En la sala principal de los Tribunales de Vera se llevó a cabo la audiencia de acusación preliminar de la causa que se sigue por supuesto abigeato a gran escala en perjuicio de Domingo Ianozzi, en su campo Las Gamitas, de Golondrina.
El juez penal Gonzalo Basualdo presidió la instancia procesal en la que el fiscal Nicolás Maglier formuló los cargos contra los imputados Hernán y Emilio Agú, Leonardo Balsaretti y sus hermanos, y los troperos Madera y Acevedo.
El representante de la Unidad Fiscal Vera expuso las figuras penales endilgadas, los montos de pena propuestos y las multas económicas.
Según cada caso: Hernán Agú (padre), 9 años de prisión; Emilio Agú, 11 años de prisión; Rubén Balsaretti, 7 años de prisión, todos como supuestos jefes de una asociación ilícita dedicada al robo de ganado. La diferencia en el monto punitivo de cada uno fue explicada por Maglier en la cantidad de animales que se les atribuye haber sustraído.
En esa línea, se inclinó por penas de 6 años de cárcel para los demás encausados, todos peones de campo.
Además, el fiscal tasó el monto del presunto daño infligido a Ianozzi en 445 millones de pesos por la faltante de 534 animales vacunos -en tres hechos- y solicitó una multa del doble de esa cifra para todos los acusados: 1068 millones de pesos.
La querella representada por los abogados Néstor Oroño y Cecilia Goyeneche adhirieron a la acusación fiscal, pero elevaron el dinero a resarcir a 5 veces los 445 millones de pesos estimados por el Dr. Maglier. O sea, 2225 millones de pesos. Al igual que para el fiscal, para los querellantes la investigación “luce clara, prístina” en cuanto a responsabilidad penal de los imputados.
Oposición
Por su parte, los defensores se opusieron a coro a los delitos atribuidos a sus clientes y se expidieron por la readecuación de la acusación.
- El Dr. Ángelo Rossini -patrocinante de Hernán y Emilio Agú junto al Dr. Aníbal Marchetti-, rechazó la existencia de asociación ilícita. “Ianozzi nos tendría que pagar a nosotros”, ironizó, porque según afirmó “todavia no devolvieron animales de Agú que la justicia ordenó que sean devueltos”. El letrado insistió varias en veces con la supuesta falta de evidencias en contra de sus defendidos y señaló la posibilidad de pudiera haberse configurado una suerte de encubrimiento sobre 3 vacunos -de un rodeo de 71 animales-, aunque finalmente sostuvo que el único reproche legal posible para sus pupilos sería el de haber faltado al Código Rural, infracción que prevé una multa de entre 1000 y 15000 pesos.
A su turno, el defensor público Pérez solicitó el sobreseimiento de Juan José Madera -de profesión tropero- debido a que “solo colaboró para ubicar a los animales en un campo con pastaje”. Ofreció, en caso de ser necesario, la suspensión del juicio a prueba y el abono de 1 millón de pesos por parte de Madera a Ianozzi en 12 cuotas.
En tanto, los abogados Agustín Bergel y Sixto González coincidieron en pedir la readecuación de acusación y defendieron que Leonardo Balsaretti “no pudo ser jefe de una asociación ilícita y al mismo tiempo recibir órdenes como empleado”. Lo propio argumentaron sobre Diego y Jesús Balsaretti.
El Dr. Iván Bordón -estuvo por Zoom- aseguró que Darío Acevedo, a quien asesora, no estuvo presente en los hechos descriptos y, por ende, consideró que debería ser sobreseído.
Apelaciones
Finalmente, en acuerdo con las partes el juez Basualdo analizará pormenorizadamente los planteos esgrimidos y decidirá en consecuencia en un plazo prudencial si acepta la acusación fiscal y decide avanzar hacia el juicio oral y público, o si por el contrario rechaza los fundamentos oralizados por el miembro del MPA.
Algo quedó claro en el debate que se extendió por 5 horas y media, con posiciones absolutamente encontradas entre acusadores y defensores: sea cual fuere la decisión del magistrado, la misma será apelada porque no conformará a todos.
Denunciante
Entre el público, estuvo presente el exadministrador de Las Gamitas, Bernabé Li Caussi, quien fue el denunciante del presunto abigeato a escala mayor en febrero de 2021. El juez Basualdo le dio la palabra antes de finalizar la audiencia. “Es la primera vez que me encuentro en esta situación”, alcanzó a decir, antes de que el abogado Rossini se expresara en contrario de esa posibilidad.
A pesar de la anuencia de la fiscalía y la querella para permitirle hablar, Rossini y el defensor Pérez no aceptaron que haga uso de la palabra ante la eventualidad de producirse una “declaración de impacto”.
Finalmente, el juez volvió sobre sus pasos y previo a dar por concluida la audiencia instó a los contendientes jurídicos a explorar salidas alternativas al juicio. “Sé que hubo contactos entre ustedes, mi juzgado es de puertas abiertas y estoy a disposición”, cerró.
