El Concejo de Avellaneda aprobó una resolución dirigida al Alto Tribunal. La magistrada del fuero de Familia está acusada por supuesto maltrato laboral. También por discriminar a ciudadanos de Avellaneda. Las denuncias de los empleados del Juzgado.
La investigación por supuesto mobbing y violencia laboral que se cierne sobre la jueza de Familia de Reconquista, Ileana Sinchez, tuvo eco en el Concejo Municipal de Avellaneda que en la última sesión aprobó un proyecto de resolución dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
En el pedido formal al Alto Tribunal, los ediles solicitaron un informe sobre la situación actual respecto a la actuación administrativa de contenido disciplinario iniciada a la jueza en cuestión en relación al desempeño de su cargo.
Tras considerar que la administración eficiente de justicia es uno de los “pilares fundamentales para lograr el bien común y la paz en la sociedad”, los concejales indicaron que en el último mes tomaron conocimiento público las actuaciones que se iniciaron a raíz de los reclamos del Colegio de Abogados de Reconquista ante el propio juzgado y ante la Cámara de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial, a las que se sumaron los reclamos de los empleados del juzgado acusando a la magistrada de “violencia y maltrato laboral”.
Paralelamente, señalaron que a partir de trascendidos periodísticos pudo saberse que entre las conductas denunciadas se encuentran las acusaciones hacia la magistrada sobre la “discriminación hacia los ciudadanos de Avellaneda en los asuntos judiciales en los que estos eran parte”.
Los representantes del pueblo en enfatizaron que ven con preocupación la situación mencionada en los considerandos precedentes, ya que además de “configurar un ámbito laboral altamente perjudicial para los dependientes del mismo, podría perjudicar el normal y sano funcionamiento del servicio de justicia”, con el consiguiente perjuicio de la sociedad.
Clima de tensión
Las denuncias de empleados del Juzgado de Familia contra la Dra. Sinchez, a las que tuvo acceso InfoVera, fueron recibidas por el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, Dr. Santiago Dalla Fontana, a mediados de diciembre del año pasado.
En sus declaraciones, todos coincidieron en describir situaciones de “maltratos, gritos, insultos, agresiones, clima de tensión constante y un carácter imposible, intratable y agresivo de la jueza Sinchez” que habría provocado entre ellos cuadros de “apatía, estrés, gastritis nerviosa y miedo”, con patologías psiquiátricas diagnosticadas por profesionales médicos.
Asimismo, denunciaron el “pésimo desempeño en cuestiones atinentes a personas en estado de vulnerabilidad”, que las “invisibilizan y neutralizan”, y apuntaron que “llama la atención la poca cantidad de adopciones que se resuelven en el juzgado y los extensos e innecesarios procesos” por los cuales atraviesan quienes deben realizar los trámites, que de acuerdo a los dichos de los denunciantes son víctimas de la “negligencia y la falta de humanidad de la jueza Sinchez”.
Caso paradigmático
Una empleada citó en su testimonio como caso paradigmático el de Gabriela M., una vecina de Avellaneda. “En relación a las violencias domésticas vale aclarar que durante la licencia de la doctora Sinchez realicé la mayoría de las sentencias a modo de colaboración (…), tomé conocimiento de los dichos de la señora jueza, a saber: ‘Yo soy la jueza, nadie me va a decir qué hacer, yo decido; a los negros hay que quemarlos, los de Avellaneda se tienen que morir, no les voy a dar las medidas’”, relató.
“Y en el caso particular de Gabriela M. he escuchado que expresó ‘es secretaria de Marcón (el senador provincial), no le vamos a dar lugar a la medida’. En ese caso me mandó a intervenir y realizar un informe que lo presento en tiempo y forma y ella le niega la medida basándose en dicho informe, lo que me resultó raro. El resultado fue el suicidio de Gabriela y nuestra preocupación”, lamentó.
Pasos legales
El presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, Dr. Santiago Dalla Fontana, dijo al respecto que “ha habido denuncias contra la jueza de Familia desde el año pasado, cuestión que nosotros como organismo de superintendencia que somos tomamos esas denuncias y las elevamos a la Suprema Corte de Justicia, que tiene amplias facultades para ver, para estudiar las denuncias”.
El camarista acotó que en este caso particular lo que ha hecho la Corte es darle vista al procurador Dr. Barraguirre porque es quien actúa como acusador: “En este caso el Dr. Barraguirre ha estudiado la causa y nos ha pedido a nosotros como colaboración que ahondemos en algunas pruebas, para que tomemos nuevos testimonios que terminamos y se las volvimos a elevar a la Corte para que se las muestre al procurador”.
Acerca del proceso, hizo docencia al explicar que “llegado el momento el procurador puede hacer una acusación y se le otorga, como corresponde, el derecho de defensa a la persona denunciada, en este caso a la jueza, para que ejerza su defensa y ofrezca sus pruebas que contradigan la acusación, y luego, finalmente, es un jurado el que resuelve la situación. He leído en algunos medios que no se está haciendo nada, quiero aclarar que no es así, que se están dando los pasos legales que están previstos para este tipo de situaciones”.
“Hagan algo”
Los empleados que formalizaron las denuncias contra la magistrada dijeron tener “grabaciones de sus gritos, insultos y agresiones hacia otros miembros del Juzgado. Hay que recordar que cuatro empleadas mujeres han sido trasladadas y concursadas para otros puestos por la violencia de género de la doctora Sinchez”. “Por favor, hagan algo porque esta persona con su accionar no solo nos marcó y dañó a todos los que pasamos por el juzgado, sino que con su mal desempeño hace daño a la sociedad”, rogaron al borde de la desesperación a las autoridades, y solicitaron “la destitución dado que existen cuantiosos testimonios, pruebas documentales, audios y estadísticas e informes”.
