El fiscal federal Matías Scilabra, titular de la PROCUNAR NEA, formalizó este miércoles la imputación contra los ocho detenidos en la causa por la avioneta que transportaba más de 440 kilos de cocaína y que fue interceptada en un establecimiento rural de Vera.
La audiencia se desarrolló en los Tribunales Federales de Rosario, donde el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó además la legalidad de las detenciones, medidas cautelares, autorización para extraer información de los celulares secuestrados y la destrucción del estupefaciente incautado, previa extracción de muestras para peritajes.
Scilabra imputó a los acusados haber integrado una organización criminal dedicada al ingreso ilegal de cocaína al país mediante vuelos clandestinos provenientes de Bolivia.
“Haber ingresado ilegalmente al territorio nacional desde el Estado Plurinacional de Bolivia aproximadamente 442 kilos de cocaína acondicionados en 340 ladrillos compactos”, expresó el fiscal durante la audiencia.
Según la acusación, la droga arribó el pasado 5 de mayo de 2026, cerca de las 13:30, a bordo de una avioneta Cessna 210 con matrícula argentina falsa, que aterrizó en una pista clandestina ubicada en el establecimiento rural “Don Julio”, en jurisdicción de Vera.
El fiscal identificó como piloto al boliviano Henry Vargas y como copiloto a Isaac Daniel Sandoval Hernández, quienes habrían sido recibidos por los demás imputados: Alexis Pablo Espinosa, Jorge Díaz, Francis Ramírez, Darien Yoris, y Mario y Jorge Senn.
De acuerdo a la investigación, el objetivo era trasladar el cargamento en distintos vehículos -camionetas y camiones secuestrados en el operativo- hacia otros puntos para su acopio y distribución.
“La maniobra fue frustrada por la intervención coordinada de la División de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina”, sostuvo Scilabra, que aseguró que hubo intentos de fuga del lugar cuando irrumpió el operativo de seguridad.
Organización criminal
El fiscal encuadró el hecho como contrabando agravado de estupefacientes, por el uso de aeronaves, vuelos ilegales, pistas clandestinas y la intervención de tres o más personas. Alternativamente, también lo calificó como tráfico ilícito de estupefacientes agravado por organización criminal.
Durante la exposición, Scilabra reveló que la investigación comenzó en septiembre de 2025 a partir de información remitida por la DEA a la Policía Federal Argentina sobre una organización narco dedicada al ingreso de droga desde Bolivia mediante vuelos clandestinos.
La pesquisa avanzó sobre distintos teléfonos y líneas vinculadas a la maniobra, hasta identificar a Alexis Espinosa, quien -según el fiscal- fue adquiriendo “centralidad” dentro de la investigación.
“Tenía relación con campos, con actividad aérea y movimientos vinculados a logística compatible con maniobras de narcotráfico”, explicó.
También se mencionó la posible vinculación con organizaciones criminales que operaban en Rosario y con el piloto boliviano José Pedro Rojas Velasco, alias ‘Pepa’, señalado como proveedor de cargamentos a grupos narco de Santa Fe.
Elementos secuestrados
En el operativo fueron secuestrados:
Los 442 kilos de cocaína
La avioneta utilizada
Camionetas y camiones
Teléfonos celulares
Bidones de combustible
Municiones de armas de fuego
Según la fiscalía, el procedimiento permitió “desarticular la célula operativa de una organización con alcance internacional”.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas imputaciones o detenciones vinculadas a la red narcocriminal.
El juez a cargo de la audiencia declaró la legalidad de las detenciones. Mario Senn quedó detenido en su domicilio por problemas de salud.
Pasado el mediodía, las partes debatían medidas cautelares. El fiscal Diego Iglesias solicitó prisión preventiva para todos los encartados y reveló que habría más personas involucradas. Argumentó el peligro latente de entorpecimiento probatorio y de fuga.
Para Vargas, Sandoval Hernández, Espinosa, Ramírez y Díaz, reclamó 180 días de preventiva, mientras que para Yoris y Jorge Senn pidió 60 días, en tanto que para Mario Senn propuso 60 días de prisión domiciliaria por los problemas cardíacos que afronta.
La abogada Virginia Magnago, defensores de los Senn y Yoris, alegó que sus clientes estaban en el campo con el fin de transportar hacienda para un remate que se iba a realizar este viernes. Y negó que tengan vinculación con los hechos del martes 5 pasado. Dijo que no conocen a los demás imputados. Habían alquilado el campo 10 días atrás debido a la crisis hídrica. Pidió que se devuelva la suma de 39 millones de pesos secuestrada en la casa de Mario Senn. Más los 7 millones de pesos incautados en la escena del hecho, que no constan en el acta de procedimiento.
El juez resolvió finalmente: 180 días de prisión preventiva para Vargas, Sandoval Hernández, Espinosa, Ramírez y Díaz; 60 días para Yoris y Jorge Senn; y 60 días de prisión domiciliaria por los problemas cardíacos que afronta para Mario Senn.
Serán trasladados a una cárcel de la provincia de Buenos Aires, único distrito con cupos disponibles para el alojamiento de los imputados.
