En una audiencia realizada este jueves en los Tribunales de Reconquista, el juez Gonzalo Basualdo hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y ordenó la demolición de un inmueble ubicado en el barrio Islas Malvinas, señalado como un punto de venta de estupefacientes en el marco de una investigación por microtráfico.
El fiscal Sebastián Galleano explicó que la solicitud se formuló como una medida cautelar prevista en la Ley Provincial Nº 14.239, que regula la persecución de los delitos de microtráfico en Santa Fe.
“La audiencia tuvo por objeto tratar el estado de acceso antijurídico. Concretamente, se había solicitado el derribo de un domicilio vinculado a maniobras de microtráfico, en una causa en la que hay personas imputadas y una investigación que ya se encuentra próxima a la etapa intermedia, con la presentación del requerimiento acusatorio”, señaló.
El representante del MPA indicó que la Fiscalía reunió abundante información no sólo sobre la causa de microtráfico, sino también sobre otros hechos delictivos presuntamente cometidos en el mismo inmueble.
“Hemos realizado un gran trabajo recabando información no solamente de esta causa, sino de numerosas investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, vinculadas no sólo a delitos de estupefacientes, sino también a robos, encubrimientos y otros hechos que se desarrollaron en ese domicilio”, afirmó.
Durante la audiencia también participaron la coordinadora de la Policía de Investigaciones (PDI), Carrizo, y el secretario de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Sebastián Montenote, quien trabaja en la ejecución de demoliciones e inutilización de puntos de venta de drogas en la provincia.
Galleano reveló que los propietarios del inmueble manifestaron su conformidad con la demolición. “La Fiscalía incluso hizo saber el deseo de los dueños del lugar, un inmueble que fue usurpado hace más de quince años, quienes estaban de acuerdo con la medida solicitada”, explicó.
Tras escuchar a las partes y los planteos de la defensa, el magistrado resolvió autorizar el derribo del inmueble.
Primera medida
El fiscal destacó el carácter inédito de la resolución para la ciudad. “El propio magistrado mencionó que se trata de una oportunidad histórica para la localidad, ya que sería la primera vez que se lleva adelante una medida de esta naturaleza en el marco de la Ley de Microtráfico”, expresó.
Asimismo, remarcó que la investigación fue coordinada con la Unidad Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, a cargo de Franco Carbone y Diego Vigo, quienes acompañaron el trabajo desde sus inicios.
La demolición del inmueble se concretará una vez cumplidos los pasos procesales y administrativos correspondientes.
