La Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió denegar el pedido de Recurso Extraordinario Federal contra el fallo del mismo tribunal que dejó sin efecto la homologación del acuerdo del concurso de Vicentin SAIC. Lo hizo el mismo día en el que el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, dispuso la intervención de la empresa “bajo el principio de prevención del daño”.
La decisión del máximo tribunal fue adoptada por los jueces Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuller y Daniel Erbetta, sin que intervengan Margarita Zabalza, Rubén Weder ni Jorge Baclini, los nuevos integrantes del cuerpo.
Cabe recordar que el 18 de febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró la nulidad de la homologación que había obtenido la propuesta concordataria de la sociedad concursada. En aquella oportunidad dispuso remitir el expediente a otra Cámara, subrogante legal (Rafaela), para que pronuncie una nueva sentencia.
Contra la sentencia, Vicentin interpuso el recurso ahora denegado. Sus directivos habían planeado recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ahora la firma está bajo la intervención de los rosarinos Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, por lo los abogados de la empresa con sede en Avellaneda analizan los pasos a seguir.
La decisión del juez Lorenzini se adopta “con carácter de tutela inhibitoria anticautelar”.
A su vez la decisión de Lorenzini se adopta “con carácter de tutela inhibitoria anticautelar”, por lo que ordena que “todos los proveedores de servicios públicos y privados, o insumos y servicios públicos o privados considerados esenciales o indispensables para la operación industrial de las plantas fabriles, sedes administrativas y unidades de negocios de la concursada (proveedores de gas, energía eléctrica, servicios informáticos, seguridad, transporte, telefonía, seguros, etc.), se abstengan de interrumpir o suspender la suspensión de bienes o servicios por el término de 60 días hábiles judiciales”. Lorenzini va más allá y ordena que “deberán reestablecerse aquellos que se hubieran interrumpido o suspendido a la fecha de la presente resolución”.
Los directivos de Vicentin venían argumentando que sin la homologación del acuerdo y la inversión comprometida de las empresas Bunge, Vieterra y Aca, la empresa iría a la quiebra. Y por esa razón pusieron sus objetivos en una apelación a la corte nacional.
Los directivos de Vicentin venían argumentando que sin la homologación del acuerdo.
El mismo día en que la Corte rechaza el REF, Lorenzini -quien ordena desde su decisión qué hacer con el patrimonio no sólo de la concursada sino de sus proveedores- señala que la justicia debe prevenir daños, proteger a la empresa viable y “ante una eventual quiebra liquidativa, anticipar la protección de las unidades de negocios, fuentes de trabajo y activos mediante actuación tempestiva y suficiente para conminar efectos nocivos que podrían producirse por una parálisis total de la explotación industrial”.
Las decisiones judiciales se conocen días después que Vicentin acordara adelantos de fazón y continuidad de operaciones con aportes dinerarios y de mercaderías de la Unión Agrícola de Avellaneda CL, para la reactivación inmediata de las plantas industriales de Ricardone (girasol) y Avellaneda (maíz/bioetanol), a lo que se sumaba una medida similar de Bioenergías Agropecuarias SA, para continuar operando hasta el mes de diciembre de 2025 la planta de Bioetanol situada en Avelleneda.
Según la información recolectada por Lorenzini, “el pasivo posconcursal ha crecido de forma constante desde diciembre de 2024, llegando a la fecha de la audiencia (del pasado 11 de abril) a una cifra estimada de $12.536.732.386,32. de exigibilidad inmediata; y si contabilizamos otras deudas exigibles en el mediano plazo, dicha cifra escala a los $30.545.445,1314”
