Una productora ganadera del departamento Vera vive -desde hace casi tres semanas- lo que ella misma consideró “una odisea”, tras sufrir la usurpación en uno de sus establecimientos, seguida de una tortuosa recorrida por oficinas públicas y escraches en redes sociales por parte de los usurpadores, quienes argumentan que viven allí hace 30 años.
“Las leyes no están hechas para los que trabajamos”, lamentó Virginia Buyatti a raíz del esfuerzo que le está costando que las autoridades atiendan sus reclamos, pese a presentar la documentación que acredita la titularidad de la tierra desde 1965. Incluso en sede judicial tomó contacto con otros productores que denuncian situaciones similares, uno de ellos en el Paraje La Cigüeña. “Se ve que se está haciendo usual; yo creo que muchos se han aprovechado de que estábamos todos muy abocados a la sequía”, dijo en referencia a las tareas que ocupan a los productores para proveer de agua a la hacienda, por ejemplo con motores a explosión en las aguadas.
“La odisea empieza el 22 de febrero”, relató a Campolitoral, fecha en la que un sujeto conocido de la zona cortó el alambrado, se internó en el establecimiento “El Destino” de su propiedad y levantó un rancho de chapas. A esto le siguió la constatación policial, una primera denuncia fallida que se extravió en fiscalía, la reposición del alambrado en dos oportunidades, más el ingreso de animales y la radicación de menores. A partir de entonces debió realizar tres denuncias más y solicitarle al fiscal Leandro Benegas que intervenga. Y si bien logró que impute a los ocupantes, tanto por usurpación como por daño, “les da el beneficio de la duda”, relató, porque dijo que irá a constatar la situación en persona antes de iniciar el proceso judicial. Pese a que le ofreció los planos oficiales de Vialidad Nacional de 41 años atrás, cuando se trazó la Ruta Nacional 98, que escindió del campo la parcela donde se produjo la usurpación.
“Mientras tanto, yo no soy dueña de mi predio” se quejó la productora. Y advirtió: “esto se puede prestar a cualquier cosa y afectar a una ruta nacional, que si hay un accidente quedo yo como responsable; mientras tanto no soy dueña de lo mío”.
La parcela es lindera a la Estancia Las Gamas, propiedad del gobierno santafesino, donde hay un asentamiento irregular -explicó Buyatti- desde donde se trasladaron algunas personas (incluso menores) a la usurpación en su campo. “Tantas veces hablamos de que no se puede trabajar porque no hay seguridad jurídica? bueno acá tenés un caso”, remató.
La damnificada indicó que el terreno es una cañada que, por la sequía, no estaban usando y se recorría poco. “Y se aprovechan de esa situación y se meten adentro”. Y también de que “las leyes no están hechas para los que trabajamos”, lamentó, porque “se pasan la bola de unos a otros”, dijo respecto de la policía y el fiscal.
Los hechos
En su relato, contó que un empleado suyo denunció la intromisión de un hombre de apellido Aquino en la mañana del 22 de febrero. A la tarde ella constató con la policía y mandó a cerrar el alambre, “porque además de haber gente ponían animales; habían prendido fuego, se habían quemado los alambres que dan a la ruta 98 y podía suceder que sus caballos salgan a la ruta y ocasionen un accidente”, haciéndola responsable como titular del predio.
“Vuelven a cortar el alambre”, recordó, por lo que nuevamente repuso la infraestructura. También habló con Aquino y le explicó que se tenía que retirar porque es una propiedad privada. El usurpador se negó y afirmó que se instaló “por autorización de la policía de Las Gamas”. Incluso le propuso a Buyatti que “si esto es privado y quiere que me vaya, págueme porque le hice una limpieza y construí un rancho”. Luego llamó por teléfono “al asentamiento principal”, ubicado “en la primera entrada de Las Gamas”.
En ese momento, Buyatti cuenta que llamó a la policía, pero como la denuncia ya estaba radicada en fiscalía le indicaron que era el fiscal quien debía ordenar la intervención. “En fiscalía habían extraviado la denuncia o la habían archivado” y no enviaron a los uniformados.
Desde el “asentamiento principal”, añadió, enviaron menores a su campo, donde realizaron filmaciones que luego publicaron en Facebook “haciendo escraches”. En esa red social los usurpadores argumentan que están allí hace 30 años y que Buyatti “alambró una calle”.
“El fiscal no estaba enterado de nada y tuve que hacer una segunda denuncia, con mis empleados como testigos”, sostuvo Buyatti. Finalmente el miércoles 9 de marzo logró que las autoridades consideren la ocupación como un delito y el jueves 10 se hizo una audiencia de imputación. “Ahora el fiscal les da el beneficio de la duda, porque esta gente dice que yo cerré un pedazo de calle”, se quejó.
Al cierre de esta edición, a Buyatti le indicaron en fiscalía que la semana próxima irá el fiscal a constatar la irregularidad, a lo que la propietaria propuso acompañarlo junto a un profesional agrimensor. “Hace dos semanas que no duermo, que no puedo trabajar”, se quejó, y contó que durante estas semanas tuvo que quitarle tiempo a su trabajo para realizar trámites. “Se me atrasan declaraciones juradas, las recorridas, un montón de cosas?y la palabra que se pone en duda es la del dueño”, protestó.
