Contra el Ministerio de Salud de la Nación. Fue presentado el viernes. Demandan que la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales vuelva a funcionar. Vulneración del derecho a la salud, falta de presupuesto e inflación.
Organizaciones de pacientes oncológicos y de otras patologías, de bajo, medio y alto costo, que no tienen obra social ni otra cobertura médica, que no reciben ningún tipo de subsidio o transferencia económica y que tanto sus propias jurisdicciones u otros bancos de medicamentos les han dado una negativa a cubrir su medicación, presentaron un recurso de amparo colectivo contra el “cierre o la suspensión” del funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales (DADSE). El recurso fue ingresado en el Juzgado Civil Nº 7 de CABA.
Para las ONGs demandantes, la medida sobre el organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación causó una “violación del derecho a la salud y a la vida de una cantidad determinable de personas que requieren medicación o asistencia en su tratamiento médico” y están esperando la resolución de sus expedientes.
La Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Asociación Civil SOSTEN, la Fundación Entrelazando Esperanza, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Geselina Llegaremos, que impulsaron amparo, denunciaron que el cierre o la suspensión del funcionamiento de la DADSE fue una “decisión única del gobierno que dejó sin respuesta a una clase de personas que no tienen otro modo de conseguir las medicaciones que requieren”.
En esa línea, señalaron que la DADSE es el último recurso de los pacientes que representan y exigieron que se garantice el funcionamiento de la repartición a través de la designación de autoridades, la sanción de un procedimiento eficaz y rápido para cotizar las compras que implique que ningún expediente demore más de 60 días desde su presentación, y que se le garantice un presupuesto suficiente para garantizar su funcionamiento.
En los fundamentos de requerimiento judicial explicaron que la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales fue creada en el año 2004 para “brindar asistencia económica a personas físicas con trastornos de salud agudos y/o crónicos, en situación de vulnerabilidad social y sin cobertura médica”. Las prestaciones que otorga son medicamentos que se encuentran fuera del vademécum del Banco de Drogas Nacional y Provincial, para casos de enfermedades poco frecuentes, o medicamentos que no cubren por cualquier razón las obras sociales, las empresas de medicina prepaga o las provincias obligadas. Cuenta con 56 delegaciones presentes en 23 provincias.
Luego de referenciar que el sistema de salud se apuntala sobre tres pilares: la salud pública, las obras sociales de los sindicatos y las empresas de medicina prepaga, las peticionantes consignaron que la DADSE viene a “brindar cobertura a las personas cuando estas no pueden acceder a las prestaciones de salud que deberían, ya sea por desidia, cuestiones burocráticas, o falta de recursos de los sistemas públicos locales, sindicales o privados”.
“Proceso de paralización”
En la parte central del escrito, señalaron que, desde la asunción de la nueva administración el 10 de diciembre de 2023, comenzó un “proceso de paralización” de la DADSE, no se eligieron nuevas autoridades, no hay ni director ni subdirector designado, ni tampoco se conformó un nuevo organigrama administrativo con la llegada de la nueva gestión. Para graficar sus aseveraciones, ofrecieron como testimonio un cartel que se colocó en la sede de la DADSE y que rezaba: “La Dadse permanece momentáneamente cerrada por readecuación en los sistemas y procedimientos”.
De acuerdo a lo dispuesto por la Ministra de Capital Humano, se inició una revisión del procedimiento por el cual se llevaban adelante las adquisiciones y adjudicaciones de la DADSE y fueron denunciadas penalmente las autoridades anteriores en tanto entendió que el procedimiento hasta entonces vigente había vulnerado la ley de compras y contrataciones públicas, recordaron. Sin embargo, lamentaron, “la Ministra de Capital Humano no reemplazó este procedimiento por ningún proceso de compras ni contrataciones alternativo o superador, ni lo mantuvo transitoriamente, por lo que -en los hechos- se paralizaron las compras y adjudicaciones de subsidios”.
Luego, el día 19 de febrero de 2024, la DADSE pasó de la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Salud de la Nación. “Este cambio de órbita se dio en un contexto de ajuste del gasto público, donde por medio del Decreto 88/2023 el gobierno nacional dispuso la prórroga del presupuesto establecido para 2023, con el mismo financiamiento a valor nominal sin contemplar ningún ajuste por inflación”, todo en un contexto de liberación de los precios de los medicamentos y la finalización de los acuerdos de precios que a partir de la asunción de la nueva administración produjo un aumento promedio de más del 110 %, superior aún a la inflación promedio del índice de precios al consumidor, cuestionaron.
“Daño irreparable”
Paralelamente, dijeron temer por la continuidad de la asistencia a raíz de que el presupuesto vigente no fue actualizado: “Estos elementos son más que suficientes para que exista la amenaza cierta de que las prestaciones que brinda la DADSE, se suspendan de forma permanente y con esto se produzca un daño irreparable a los derechos subjetivos de los pacientes que reciben las prestaciones de salud. Este daño, en este tipo de situaciones especiales que cubre la DADSE provocará justamente la muerte de los pacientes que no ven resueltos sus expedientes”.
En el final, advitieron que en la actualidad no existe procedimiento para que los expedientes avancen a una etapa final, y refrendaron que “lo que se pretende en esta acción es que se establezca la obligación de designar autoridades y de reanudar la tramitación administrativa a fin de que la Administración Pública Nacional brinde respuesta efectiva y rápida a todos los expedientes en trámite ante la DADSE. En esta causa se pretende defender el derecho a la salud de todas las personas que iniciaron un expediente ante la DADSE y aún no han obtenido respuesta. Sin esta respuesta, como vimos, se vulnera el derecho a la salud de ellas”.
