La víctima es de Malabrigo. Una jueza había advertido a las partes sobre el paso del tiempo sin actuaciones en el expediente. La caducidad fue declarada en primera instancia y confirmada por la Cámara Penal. La víctima apuntó contra los fiscales.
Como si ya no fuera suficiente la mala imagen que el MPA Reconquista tristemente ostenta en materia de perspectiva de género tras el huracán institucional que significó el Caso Galaz, ahora la repartición enfrenta una denuncia que podría erosionar aún más sus cimientos judiciales.
La presentación apunta contra la actuación del fiscal Alejandro Rodríguez, y subsidiariamente pone en entredicho la labor de su jefe, el fiscal regional Rubén Martínez, y fue formulada por Juanita -nombre ficticio para resguardad su identidad y evitar la revictimización-, una joven de 26 años abusada en su etapa de adolescente, a los 13 años en Malabrigo. Producto del ataque sexual perpetrado por un tío, Juanita dio a luz el 2 de mayo de 2012, cuando tenía 14 años.
Por el delito intrafamiliar, B.R.G fue imputado por abuso sexual con acceso carnal de una víctima menor de 16 y mayor de 12 años, conforme la figura del Código Penal de estupro, que establece penas de entre 3 a 6 años de prisión bajo condición de que la persona ofendida no se hallare privada de razón o de sentido y no se usare fuerza o intimidación para consumar la acción reprochada.
En la línea de tiempo, la causa se originó en el sistema penal anterior, aunque la acusación contra el familiar acusado fue formulada el 17 de mayo del año 2017. Pasó a formar parte del sistema transaccional y conforme las directivas de la Corte Suprema fue reasignada a los fiscales del sistema acusatorio, para lo cual fue designado el fiscal Rodríguez por la conducción de la Fiscalía Regional Reconquista.
De acuerdo a lo manifestado, durante la investigación surgió que, producto del abuso sexual, la menor quedo embarazada y luego los estudios de ADN comprobaron -en un 99 %- que el embarazo había sido autoría de su abusador. A la irrefutable prueba genética su sumaron testimoniales, entrevistas psicológicas a la menor, informes psicológicos de esas entrevistas que dieron cuenta de la “responsabilidad incuestionable del acusado”, de acuerdo a lo manifestado por personas cercanas a la demandante.
A cuatro años de que prescribiera la causa, en fecha 29 de octubre de 2019 la jueza penal Claudia Bressán concedió en audiencia un plazo razonable a las partes a fin de que se expidieran acerca de la continuidad y la necesidad de producir o no la prueba oportunamente ofrecida.
Aún bajo aviso, la fiscalía “nunca se expidió ni efectuó ninguna diligencia”, señalaron, quienes representan a Juanita en su contacto con la prensa. De esa manera, el 8 de julio de 2020 se clausuró el periodo de pruebas y fue corrido el traslado a las partes para que formulasen sus conclusiones. El fiscal Rodríguez fue notificado el 17 de julio del año 2020, cuando restaban tres años para que operara la prescripción de la acción penal.
“Lo cierto es que la fiscalía, en la persona del Dr. Rodríguez, nada hizo”, puntualizaron, y así en 24 de octubre del año 2023 la jueza dictó el sobreseimiento del acusado formulando, no obstante una declaración de la responsabilidad penal del imputado dentro del derecho a la tutela judicial efectiva por su participación en el hecho.
A esa altura del proceso, el fiscal formuló una apelación “exigua, escueta y sin fundamento”, cuestionaron, lo que hizo que derivó en que el 6 de junio de 2024 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera confirmara la resolución de primera instancia que dispuso el sobreseimiento de B.R.G por prescripción de la acción penal.
Esto, sentenciaron, dejó a “la víctima con las manos absolutamente vacías, un niño producto de ese abuso sexual y una conducta de la fiscalía absolutamente ajena a la perspectiva de género y sus funciones básicas y elementales”.
En tanto, dieron fe que Juanita “tiene acreditado en su celular las numerosas consultas que pretendía efectuar al fiscal Rodríguez, como (también) cuando quiso hablar con el fiscal regional Martínez, quien siquiera la atendió y solo le prometió que la llamaría, lo que nunca hizo”.
Resarcimiento
Con el objetivo de lograr un resarcimiento, la joven ingresó una denuncia ante la Comisión de Acuerdos del Senado con copias a la Fiscal General del MPA y a la Auditoria del organismo en contra del Dr. Rodríguez, como fiscal asignado, y el Dr. Martínez por supuesta omisión a sus deberes funcionales de contralor.
Paralelamente, inició un reclamo administrativo previo ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe solicitando una indemnización, la reparación integral que comprende la sanción disciplinaria a los funcionarios públicos que no habrían actuado acorde a las disposiciones legales y un pedido de disculpas por parte del Superior Gobierno de la Provincia por la “grosera conducta desplegada por sus dependientes”, y la “privación de justicia en un abuso sexual que estaba harto probado y que quedó impune”.
En sus reclamos a los distintos organismos la víctima resaltó la ofensa que implicó escuchar al regional Rubén Martínez en una entrevista radial en la que expresó que “lo que pasa es que hay víctimas y hay víctimas… hay víctimas que jamás se preocupan por su legajo, hay otras que sí están todos los días, hay otras que se muestran interesadas o que se presentan como querellante. (..) no, yo no conozco la denuncia, pero bueno sentí unos comentarios que dicen una excesiva demora y que bueno la víctima nunca concurrió a quejarse”.
Hectáreas y falsedad
Consultado por InfoVera, el regional Martínez dijo en el mediodía del viernes que “la Auditoría ya tiene el caso. Yo le mandé las copias del legajo. Es un tema del sistema conclusional. Se trata de un estupro y no de una violación. Es un caso complejo donde la víctima no actuó siempre como lo está haciendo ahora. No la conozco, no tuve intervención en el expediente”.
El funcionario lamentó los dichos de Juanita en medios locales, en los que deslizó que “por algunas hectáreas de campo hicieron que la causa prescriba. Estas dos personas tienen que ser expulsadas de su cargo. Acá se asegura que por mucha plata mi abusador está libre. (…) hay mucha plata detrás, se han vendido muchas hectáreas de campo para que esto se tape, que este hombre esté en libertad y esta causa prescriba. Su familia tiene mucho campo y dinero”.
“Por supuesto que es absolutamente falso lo que argumenta respecto de mí. Es otro ataque a mi prestigio que tiene un actor intelectual que todos sabemos. Lamento todo lo que se está opinando sobre nuestra honestidad. Puede haber un error del fiscal, pero de allí a corrupción… Es una nueva noticia falsa”, rechazó de plano.
“Por ahora eso es todo. Todavía ni siquiera he estudiado el caso que desconozco porque nunca lo llevé yo. Que haya una presentación en la Auditoria significa que comienza un trámite institucional. De allí a que haya algún tipo de sanción hay un largo trecho”, concluyó.
A su vez, el auditor del MPA, Dr. Leandro Mai, confirmó investiga el caso: “En efecto, ya tomamos intervención y notificamos a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe. Pedimos copias de las actuaciones para estudiarlas
