En la tarde noche del pasado lunes 11, en el salón auditorio de Casa del Bicentenario, se llevó a cabo el primer encuentro organizado por familiares autoconvocados de personas con discapacidad, para visibilizar la angustiante situación que atraviesan a causa de las interrupciones en los servicios y prestaciones destinados a las personas con discapacidad, que son consecuencia de la desfinanciación del sistema de atención por parte del gobierno nacional.
“Nos preocupa profundamente la interrupción, baja en la frecuencia y/o cese de las diversas prestaciones, ya que esto vulnera los derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad”, manifestaron los familiares.
“Nuestros hijos, en medio de esta crisis, se ven privados de su derecho a participar plenamente en el sistema educativo, a disfrutar de la protección social, y a elegir sus tratamientos. La pérdida progresiva de estos derechos los distancia cada vez más de la posibilidad de obtener un empleo, de vivir de manera independiente en la comunidad, de desplazarse libremente, de ejercer su derecho al voto y de participar en actividades deportivas y culturales, entre otros aspectos fundamentales de la vida”, argumentaron.
“Por todo lo expuesto, convocamos a este encuentro con el objetivo de visibilizar esta dolorosa realidad. Queremos que los medios de comunicación difundan y que los líderes políticos se sensibilicen ante esta problemática y tomen medidas concretas para revertirla”, finalizaron.
Por parte del Municipio de Reconquista, estuvieron presentes y manifestaron su total apoyo a la causa el intendente de la ciudad, Dr. Amadeo Enrique Vallejos, y la secretaria de Desarrollo Humano, Lic. María Haydée Maggio: Además, participaron los diputados provinciales Sergio Rojas y Dionisio Scarpin.
Al mismo tiempo, las instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad de nuestra zona se sumaron a la invitación realizada por los familiares autoconvocados para exponer la situación que hoy pone en peligro la continuidad de los servicios y prácticas terapéuticas, educativas y de transporte para las personas con discapacidad.
“A nivel nacional, y en nuestras instituciones, están en riesgo más de 100,000 puestos de trabajo y la atención de 200,000 personas con discapacidad que acceden a distintas prestaciones”, detallaron en su adhesión.
