caso y aconseje al pleno de senadores y diputados la absolución, destitución o una sanción menor.
Fiscalía Regional 2 de Rosario. Foto: Archivo
De los 114 legajos iniciados en la AGG de gestión en 2024, 48 (42,11%) corresponden a la regional 2 con cabecera en Rosario; 28 (24,56%) a la 4 con sede en Reconquista; 27 (23,68%) a la 1 con sede en esta capital; 7 (6,14%) a la 3 de Venado Tuerto y 4 (3,51%) a la 5 de Rafaela.
El inicio del legajo disciplinario puede ser consecuencia de presentaciones o remisiones de distintos actores, o incluso iniciados de oficio por la propia Auditoría. El desglose del inicio marca que más del 50% fueron presentaciones particulares ya sea ante la propia Auditoría (39 casos) o ante otra dependencia del MPA (23). “Se registraron 62 legajos disciplinarios iniciados por la presentación de un particular”, se subraya. Durante 2024 fue el año con mayor cantidad de presentación de particulares contra fiscales desde que se tienen registros. En el 20’23, habían sido 55 los casos.
De oficio, la AGG abrió 13 carpetas; otras 11 fueron remitidas desde las fiscalías regionales; 9 desde otras oficinas del Poder Judicial y otras 8 por presentaciones de organismos fiscales.
De las 90 carpetas terminadas por la Auditoría el año último se destaca que en 60 (66,67%) se desestimó la denuncia; 13 casos fueron enviados a la Comisión de Acuerdos por conexidad subjetiva u objetiva; en 8 casos inhibición del organismo; en 3 casos hubo formulación de cargos a fiscales por falta leve; un número similar de funcionarios no estaban alcanzados por las incumbencias del órgano; en 2 fue apartado la Auditoría y en el caso restante se avocó la Comisión de Acuerdos de Legislatura.
En el año 2024, la Legislatura se pronunció en distintos casos ante expedientes disciplinarios que giró la Auditoría. Así, por ejemplo, sancionó durante 4 meses, sin goce de sueldos, al fiscal adjunto de Rosario, Matías Edery; también primero suspendió y luego en marzo de este año removió al fiscal Aldo Gerosa de Reconquista. También el año pasado fue removida la fiscal Gabriela Lescano (Cañada de Gómez) y sobre fin de año suspendió por 30 días al fiscal de San Justo, Guillermo Persello.
MPA Santa Fe ciudad. Foto: Archivo
En capilla
La Comisión de Acuerdos ya tiene el trabajo realizado por el diputado José Corral como instructor, ante la denuncia de la Auditoría sobre la conducta del fiscal adjunto de Reconquista, Alejandro Héctor Rodríguez. Trascendió que el legislador oficialista pidió la remoción de Rodríguez, tema que debe ser analizado por Acuerdos junto al autor del trabajo, antes de remitir el tema a la sesión conjunta de senadores y diputados.
Desafíos
El trabajo de Mai elevado a Vranicich concluye advirtiendo que en los últimos años “el MPA ha crecido notoriamente, no solo aumentando sus incumbencias en nuevos desafíos que debe afrontar la institución (microtráfico y justicia penal juvenil por sólo citar alguno de ellos), sino que también ha sido fortalecido con un aumento considerable de órganos fiscales con el inminente nombramiento de los fiscales subrogantes”.
También hace notar que “a la par de ello, las últimas reformas legales implicaron que sea de incumbencia de la AGG el abordaje como acusador en los legajos disciplinarios de los empleados del MPA, aumentando el caudal de trabajo de esta área en concreto la cual viene teniendo un aumento sostenido de ingresos”.
Desde este año, la Auditoría conformó la Comisión Regional Evaluadora de las Fiscalías Regionales 1, 2, y 5, lo que demanda una notable carga de trabajo a este órgano de apoyo a la gestión.
“Estos nuevos desafíos institucionales, deberán ser auditados con la misma cantidad de recursos humanos y materiales que posee esta AGG, lo cual conlleva necesariamente una planificación para realizar de forma más eficiente y eficaz su labor”, señala.
Postula sobre el final “el tablero de indicadores, como mecanismo de relevamiento de datos en tiempo real, cuyo norte sean las prioridades institucionales ya definidas por la autoridad, lo que devendrá en una herramienta de notoria utilidad para monitorear, corregir y dirigir el desempeño institucional.”
En el comienzo del escrito, Mai destaca que el organismo que conduce se constituyó presencialmente en cada dependencia del MPA para poder construir un insumo que no solo dependa de la información suministrada por los auditados, relevando en cada espacio funcional legajos prioritarios abiertos y sin movimiento durante el plazo de 12 meses.
Fuente: Mario Cáffaro – El Litoral
