El empresario está imputado junto a otras ocho personas por la Justicia Federal por “asociación ilícita, lavado de activos, defraudación y de intermediación financiera no autorizada”.
La Justicia Federal de Catamarca ordenó la detención del empresario Edgar Adhemar Bacchiani, de su su socio José Blas y de otros siete imputados. Son los responsables de Adhemar Capital, la compañía denunciada en la Justicia en Córdoba, Tucumán y Catamarca por supuesta estafa a inversores que entregaban su dinero para que fuera invertido en criptomonedas y, a cambio, le ofrecían tasas de interés que llegaban al 50% anual. Según dijeron fuentes de la causa a LA NACION serían detenidos en las próximas horas.
Bacchiani estuvo internado en una clínica privada de Catamarca esta semana y en la puerta hubo manifestaciones de supuestos damnificados por el accionar de su empresa. El miércoles pasado la Justicia Federal de esa provincia lo imputó por “asociación ilícita, lavado de activos, defraudación y de intermediación financiera no autorizada”.
Ayer los fiscales federales Vehils Ruiz y Santos Reynoso pidieron su detención y la de Blas; el abogado Alfredo Aydar hizo la presentación en ese sentido.
El defensor de Bacchiani señaló a radio Valle Viejo: “Todavía no hemos recibido ninguna notificación. Entendemos que la detención sería inminente. Mi cliente me dijo que está trabajando para dar cumplimiento con todas las obligaciones de los inversores y que va a seguir haciendo eso para que todos puedan recuperar su dinero”.
Planteó que fueron “factores internos y externos en la empresa que afectaron los pagos y que en los próximos días estará devolviendo los capitales de las inversiones que se hicieron en el mes de enero”. Bacchiani ya había dicho eso a este diario, cuando indicó que le habían bloqueado las cuentas.
En enero el Banco Central le solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que investigue a la firma Adhemar Capital S.R.L. por la posibilidad de que esté desarrollando una estafa piramidal bajo la fachada de supuestas inversiones en criptomonedas.
El pedido se originó en una denuncia de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil (uno de sus hermanos tiene dinero en Adhemar), y de La Rioja, Ricardo Quintela, quienes alertaron en setiembre pasado por la actividad de una serie de empresas no financieras instaladas en esa provincia, que se estaban dedicando a captar fondos cuyo destino sería la inversión en el mercado de criptomonedas asegurando ganancias mensuales que superaban ampliamente a las del mercado oficial.
La firma operaba, según explica en sus redes sociales, con criptomonedas, y a quienes colocaban dinero les ofrecía tasas de entre 12% y 22% mensual y, dependiendo del monto, podía llegar al 50%.
Aparece constituida con los fines de distribución mayorista y minorista de productos alimenticios, naturales o industrializados; para planificar, promover, proyectar, desarrollar y comercializar por cuenta propia o de terceros, emprendimientos inmobiliarios. Y para la compraventa de automotores y maquinarias y tareas de consultoría (“prestación de servicios por cuenta propia, asociada a terceros o mediante la adscripción prepaga a la sociedad, de asesoramiento integral y consultoría empresaria en materia jurídica, comercial, financiera, técnica, contable y de imagen, a personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras”).
Fuente: La Nación
