El magistrado se refirió a su eventual incorporación al máximo tribunal provincial. “Eso ya no depende de mí”, afirmó. Por otra parte, actualizó información sobre causas por narcotráfico en el norte.
El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, aseguró que por el momento no tiene novedades respecto de su eventual asunción como integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, luego de participar días atrás de la ceremonia en la que asumió Diego Maciel como nuevo ministro del máximo tribunal provincial.
Consultado específicamente sobre cuándo podría producirse su incorporación a la Corte santafesina, Alurralde respondió: “No, la verdad que en este caso yo no tengo novedades en ese sentido”.
El magistrado dejó en claro que, mientras no haya definiciones, continuará desempeñándose normalmente en Reconquista. “Yo sigo a cargo del Juzgado Federal de Reconquista, sigo trabajando como el primer día y lo voy a hacer hasta el último día, cuando obviamente deba renunciar a esta función dentro de la Justicia Federal”, expresó.
Y agregó: “Eso ya no depende de mí. Lo importante es que sigo con la misma fuerza, el mismo ímpetu en mi tarea como juez federal y lo voy a seguir haciendo mientras esté a cargo de este juzgado”.
“De cara a la sociedad”
Alurralde también habló sobre la reciente asunción de Diego Maciel, ceremonia a la que asistió especialmente invitado por el nuevo integrante de la Corte.
Destacó las palabras pronunciadas por Maciel y coincidió con la necesidad de avanzar hacia una renovación del servicio de Justicia.
“Tuvo unas palabras bastante emotivas y acertadas respecto de lo que debe ser el servicio de Justicia y la necesidad de cambios y renovación en la provincia”, señaló.
En ese sentido, defendió un modelo de Justicia cercana a la gente, alejado de la figura de magistrados que permanecen distantes de la sociedad. “La Justicia de cercanía implica cambiar esa visión del juez tribunalicio, donde la gente ni le conoce la cara, ni sabe lo que opina y mucho menos conoce sus decisiones”, manifestó.
Para Alurralde, los magistrados deben escuchar las demandas sociales y comprender que su función no puede desarrollarse de espaldas a la comunidad. “Es importante generar el cambio de los magistrados, tener empatía con la sociedad y entender que el servicio de Justicia es de cara a la sociedad, no aparte de ella”, afirmó.
También reivindicó la necesidad de comunicar públicamente las resoluciones judiciales: “Que la gente sepa las decisiones judiciales, que no se den dentro de un despacho, en un total oscurantismo, sin que la sociedad sepa qué es lo que se decide”.
Preventiva
Alurralde también brindó detalles de dos audiencias realizadas en el Juzgado Federal de Reconquista. La primera estuvo vinculada con una investigación por comercialización de estupefacientes y lavado de dinero, surgida de procedimientos realizados por Prefectura en Reconquista, Avellaneda y otros puntos de la región.
Ante el vencimiento de las prisiones preventivas, el juez hizo lugar al pedido de la Fiscalía y prorrogó por otros 60 días la medida cautelar contra cinco personas, hasta el 7 de noviembre de 2026.
Los alcanzados por la decisión son Irina Abigail Alegre, quien se encuentra bajo arresto domiciliario; Tiago Daniel Gutiérrez, Néstor Daniel Bejarano, Darío Sosa y Octavio Andrés Sosa.
Según explicó, la Fiscalía sostuvo que continúan vigentes los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. El juez señaló que se investiga una presunta organización con ramificaciones en Santa Fe y Chaco, además de importantes movimientos económicos realizados mediante billeteras virtuales y operaciones bancarias.
Tres kilos de marihuana
La segunda audiencia estuvo relacionada con Kevin Ramón Maidana, detenido luego de un procedimiento realizado en Villa Ocampo. Según relató Alurralde, el acusado había descendido de un colectivo cerca de la terminal con un bolso azul y posteriormente subió a una motocicleta. Cuando personal policial intentó identificarlo, se produjo una fuga.
En esas circunstancias, Maidana habría abandonado la motocicleta y continuado escapando a pie hasta ingresar a una escuela que se encontraba en plena actividad. Allí entró a un aula e intentó desprenderse del material que llevaba, momento en que fue detenido. La policía secuestró 2 kilos y 946 gramos de marihuana.
Maidana fue imputado por el delito de transporte de estupefacientes, cuya escala penal, según precisó el juez, es de 4 a 15 años de prisión. Alurralde dispuso para el acusado 120 días de prisión preventiva, con vencimiento el 2 de enero de 2027.
La defensa había solicitado una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria, pero el magistrado rechazó el planteo teniendo en cuenta la conducta atribuida al imputado durante el procedimiento.
“Si frente a la presencia policial, de personal uniformado y armado, se dio a la fuga, cuánto más lo haría si yo lo envío al domicilio, con escasos o nulos controles de su permanencia en el mismo”, argumentó. Y concluyó que este tipo de decisiones requieren “no sólo aplicar la normativa, sino también algo que debe primar en todo magistrado, que es el sentido común”.
