La iniciativa que deberá tratar la Legislatura establece un sistema de evaluación con cuatro niveles de riesgo, prevé medidas de protección proporcionales y busca evitar que las víctimas deban realizar gestiones adicionales. También contempla un registro digital único, un fondo de asistencia urgente y estrategias territoriales junto a municipios. Para los funcionarios es “un proyecto osado, fuerte” y que busca dar “una respuesta integral a la problemática de la violencia por razones de género”.
El Gobierno de la Provincia presentó este jueves el proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género. La iniciativa, elaborada de manera conjunta por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Justicia y Seguridad y de Gobierno e Innovación Pública, será enviada a la Legislatura provincial para su tratamiento.
La propuesta -presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, y la subsecretaria Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki- busca fortalecer las políticas de prevención y protección frente a las violencias por razones de género mediante un abordaje integral que permita anticipar situaciones de riesgo, mejorar las herramientas de intervención y articular la actuación de los distintos organismos del Estado. El objetivo es intervenir de manera temprana ante hechos que puedan derivar en situaciones de violencia.
Reducir las cargas sobre las víctimas
Durante la presentación, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que el proyecto parte de medidas ya implementadas en materia de seguridad, como el patrullaje preventivo, el funcionamiento del 911 y el análisis criminal. A esas herramientas se suma la incorporación de tobilleras duales para garantizar medidas de distancia, cuya llegada comenzó a fines de 2025.
El funcionario destacó la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de impulsar “un proyecto osado, fuerte y que dé una respuesta integral a la problemática de la violencia por razones de género”. Según explicó, la iniciativa tiene como hilo conductor “reducir las cargas que las situaciones de violencia de género proyectan sobre la víctima”.
El proyecto prevé un sistema escalonado de medidas cautelares. En una primera instancia se realizará una valoración inicial y, cuando corresponda, una evaluación integral que clasificará el riesgo en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. Para ello se tendrán en cuenta indicadores como amenazas de muerte, separación reciente, control coercitivo, presencia de armas, violencia sexual, estrangulamiento, incumplimientos de medidas previas y llamados reiterados al 911.
La respuesta estatal será proporcional al nivel de riesgo: cuanto mayor sea la gravedad de la situación, más intensas serán las medidas de protección. Cococcioni precisó que, en casos críticos, podrán disponerse medidas como el desarme de personas autorizadas a portar armas y la colocación de una tobillera electrónica al agresor.
Además, ante incumplimientos de órdenes judiciales, el proyecto habilita a jueces y juezas a disponer arrestos conminatorios. “A medida que el agresor no cumple, las medidas se vuelven cada vez más duras”, señaló el ministro, quien remarcó que los incumplimientos quedarán registrados y serán considerados en las evaluaciones posteriores de riesgo.
La iniciativa también contempla la conformación de un equipo interdisciplinario especializado para evaluar situaciones, elaborar informes, acompañar casos y asistir a la Justicia y a otros organismos estatales.
Cococcioni sostuvo, además, que la propuesta incorpora un diseño procesal diferenciado, regido por el principio de actuación de oficio. Esto implica que las denuncias deberán ser recibidas en cualquier comisaría u organismo y que, ante una urgencia, cualquier tribunal podrá intervenir.
El ministro cuestionó que, en la actualidad, una víctima deba trasladar por sus propios medios documentación a la comisaría del domicilio o del trabajo del agresor, con el riesgo de cruzarse con esa persona. “El Estado tiene que empezar a hacer su trabajo de manera integral y no cargar a la propia persona que sufre violencia con estas actividades adicionales”, afirmó.
Por último, indicó que las medidas de protección tendrán vigencia inmediata, incluso antes de la notificación al agresor. “A partir de ahora es el agresor el que se tiene que cuidar”, sostuvo.
Un abordaje integral
La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, señaló que el proyecto propone pasar de un modelo reactivo, centrado en el hecho ya ocurrido, a otro basado en la prevención, la detección temprana, la protección y la asistencia.
La funcionaria explicó que la iniciativa excluye de manera expresa la mediación y la conciliación en casos de violencia de género e incorpora la percepción de riesgo manifestada por la propia víctima. “Si una mujer dice que está segura de que la va a matar, hay que escucharla, y eso está expresamente contemplado en esta ley”, afirmó.
Para evitar la fragmentación de la información estatal, el proyecto prevé la creación de un registro digital único e interoperable, bajo la órbita del Poder Ejecutivo. También contempla un fondo provincial de asistencia urgente para las personas protegidas, destinado a fortalecer la autonomía económica de las víctimas y de sus familias.
Por último, la propuesta establece estrategias territoriales de prevención, detección temprana, orientación y difusión, en articulación con municipios y comunas.
