Parientes de la víctima de abuso alegan que pesa una nueva denuncia sobre el funcionario suspendido. Y que podría ingresar otra presentación judicial en su contra. El próximo 1 de junio debe retomar sus funciones. Críticas a la Comisión de Acuerdos.
Serias acusaciones contra el fiscal Aldo Gerosa llevaban impresas los carteles que portaban familiares de Marisa Galaz, la joven víctima de abusos por parte de su propio tío que era funcionario de la Municipalidad de Avellaneda, al momento de presentarse ante medios de prensa en la explanada norte de los Tribunales de Reconquista.
Desafiando el frío y la falta de apoyo político, que denunciaron, en el contacto con periodistas cargaron las tintas contra el funcionario del MPA que fuera suspendido por la Legislatura por haber revictimizado a la joven que sufrió graves y reiterados abusos sexuales en su infancia por parte de Marcelo Galaz, condenado en un juicio abreviado polémico.
Natalí Romero y Silvana Galaz, acompañadas por el concejal de Avellaneda Aldo González, citaron que “se cumplen 180 días de la suspensión del fiscal Gerosa”, y mostraron su preocupación por que “1 de junio volvería al MPA” tras “una suspensión derivada del caso Galaz”. Fundaron su inquietud en que “ahora hay una nueva denuncia contra Aldo Gerosa, esta denuncia fue presentada por el diputado Fabián Oliver en la Legislatura el 20 de marzo” y, a su vez, también fue presentada al Dr. (Leandro) Mai, auditor de fiscales.
Según el relato, el hecho denunciado conforma una carpeta judicial que se tramitó ante la Oficina de Gestión Judicial de la ciudad de Reconquista por un caso de supuesto abuso intrafamiliar contra una niña de 13 años de mayo de 2015 por parte de su padrastro.
Las mujeres recordaron el fiscal llamó a Cámara Gesell recién en 2017 y que una psicóloga dictaminó que “lo narrado por la niña era creíble y compatible con el abuso sexual. No obstante, Gerosa seguía sin hacer nada”, sin citar al denunciado que seguía compartiendo techo con sus denunciantes. Ante la presión de la familia, “le toma declaración una tarde en fiscalía y lo deja ir, sin absolutamente ninguna restricción”, aseguraron que fue lo ocurrido.
“Recién en el año 2020, 5 años después, Gerosa hace oficial la acusación, donde pide 16 años y a lo ‘típicamente Gerosa’, ofrece una salida alternativa de juicio abreviado con una pena de 10 años para el acusado”, mientras la víctima “seguía presa del constante acoso del agresor”.
Tras imputar a la madre como cómplice luego de que esta “insistiera constantemente que fiscalía no hacía nada y que el abusador seguía acosándolas”, se llegó a un juicio abreviado con 3 años de condena para el padrastro abusador, con la menor ya convertida en mayor de edad y que “ante obviamente tanto manoseo y revictimización”, firmó de conformidad.
Demorada
En la parte central de su exposición, ambas contextualizaron que “esta nueva denuncia hace 2 meses da vueltas en la Legislatura y en la Comisión de Acuerdos… nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿debemos temer otra protección política? ¿este es el fiscal que el 1 de junio vuelve a esclarecer hechos de violencia y abuso?”
Luego de reclamar a los legisladores que “es su función y obligación esclarecer esto, nos deben a nosotros los ciudadanos una respuesta”, y de poner en evidencia que “hoy acá no hay ningún diputado provincial”, exigieron que “no se reintegre el fiscal Gerosa hasta ser esclarecida esta nueva denuncia, que reitera cómo opera”. ¿También demandaron saber “qué dice el fiscal regional (Rubén) Martínez? ya que firma estos abreviados también…”
Acto seguido, anunciaron que ingresará una nueva denuncia contra el fiscal cuestionado por una causa que “tendría como pretensas víctimas a dos niñas que esperan justicia hace 7 años en causas estancadas y donde el abusador sigue viviendo con ellas”.
Tanto Romero como Galaz se presentaron como familiares de víctimas de abuso que vienen acompañando y transitando todos estos procesos y no pertenecen a ninguna agrupación. Al hablar también en representación de la madre de la víctima del Caso Galaz mencionaron que “ella se encuentra con su hija en un estado de salud muy delicado; enfermedad que transita y fue diagnosticada por el estrés y mal trato recibido durante la investigación de su causa”.
En el final, como familia y conocidos, dejaron flotando en el aire tribunalicio un interrogante que buscó interpelar al Poder Judicial: “¿Qué más se necesita para que las víctimas realmente sean escuchadas y acompañadas por quienes tienen que hacerlo y cobran un sueldo para ello?”.
“Reiterada y grave”
El exfiscal Rodrigo González, que fuera compañero de trabajo de Gerosa en la Unidad Fiscal Reconquista, presentó el 9 de mayo una denuncia formal contra él ante el auditor del MPA, Dr. Leandro Mai, por el caso citado por Natalí Romero y Silvana Galaz.
Ahora como abogado y ciudadano, fue explícito al revelar que el nombre de la causa por abuso sexual con acceso carnal y propuso que ante la inminente reincorporación de Gerosa sea secuestrada por el órgano revisor el legajo fiscal y la carpeta judicial para “evitar pérdidas y/o manipulaciones”.
El profesional -que se comunicó con este medio para dar aviso de su decisión- argumentó su presentación a raíz de haberse enterado de la denuncia del diputado Oliver y por entender que “Gerosa ha causado un gravísimo daño a la persecución penal por no haber cumplido debidamente las actuaciones procesales a su cargo. Resulta ofensivo que dilate innecesariamente la investigación hasta adquirida la mayoría de edad de la víctima y que esta prefiera firmar una salida alternativa para no exponerse a un juicio público sobre su ataque sexual”.
Es una “actitud deleznable” de un funcionario contra una víctima de acoso sexual, situación que es “reiterada y grave” porque Gerosa era el jefe de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Sexual, sentenció y pidió fijar la atención en la cadena de mando del MPA “sin cuyo apoyo no podía haber hecjo lo que hizo”.
