Reformularon la imputación contra dos policías de la PDI acusados de filtrar allanamientos por microtráfico

Foto: Archivo.

La Fiscalía amplió la acusación contra Ariel Sena, Stefanía Oviedo y Ayelén Leiva. Sostiene que los dos agentes difundieron información reservada y que, al quedar expuestos, los tres habrían confeccionado capturas adulteradas para involucrar a otros policías. Leiva también fue imputada por presuntas amenazas a testigos y resistencia a la autoridad.

El fiscal Sebastián Galleano reformuló y amplió la imputación contra Ariel Fernando Sena, Stefanía Evelin Oviedo y Ayelén Sabrina Leiva, en el marco de una investigación por la presunta filtración de información relacionada con allanamientos y procedimientos contra el microtráfico.

La audiencia se realizó el 17 de septiembre en Reconquista. Sena y Oviedo, integrantes de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, fueron acusados de intervenir en la circulación indebida de información reservada. Leiva, por su parte, habría colaborado posteriormente en una maniobra destinada a desviar la investigación.

Advertencia 

De acuerdo con la atribución fiscal, antes del 27 de mayo de 2026 Oviedo habría tomado conocimiento de un allanamiento que tenía como uno de sus objetivos una vivienda vinculada a Víctor Javier Roda, en Avellaneda.

La Fiscalía sostiene que la agente le envió un mensaje por WhatsApp para advertirle que no fuera a su casa porque se realizaría el procedimiento y le pidió que no se lo contara a nadie.

Cuando esa comunicación comenzó a ser conocida por otras personas y surgieron sospechas sobre el origen de la filtración, Sena y Oviedo habrían acordado confeccionar capturas falsas del mensaje, modificando la identidad de quien aparecía como remitente.

Capturas adulteradas

Según la acusación, el propósito era atribuir la filtración a otros miembros de la fuerza. En las conversaciones incorporadas a la causa, Sena habría planteado la posibilidad de colocar nombres de otros policías en las capturas.

Leiva habría intervenido utilizando una cuenta identificada como “Salo_Leiva”, desde la cual se confeccionaron o remitieron diferentes versiones adulteradas del mensaje.

Una de esas imágenes habría sido enviada a Sergio Cargnelutti, quien aparecía falsamente como autor de la advertencia. Para la Fiscalía, la maniobra buscaba instalar sospechas sobre el funcionario y comprobar posteriormente su reacción.

Nuevos operativos

La acusación señala que, pese a que la filtración ya había quedado expuesta, Sena y Oviedo continuaron intercambiando información reservada.

El 28 de mayo, Sena le habría comunicado a Oviedo que al día siguiente se realizarían allanamientos vinculados con investigaciones de microtráfico. Durante los procedimientos del 29 de mayo, ambos habrían intercambiado información sobre los lugares alcanzados y sobre la ubicación de una mujer investigada.

La Fiscalía remarcó que Oviedo se encontraba entonces de licencia por maternidad y no tenía intervención funcional en los operativos.

Presuntas amenazas 

Leiva también fue imputada por haber intimidado presuntamente a Lucila Silva y Víctor Javier Roda para que cambiaran sus declaraciones.

Según la acusación, habría intentado que Silva negara circunstancias vinculadas con el número telefónico utilizado por Oviedo. Para conseguirlo, le habría manifestado que también podía quedar detenida y que de su declaración dependía que Oviedo recuperara la libertad.

En el caso de Roda, Leiva habría procurado que negara haber recibido el mensaje sobre el allanamiento. La Fiscalía afirma que lo amenazó con denunciarlo por comercialización de estupefacientes, conseguir su detención y privarlo del contacto con su hijo.

Roda finalmente habría concurrido a un estudio jurídico y brindado la versión que le habían indicado. Sin embargo, posteriormente reconoció ante la Fiscalía que recibió el mensaje y aseguró que declaró de aquella manera debido a las presiones sufridas.

Calificaciones legales

Sena, Oviedo y Leiva fueron imputados provisoriamente como coautores de encubrimiento. En el caso de los dos agentes policiales, la figura fue agravada por su condición de funcionarios públicos.

Además, a Sena y Oviedo se les atribuyeron los delitos de revelación de secretos oficiales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Leiva fue imputada por dos hechos de amenazas coactivas y encubrimiento, además de resistencia a la autoridad. Este último cargo se relaciona con el procedimiento realizado el 8 de agosto en su domicilio de Avellaneda, cuando presuntamente se negó a cumplir la orden de detención y obligó al personal actuante a solicitar refuerzos.

Domiciliaria

Los abogados defensores de Stefania Oviedo, Ricardo Rubén Degumois y Ricardo Ceferino Degumois, pidieron al juez Mauricio Martelossi prisión domiciliaria para su cliente basándose en que es una causa tiene una pena de expectativa de seis meses a cinco años y la condena podría ser condicional. Ademas expresaron que un informe de la pediatra de su hija de cinco meses -cuyo padre es Sena-, da cuenta del deterioro de salud de la niña por la ausencia de su madre.

Martelossi luego de un cuarto internedio otorgó la prisión domiciliaria fijando domicilio en Barrio San Francisco de Asís, de Reconquista, y quedó bajo la guarda de un hermano