“Estoy contento de que hayamos corrido y borrado del mapa a toda esta comisión con prácticas casi mafiosas”, disparó Facundo Ferraris, representante del gobierno provincial para los centros operativos de Las Gamas y Tacuarendí, en referencia a la rescisión del convenio con la Cooperadora que tenía la cesión de los campos fiscales en el distrito de General Oobligado.
El funcionario dijo tener “una mezcla de sentimientos”, porque por otro lado “estoy muy enojado porque nos hicieron perder un año entero de gestión política. Nos pusieron todos los palos en la rueda hasta el último día y es increíble que tengamos que discutir esto”, que tengamos que “hablar de esta gente que tiene prácticas institucionales que rozan lo mafioso”.
Entrevistado por InfoVera para que diera el parecer oficial sobre las acusaciones en su contra de los cooperativistas por supuestos agravios, el integrante del Ministerio de Desarrollo Productivo situó que “esto comienza cuando asumimos la gestión, que la orden del Ministerio o la idea de esta gestión era poder conducir directamente los destinos de los centros operativos experimentales, tanto en Las Gamas como en Tacuarendí, sin intermediarios ad honorem”.
En el caso de Las Gamas se resolvió por decreto. Para el caso de Tacuarendí, existe un estatuto del año ’83 que estipula que los únicos que pueden ser comisión directiva de la Cooperadora son los socios. En enero, “cuando tuvimos una de las primeras reuniones con la Cooperadora, yo llevé seis avales”, recordó Ferraris, que “eran justamente de personas de las instituciones que tienen que ver con la producción agropecuaria como el INTA, la Universidad Nacional del Litoral, la Sociedad Rural de Reconquista, etcétera”.
Pero, recordó que en la reunión los cooperativistas le manifestaron que “no nos iban a firmar los avales porque ellos no iban a permitir que nosotros manejemos como quisiéramos la Cooperadora. Les pregunté el porqué y me dijeron en ese momento que ellos estuvieron desde hace 40 años, están ahora y van a seguir estando en el futuro mientras que esta gestión se va a terminar en cuatro años. A continuación me dijeron que había que pagar derecho de piso. Lo repitieron tres veces en esa reunión. ‘La provincia tiene que pagar derecho de piso’, me dijeron”.
Yo entonces les expresé qué “’me parece que ustedes le quieren jugar una pulseada a la provincia y fíjense porque me parece que no la van a ganar’. Y lo segundo que les dije antes de irme fue que se hagan responsables de sus acciones, porque no medir las consecuencias de sus acciones es creerse impune. Desde ese momento, ya por enero, prácticamente cortamos relaciones de comunicación”.
– ¿Y de ahí en más que pasó?
– De ahí en más se negaron a darme los resúmenes del banco y a comunicarme de qué manera iban a resolver la deuda que había con los pastajeros, que hasta enero de este año era de 25 millones de pesos. Tampoco me supieron argumentar porqué había un estudio jurídico que cobraba el 8 % de cada peso que llegaba en concepto de alquiler de los campos de isla. Supuestamente había un abogado que estaba para cobrar a los que no querían pagar. Pero ellos le daban el 8 % de todo lo que ingresaba, sea voluntario o sea a través de una gestión judicial. Si sos pastajero y pagás en tiempo y forma, bueno, el 8 % va para el abogado, sin hacer nada.
– ¿Qué va a pasar con los productores (pastajeros) que están en los campos?
– Ahí hay dos cosas para recalcar. Primero, es que de las 7.800 hectáreas que tiene el Centro Operativo Experimental Tacuarendí, son 700 hectáreas de campos de altura, digamos campos de continente, y hay unas 7.000 que son de campos de isla. En los campos de isla, la idea es que los pastajeros sigan ocupando esa isla y nosotros lo que queremos es regularizar la situación. Porque les mandé a pedir el acta de vacunación y nunca fue entregado. Entonces, como provincia, yo no sé qué cantidad de animales hay y si se cumplen con los estándares mínimos de la Autoridad Sanitaria Nacional. Eso se va a regularizar, pero lo más probable es que los pastajeros que están ahí sigan ahí.
Ferraris sostuvo que había acordado con la comisión directiva la construcción de un corral para toros, pero que “eso no se cumplió”.
Eso por un lado. Después, en otro campo de altura, que son de 400 hectáreas, yo me reuní con los 15 pastajeros que están ocupando ese campo, que tampoco presentaron ninguna documentación, que ese campo presenta un escaso nivel de apotreramiento y de infraestructura instalada, que ese campo está sobrepastoreado y estamos degradando un recurso, y que no hay mayores controles. La última vez que se hizo un conteo, en ese campo había 600 animales. O sea, 600 animales en un campo de 400 hectáreas. Yo con esos pastajeros me reuní allá por el mes de junio, finales de junio, y les comuniqué que la idea de la provincia era darle otro destino a ese campo, y que, por lo tanto, ellos iban a tener que irse de ese lugar. En 400 hectáreas nosotros vamos a pedir que desalojen ese campo porque tenemos otra proyección de lo que tenemos que hacer.
– Los cooperadores denunciaron un comunicado que fueron maltratados por usted y por el funcionario Méndez con agravios, con acusaciones. ¿Qué tiene para decir sobre eso?
– Primero es que yo no estoy en política desde ayer y sé muy bien que las palabras que digo como funcionario tienen, digamos, su eco. Y yo sí pienso en las consecuencias de mis actos. Entonces, yo me dirigí a ellos de manera firme, pero siempre en el marco del respeto. Yo jamás le falté el respeto a nadie ahí adentro. Ahora, sí le escribí un mensaje, que lo deben tener guardado, que te lo pueden mostrar en un grupo de WhatsApp, donde yo muy enojado y de buena forma les pedía que me manden el acta de la reunión en la que tuvimos el desencuentro. Después de ese mensaje me eliminaron del grupo de WhatsApp de la Cooperadora. O sea, eliminaron al representante del gobierno de la provincia. Ahí estás demostrando que no querés tener un veedor de la provincia como lo estipula el decreto por el cual se les cede las tierras. En una de las reuniones a las que fui, la echaron a la Secretaria de Producción de la Comuna de Tacuarendí, porque ella, al no ser de la cooperadora, no podía presenciar la reunión, así que la echaron delante mío.
