Se trata de una causa que viene de larga data. Los herederos del propietario original reclaman el terreno donde viven estas personas.
Por pedido del Defensor del Pueblo, Jorge Henn, fue suspendido por el término de 30 días el pedido de desalojo de la familia Gerez que habita en una vivienda situada por calle Estanislao López al 2150 de Vera.
El plazo perentorio para que los integrantes del grupo familiar entregaran el solar y su construcción vencía este martes, pero una solicitud interpuesta por el ombusman santafesino reprogramó la medida.
En el lugar, se concentró gran cantidad de vecinos, una oficial de justicia y el abogado querrellante, que representa a los demandantes. Estos últimos son herederos de un hombre de apellido Olivera, que más de dos décadas atrás prestó el terreno para que los Gerez se asentarán en él.
La familia, dedicada a las changas y a ser carreros, vive allí hace añares con el permiso del entonces titular de la propiedad. Pero, los hijos del dueño iniciaron un trámite judicial para recuperar ese inmueble y la suerte de actuales ocupante quedó echada.
Vale decir que los Gerez nunca ocuparon el terreno por cuenta propia, sino que siempre contaron con la venia correspondiente de Olivera. También es cierto que no tienen dónde ir y están a merced de la providencia.
La situación judicial se prolongó hasta estos días, luego de que se suspendiera el desalojo ordenado por el Juzgado de Circuito de la Ciudad de Vera el día 1 de septiembre de 2022.
El pedido
De acuerdo a la información a la que accedió InfoVera, Jorge Henn, defensor del Pueblo Adjunto Zona Centro -Norte, a cargo de la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, refirió en su pedido al juez de Circuito, Dr. José Luis Freijo, haber tomado cononocimiento de la situación del grupo familiar integrado por adultos Gerez y por un grupo de niñas, niños y adolescentes menores de 18, que habitan en el inmueble cuya desocupación se persigue en la causa.
El funcionario indicó que, de llevarse a cabo el lanzamiento dispuesto para la mañana del 25 de abril, el núcleo familiar de mención quedaría “expuesto a un importante estado de riesgo y vulnerabilidad en su derecho a una vivienda digna”.
En la nota, Henn citó que profesionales de la Delegación de la Defensoría del Pueblo en la
localidad de Vera “han realizado un trabajo de articulación interinstitucional del cual se informa que en la situación social de este grupo familiar se encuentran interviniendo los organismos estatales competentes municipales y provinciales”, tales como la Secretaría de Gobierno, de Obras y Servicios Públicos y de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Vera, Secretaría de Hábitat del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe.
Todo para garantizar a la brevedad el reestablecimiento en un terreno asignado por ordenanza municipal Nº 2045/23 del Concejo Municipal local donde se levantará una vivienda de tipo modular a cargo de la Secretaría de Hábitat de la provincia.
En consecuencia, solicitó al juez que “contemple la posibilidad de extender una prórroga” en tiempos razonables teniendo en consideración los avances en la articulación entre los organismos competentes que pueden garantizar una resolución de la situación habitacional que “brinde estabilidad, especialemente contemplando el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vivienda digna”.
En tanto, sostuvo que los desalojos forzosos no deberían dar lugar a que las niñas y niños
queden en una situación de extrema vulnerabilidad, sin vivienda y expuestos a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, de acuerdo a acuerdos internacionales.
Palabra del juez
El Dr. José Luis Freijo, titular del Juzgado de Primera Instancia de Circuito Judicial Nº 13, explicó a InfoVera que lad actuaciones se iniciaron en 2017 por finalización de contrato de locación, y que en un fallo de su autoría dispuso el reintegro del inmueble a su legítimo propietario. Tras una apelación de un defensor de la familia Gerez, la Camará confirmó el decisorio de primera instancia, pero la defensa insistió con su postura al punto de llegar con un recurso de queja a la Corte Suprema de la provincia. El tribunal superior tomó el caso y ordenó que se cumpla la sentencia primera, cosa que tuvo varios intentos de ejecución que se vieron siempre demorados.
Ahora, el tiempo se acabó y el fallo debe ser cumplido, no hay lugar para más dilaciones luego de cumplir los protocolos de asegurarle alojamiento a los menores en alguna residencia oficial. Por ello, una oficial de justicia se apersonó esta mañana en la casa donde viven los Gerez para notificarlos del desalojo, llamado “lanzamiento” en la jerga judicial.
Empero, un acuerdo de último momento entre la querella y los demandados puso en pausa la salida de estos por un plazo de 30 días.
El juez Freijo explicó que en este tipo de casos impera el Derecho Civil, por lo cual las resoluciones tienen caracter dispositivo, esto es que las partes disponen qué hacer: si llegan a un acuerdo, pueden demorar la entrada en vigencia del fallo hasta tanto consideren necesario.
Casa propia
Exactamente, eso fue lo que ocurrió hoy y que permitió que la familia continúe alojándose allí por un mes más, hasta que el Estado pueda proveerle una casa propia.
