El magistrado debía tratar la homologación de un acuerdo abreviado de condena. Pero, dichos públicos del Dr. Barraguirre lo llevaron a tomar la decisión de correrse. Se trata de un caso resonante del norte provincial.
El juez penal Santiago Banegas resolvió inhibirse de continuar entendiendo en el resonante caso Galaz, en el marco del cual y luego de que se realizara un juicio abreviado las partes llegaron a un acuerdo para que el imputado sea condenado por abuso sexual a la pena de 7 años de prisión efectiva y el pago de una multa de 6 millones de pesos a la víctima.
Sobre el magistrado de Reconquista recaía la responsabilidad funcional de dictaminar sobre la legalidad del entendimiento entre la querella y la defensa para que el confeso Marcelo “Leche” Galaz purgue los abusos sexuales reiterados a los que sometió a su sobrina M. G., hoy de 29 años, cuando era menor de edad.
En diálogo con InfoVera, el Dr. Banegas reseñó que el pasado 26 de abril se realizó la audiencia que establece el Código Procesal después de que se presenta una propuesta de acuerdo de abreviado por escrito. “Escuché a la víctima, al imputado, les expliqué de qué trataba, en qué consistía, les pregunté si estaban de acuerdo con lo acordado, me dijeron que sí, el fiscal dio algunas explicaciones respecto a un cambio de calificación que había hecho y yo a partir de ahí tenía cinco días para dictar sentencia homologando o rechazando el acuerdo que sí”.
El funcionario judicial indicó que “en la mayoría, estos casos suelen aprobarse porque están todas las partes de acuerdo; yo creo que lo que tenía que hacer era básicamente el único punto que podía llegar a tener algún tipo de cuestión más profunda de estudio, era el cambio de calificación”.
Pero, argumentó que el domingo tomó conocimiento de “declaraciones del procurador de la Corte en un medio de Rosario, una radio concretamente, en las cuales manifestaba que el día martes, que era el primer día hábil de esta semana, se iba a iniciar un sumario para investigar mi participación aprobando o homologando el acuerdo en cuestión”.
Pérdida de imparcialidad
“Lógicamente, al enterarme de esto yo sentí que perdía la imparcialidad que tengo en el caso. Un juez se supone que lo que resuelve tiene que afectar a la víctima, al imputado, eventualmente puede afectar a la sociedad en el sentido de que espera una pena u otro, lo que sea, pero no debería afectarlo personalmente porque deja de ser imparcial”, razonó.
En tal sentido, aseveró que “a partir de estas declaraciones del procurador, manifestando esto, sentí que me corría de mi lugar de tercero imparcial y me colocaba en un lugar en el que yo, si decidía homologar el acuerdo, iba a tener como consecuencia que se me inicie una investigación, con lo que eso implica”.
El juez penal remarcó que con tales declaraciones “no me sentía en condiciones de expedir un fallo, de dictar un fallo en libertad”, y dejó entrever: “Llama la atención porque el acuerdo todavía no está homologado. A mí se me puede, eventualmente, iniciar si se quiere algún tipo de investigación a partir de algo que haya hecho, pero lo que a mí me afectó en particular y por eso entendí que lo más sensato era inhibirme de seguir entendiendo, era que se me se me hace saber que se me van a iniciar actuaciones por algo que todavía no hice y me condiciona en mi accionar, creo que le pasaría a cualquier persona en mi lugar le pasaría lo mismo”.
Cómo sigue
De ahora en más y a raíz de su voluntad de dejar el caso la Oficina de Gestión Judicial deberá designar un subrogante legal, el juez que sigue en la lista de acuerdo a los criterios de distribución. “Ese juez lo primero que tiene que hacer es decir si acepta o no mis fundamentos y a partir de ahí ver cómo sigue. Si no acepta mis fundamentos, la Cámara es la que resuelve el conflicto entre ambos jueces y si acepta o no la inhibición”, ilustró.
La audiencia para confirmar la sentencia a Galaz está fijada para el próximo 29 de mayo. Antes de ello, la justicia deberá determinar si da el visto bueno a lo convenido entre las partes del proceso en la causa por delito contra la integridad sexual de la joven M. G., de Avellaneda, que al momento de su descargo denunció haber sido revictimizada por la falta de perspectiva de género de la fiscalía de Reconquista y enrostró a su victimario el haber sido su “diablo personal por más de dos décadas”.
