Vicentin intenta reaccionar del golpe que significó que el presidente de la Corte Suprema de esta provincia, Rafael Gutiérrez, suspendiera el concurso preventivo que, sostienen en la firma, estaba a punto de lograr el acuerdo de pago por la deuda de 1.500 millones de dólares. Para eso contrató como apoderado al radical Ricardo Gil Lavedra, quien planteó ante la Corte la revocatoria de la medida y que el expediente vuelva al juez del concurso, Fabián Lorenzini.
La cerealera leyó que la politización del caso es lo que se viene en la novela, por eso eligió al constitucionalista, de fuertes vínculos políticos y judiciales, como apoderado y junto al patrocinio del estudio jurídico santafesino de Maximiliano Toricelli. El político vinculado a Juntos por el Cambio (JxC) es el flamante presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cargo que le da interés en el Consejo de la Magistratura. Vale recordar que tuvo la representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la causa penal sobre la empresa petrolera Oil Combustibles del empresario Cristóbal López.
En su primera intervención ya sale con los tapones de punta y sostiene que con la salida jurídica de cramdown que planteó el presidente Alberto Fernández, la operatividad se interrumpiría y “no se podrán pagar sueldos, impuestos ni ninguna otra obligación”. Cuando el Gobierno avanzó en 2020 con la intervención y expropiación, el radical se opuso y dijo que no había razones que sustenten la decisión. “Es un error porque en definitiva el Estado va a asumir los millones de dólares que debe esta empresa”, había dicho.
La Corte aún no se abocó, sino que el presidente de la Corte, mediante un decreto, aceptó el pedido de avocación del acreedor Commodities, del Grupo Grassi, y ordenó congelar los plazos del proceso concursal y solicitó la remisión del expediente. Sin embargo, fácticamente la suspensión está en marcha. “Venimos por el presente a notificarnos de la existencia del mismo, aún cuando ignoramos su contenido”, sostiene Gil Lavedra en el escrito con el que pretende que, “por decisión del cuerpo en pleno, se revoque dicho decreto, se devuelvan los autos principales al juzgado de origen, se deje sin efecto la suspensión ( …) y que no haga lugar al pedido de avocación”. Plantea que el proceso concursal “está rodeado de todas las garantías necesarias para ser llevado adelante”.
De paso, le tira con todo a Commodities, quien cuestiona la transparencia del concurso y algunas decisiones del juez Lorenzini, puntualmente la venta de acciones a la aceitera Renova, algo que no puede hacer por existir una cautelar en el medio. En el escrito fundamenta que “la eventual venta se encuentra sujeta a la aprobación en el concurso”, y que, además, fue aprobada por el síndico y el interventor.
Habla de “groseras falsedades que contendría el escrito” por el cual pidió que la Corte intervenga y, además, entiende que la firma “intenta involucrar a Vuestra Excelencia (la Corte) en un verdadero dislate”. También intenta presionar al Tribunal: dice que “carece de toda facultad constitucional y legal para inmiscuirse” y que “pretender hacerlo constituiría un acto de gravedad institucional inusitado”.
