Por Darío H. Schueri.
Como en la escena final de la película “Dos hombres un destino” con Robert Redford personificando a Butch Cassidy, Marcelo Sain enfrenta a “las fuerzas del orden” a los balazos limpios, metaforizado en este caso con un Hábeas Corpus mediante el cual denuncia “severas irregularidades” en los allanamientos realizados en el Ministerio de Seguridad, y pidió tener acceso “al material fílmico obrante en la investigación”. Además solicita conocer si existe una orden de detención en su contra.
En tal sentido, el juez Carlos Leiva requirió que “en el plazo de 10 horas” se brinde información sobre si sobre Sain pesa una orden de detención, además de solicitar “circunstancias detalladas de la medida diligenciada el 26 de noviembre en las oficinas del Ministerio de Seguridad”, para lo cual deberán brindar información “el titular de la UR II de Policía -respecto a los organismos que de él dependen-, la Policía Federal, como también el MPA de Santa Fe -a cargo de los doctores Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez”.
El Fiscal General dice que se estaba destruyendo documentación
A todo esto, el Fiscal General Jorge Baclini confirmó que en la sede Rosario del Ministerio de Seguridad se estaba destruyendo información y documentación, motivo por el cual, una vez anoticiados, los fiscales de Delitos Complejos Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, ordenaron el allanamiento del viernes pasado.
El Fiscal General avanzó diciendo que “se obtuvo mucha información y se obtuvo documentación que estaba siendo destruida”, a la vez que tranquilizó ánimos periodísticos inquietos por saber qué contiene esa documentación secuestrada: “los fiscales en los momentos adecuados mostrarán todas las evidencias con las que cuentan”, señalando además que “es una investigación que está en curso, está todavía en la faz secreta y los fiscales están tramitándola”.
Los radicales piden “no perder de vista” la compra de armas
Mientras tanto, desde el bloque de diputados radicales que preside Maximiliano Pullaro piden no perder de vista la “causa armas” denunciada por ellos mismos y que tiene en el ojo de la tormenta a Marcelo Sain y su por entonces números dos, Germán Montenegro.
Se trata de la adquisición, denunciada por la empresa Bersa S.A (una de las empresas productoras de pistolas que utilizan las fuerzas de seguridad de nuestro país) presuntamente direccionada hacia una empresa: Israel Weapon Industries (IWI) representada, en Argentina por un SRL (Emprendimientos Grupo Patagónico) de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotiradores y 6 fusiles para francotiradores de cerrojo manual requeridos. El presupuesto era 1.400 millones de pesos.
Un fallo en la Cámara Contencioso Administrativo ordenó suspender la licitación y en los considerandos del fallo, se plantea que “el pliego técnico para la compra transcribe en partes lo que dice el catálogo de venta de la empresa israelí que podría ser beneficiada en esta maniobra”, reclamando la justicia que se corrijan los pliegos licitatorios para que cada ítem pueda contar con distintos oferentes.
Previamente el Tribunal de Cuentas ya había hecho observaciones.
