La denuncia de varias carillas fue ingresada hoy ante la Unidad Fiscal Vera. Apunta contra policías y dos profesionales de esta ciudad. Audios reveladores fueron aportados al fiscal del caso.
Representando a uno de sus clientes en esta causa por supuestas estafas dinerarias, los abogado Sixto González y Agustín Bergel ampliaron este miércoles la denuncia contra la financiera de origen catamarqueño, un policía y dos profesionales del rubro del Derecho y las Ciencias Contables.
En el escrito, sostuvieron la formulación de una denuncia penal contra quienes “aparecen con responsabilidad en los hechos”, que seguidamente expusieron.
Para tal fin, reflejaron los dichos de uno de sus defendidos, el policía Gonzalo Barbona, que relató que el 27 del 11 del año 2021 se puso en contacto con el policía denunciado a través del teléfono que consiguió por intermedio de otro policía local, y que este último fue quien le comentó a grandes rasgos el negocio:
“Me comentó de forma más profunda y detenida en qué consistía la inversión, las ganancias de las mismas y las formas de realizarla, ofreciéndome variantes en cuanto al modo de volcar el dinero a este sistema financiero de criptomonedas”.
“Le dije en ese momento que no contaba con el dinero para empezar a invertir, pero que me comunicaría con más adelante cuando se concretará la posibilidad futura: era de 500.000 pesos de forma bancaria y 1.500.000 pesos la forma no bancarizada o presencial”.
“Luego de intercambiar muchos mensajes en la red social WhatsApp donde me dieron varias formas de realizar el aporte de manera personal o bancarizada, sumado a que este señor me dijo que en febrero los intereses iban a ser menores, que me apure y no me queda fuera, decidí invertir en este negocio el día primero de enero de 2022. En esta fecha pactamos la entrega de una suma de 800.000 pesos que me iba a generar un interés mensual del 13% y la devolución sería en un periodo de 6 meses”.
“En el primer mes de renta se registró un atraso de 15 días y decidir contactarme con la misma personas con las cuales hice el negocio. Hasta el día de hoy nunca se hicieron eco de mi reclamo”.
Certificaciones en la mira
Un punto álgido de la presentación judicial se dio cuando se dejó constancia que “los contratos se certificaban en una escribanía de la ciudad de Vera” y en un estudio contable.
Para los doctores González y Bergel, “no cabe duda de que este policía, la escribana y la contadora tomaron parte todos en distintos grados y apariencias es decir, saberse integrantes de una sociedad anónima y prestándose para dar testimonio de algo inexistente, mendaz y estafatorio”.
Respecto del policía apuntado, dijeron entender que “por cuenta propia, de manera directa, realizó tareas financieras sin contar con la autorización de autoridad competente, donde nunca le exhibió a su cliente mandato legal para operar para dicha firma”.
Ambos, coinccidieron en señalar que “fue desde el principio una farsa, que era una mera cuestión de tiempo que salga la luz de la justicia lo acontecido, o sea la recaudación de fondos destinados a un pozo ciego cuya única razón de ser era la mera repetición de las acciones de seguir recaudando fondos para sumar cuantiosas y cumplir con los compromisos de los antiguos inversores con la captación de nuevos clientes”.
A esa altura, advirtieron sobre la existencia de un elemento en común: los denunciados “eran manos ejecutoras de la sociedad anónima Adhemar Capital”, con un objetivo común como fue “la recaudación indiscriminada de fondos de personas inexpertas a título de inversión, cuya promesa eran ganancias exorbitantes la clara intención de no cumplir con lo pactado”.
Encuadre legal
Respecto a los delitos en sí en que podría encuadrarse la causa, los profesioanales puntualizaron que “se orientó a tratar un beneficio económico ilegítimo mediante el despliegue artero de múltiples artimanias, entre esas la realidad simulada, la existencia de bienes sin solvencia efectiva y el abuso de confianza, prometiendo una falsa promesa de rentabilidad exorbitante generando no solo el consentimiento de un negocio engañoso sino una disposición patrimonial efectiva a costa del empobrecimiento de nuestro cliente en beneficio de los intermediarios”.
Por último, aportaron evidencias: audio de actuaciones registradas bajo la carpeta judicial en la Fiscalía Regional de Rafaela, testimonio de la escribana y testimonio de la contadora. Resta ahora saber qué medidas adoptará el fiscal interviniente.
