La Defensoría reunió a instituciones y autoridades del ámbito de la salud y la discapacidad.
Durante el encuentro, realizado en la sede Rosario del organismo, se advirtió que las auditorías dispuestas por el Pami para los beneficiarios no tienen planificación adecuada ni comunicación efectiva, lo que genera incertidumbre, sobrecarga a los efectores de salud y pone en riesgo la continuidad de haberes fundamentales para personas en situación de extrema vulnerabilidad.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe fue sede este viernes de una reunión con organizaciones de la sociedad civil, profesionales del área de la salud y autoridades provinciales, a fin de abordar la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan miles de personas con discapacidad en la región, beneficiarias de pensiones no contributivas (PNC) otorgadas por el Estado nacional.
Participaron de este espacio representantes de instituciones como ATRAES, Centro Integrarte, Cooperativa Comunitas, ALAS, El Cruce, Agudo Ávila, La Casa del Sol Naciente, Colegio de Trabajo Social, Centro Educativo Terapéutico, Huellas de Mariposas, Un Lugar para Aprender, APRIDIS, Centro de Día CREE, Centro de Día El Limonero, Fundación Robles, Instituto Regional de Formación Integral Crecer, entre otras organizaciones. También asistió Miguel Rabbia, diputado provincial autor de diversas iniciativas legislativas en materia de salud, y Lucrecia Faccioli, secretaria del Órgano de Revisión de Salud Mental, que funciona en el ámbito de la Defensoría.
Durante el encuentro se debatieron alternativas y acciones concretas frente a la preocupación generalizada por el inicio de auditorías dispuestas por el PAMI y que serán realizadas por el Hospital Italiano de Rosario a más de 12.000 beneficiarios en nuestra región. Esta medida, dispuesta sin planificación adecuada ni comunicación efectiva, genera incertidumbre, sobrecarga a los efectores de salud y pone en riesgo la continuidad de pensiones fundamentales para personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Las organizaciones advirtieron que más del 50 por ciento de los beneficiarios no han sido notificados de forma fehaciente, lo que podría derivar en la suspensión de sus beneficios en el corto plazo. A esto se suma el colapso del primer nivel de atención, la falta de información oficial y la imposibilidad de muchos beneficiarios de acceder a los mecanismos dispuestos por el gobierno nacional.
Frente a esta grave situación, la Defensoría del Pueblo reiteró la solicitud de prórroga urgente de los plazos, el cese de cualquier medida punitiva, y la formalización de un trabajo articulado con las instituciones del territorio, a fin de garantizar una respuesta integral, respetuosa de los derechos humanos y de las condiciones particulares de cada persona.
Como resultado de la reunión, se remitió nuevamente una nota formal a la Agencia Nacional de Discapacidad, firmada por Savino, en la cual se reiteran los pedidos ya realizados el pasado 28 de febrero y se expresan nuevas demandas, entre ellas la publicación y difusión del padrón de personas con discapacidad de la provincia que perciben pensiones no contributivas, la publicación del listado de personas notificadas mediante carta documento, con detalle de turnos asignados, la prórroga inmediata de todos los plazos para auditorías, la suspensión de cualquier mecanismo sancionatorio hasta tanto se demuestre el incumplimiento de los requisitos legales y la agilización de los trámites pendientes de resolución para nuevas pensiones.
En este contexto, Savino reafirmó el compromiso de la Defensoría del Pueblo con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y exigió que cualquier medida adoptada desde el Estado se realice en el marco del respeto a la dignidad, la inclusión y el acceso equitativo a la información y la salud.
