Fue ordenado por la justicia. Intervinieron efectivos de seis grupos tácticos y un escuadrón de mujeres. Dos detenidos.
Un fuerte y coordinado operativo policial puso en marcha esta mañana la jefatura de la Unidad Regional IX de Policía para cumplimentar un oficio judicial que ordenó el desalojo de terrenos usurpados en la zona este de Reconquista.
Al solar situado entre los barrios Las Ranas, Ombusal y La Cortada arribaron numerarios de los grupos operativos tácticos dependientes de Vera, San Javier, Santa Fe, Los Pumas, personal de comisarías, jefes y personal de la Agrupación de Unidades de Orden Público de General Obligado, apoyados por numerosos móviles policiales, una ambulancia de emergencias 107 y bomberos voluntarios de Reconquista.
Estratégicamente, el procedimiento fue divido en tres partes: un círculo externo de contingencia a cargo de las comisarías, un círculo medio compuesto por los grupos de acciones tácticas, y la parte operativa interna a cargo de personal femenino de la fuerza que estuvo acompañado por funcionarios municipales y provinciales que intervinieron.
Fuentes policiales destacaron que “los pocos ocupantes que se encontraban en el lugar se retiraron de forma voluntaria, sin ser necesario el uso de la fuerza”, como así también el personal de la Agencia de Investigación Criminal se ocupó de realizar la documentación fílmica del acto, en tanto que numerarios de la División Judicial confeccionaron las actuaciones legales.
En total, solo quedaban siete grupos familiares asentados en el terreno de las cerca de 300 personas que junio pasado se establecieron irregularmente. “El predio ya se encuentra en poder de su propietario”, confirmó la policía antes del mediodía de hoy..
En el lugar trabajaron delegados de la Municipalidad de Reconquista con un equipo constituido por personal de la Subsecretaría de Desarrollo Social, de la Dirección del Instituto de Tierra y Vivienda, más empleados de maestranza municipal con camiones y motoniveladoras, que barrieron todo los plantado y clavado en el inmueble privado debido a que se agotaron todas las instancias de mediación.
Solo dos personas debieron ser reducidas y aprehendidas, un hombre y una mujer, por el delito de proferir amenazas al personal policial y municipal.
