Con los alegatos de apertura, el lunes dio comienzo en los Tribunales de Vera el juicio oral y público a Luis Alberto Tallarico, exjefe de la Zona VIII de la repartición caminera provincial imputado por delitos contra la administración pública.
El funcionario se desempeñó al frente del delegación verense desde 2011 y hasta 2019, cuando fue separado de su cargo, aunque el reproche penal impulsado por la MPA abarca el periodo comprendido entre 2014 y 2018.
La audiencia inicial estuvo presidida por el tribunal unipersonal compuesto por el juez Sergio Olivera, y en ella el fiscal Sebastián Marichal reclamó 5 de años de prisión efectiva para Tallarico por las figuras penales de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con malversación de caudales públicos; incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial, todo en concurso real y en calidad de autor.
Comprobantes
En detalle, la investigación estuvo a cargo del entonces titular de la Unidad Fiscal Vera, Gustavo Latorre, luego quedó bajó la órbita de su par Valentín Hereñú, y para asistir al juicio fue designado Marichal. En la acusación preliminar, se le atribuyó a Tallarico “haber permitido que el personal que prestaba servicios en el sector compras de la Zona VIII, maneje con total autonomía y absoluta libertad la emisión de comprobantes que habilitan la compra y el retiro de bienes de distintos comercios de la ciudad de Vera y otras ciudades de la provincia, en nombre de la repartición”.
Los fiscales, según cada caso, lo encartaron debido a que esa forma de operar, de “no respetarse el proceso administrativo estipulado, no confeccionarse el formulario de recibo de los materiales correspondientes”, el que debía ser firmado por el agente que lo recibe, “no es posible acreditar o demostrar la efectiva entrega, a las distintas áreas de la jefatura de zona, de los bienes que habrían adquirido para la Zona VIII”.
En 2015, el imputado había sido puesto sobre aviso respecto de la “forma irregular de efectuar los procedimientos de compra para la zona VIII” tras una auditoría en base a la cual la DPV le solicitó adecuar los procedimientos de compras a lo que establecía la normativa aplicable al proceso de compras vigente.
Pero dos años más tarde, en otra auditoría realizada a fines del año 2017, en virtud de un reclamo verbal efectuado por el titular de Ferretería Chemes Hnos. surgió que el procedimiento de compras que se efectuaba en la Zona VIII “en lugar de mejorar había empeorado, todo causando perjuicio económico y financiero a la Dirección Provincial de Vialidad, atento a no respetarse la normativa para la realización de las compras”, un hecho que para la fiscalía constituye incumplimiento de los deberes de funcionario público que como jefe de la repartición debía observar.
A discreción
Para los representantes del MPA, Tallarico “decidía discrecionalmente en qué comercio comprar, qué bienes se debían adquirir, a qué comercio se le debía abonar mensualmente, qué monto, y aprobaba las compras”, y no respetaba el pedido de tres presupuestos -para el caso de compras menores- ni llamados a concursos o licitaciones en los casos que correspondía, siendo que por el cargo que ostentaba debía “velar por el cumplimiento de las normativas”, en este caso, referido al proceso de compras o contrataciones a los fines de evitar perjuicios económicos y financieros para la DPV.
La investigación penal que llevó al estrado judicial al funcionario vial determinó cuestiones tales como que a los fines de efectuar reparaciones en la vivienda que ocupaba en la Zona VIII y en distintas dependencias de la misma, se adquirieron 120 placas de durlock. De acuerdo al trabajador que las colocó y de la constatación efectuada por un arquitecto, la cantidad necesaria no debió haber superado la 70 planchas del material.
Otro de puntos contenidos en la acusación hace referencia a que al momento de llamarse a concurso de precios o licitación para la reparación de una motoniveladora que prestaba servicios en la Comuna de Los Amores, le “fueron presentados a Tallarico tres presupuestos prácticamente iguales en lo que a formato, letra y contenido se refiere”, variando solamente el precio final, lo que “surge a las claras que los mismos fueron presentados por una sola firma”.
“Siendo jefe de la zona VIII tenía el deber de controlar la efectiva realización de los trabajos contratados” para reparar la maquinaria, pero “conforme surge de la pericia realizada sobre el motor en cuestión, no se han realizado los trabajos presupuestados y contratados, y una vez conocida esta situación, Tallarico no efectúo denuncia y/o reclamo, tanto civil como penal ni informó administrativamente”.
En diálogo con InfoVera, el fiscal Marichal dijo que se trata de un “juicio complejo” con resultado incierto. “Esta es una causa originada por una denuncia de Sergio Pérez -empleado de Vialidad Vera- contra Tallarico, que investigó el fiscal Latorre y acusó el fiscal Hereñú, digamos que mi primer intervención es el juicio”, detalló. Las audiencias continuarán durante estos días con declaraciones de testigos y recién la semana entrante se llegaría al veredicto.
Separado del cargo
En octubre de 2019, a través de la Resolución Nº 2064, el entonces titular de Vialidad Provincial, Ing. Pablo Seghezzo, separó de su cargo, con las sanciones legales y económicas correspondientes, al maestro mayor de obras Luis Alberto Tallarico, quien se desempeñaba como Jefe de la Zona VIII Vera desde el 5 de abril del 2011.
En esa resolución, el organismo vial recordó que las investigaciones comenzaron a finales del 2017, luego de que el propio Seghezzo instruyera la ejecución de sumario administrativo y denuncia penal al detectarse posibles compras irregulares por parte de agentes de la Zona VIII en un comercio de la localidad de Vera.
Estas acciones desencadenaron denuncias cruzadas entre agentes de la misma repartición, que culminaron con la imputación al Jefe de Zona.
Testigos
Un profuso número de testigos están citados a comparecer durante el juicio. La fiscalía tiene previsto citar a los presidente comunales de Los Amores, Omar Walker; de Fortín Olmos, Rodrigo Acevedo; de Garabato, Belkis Villalba (MC); de Margarita, Ariel Bolaño; de Toba, Hernán Niemez; de Intiyaco, Walter Villalba (MC); y al intendente de Calchaquí, Rubén Cuello.
Para la querellante DPV aportarán sus declaraciones empleados de la Zona VIII y de la capital provincial, mientras que la defensa presentará como testigos de parte a la exministra de Infraestructura, Silvina Frana; a expresidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe, actual vocal, Sergio Beccari; el esfiscal de Estado, Rubén Weder; y el juez penal Martín Gauna Chapero, que fungía como fiscal durante la etapa investigativa del caso.
Pablo Seghezzo, quien fuera Administrador General de la DPV al momento en que se habrían sucedido los hechos, integra la nómina de testigos tanto de la fiscalía como de la defensa.
