Una jueza de Menores de Rosario declaró nulo e inválido un allanamiento de la policía de Santa Fe porque se realizó sin orden judicial, en base a una disposición legislativa reciente promovida por el gobierno provincial.
La determinación muestra las tensiones que existen entre una normativa reciente que es parte de la política criminal del Ejecutivo santafesino y la interpretación de jueces que son los que deben hacer valer las garantías para que un acto policial contra la intimidad sea válido. Lo que estaba en discusión es la validez jurídica del allanamiento a un menor de edad punible que está acusado de participar de una balacera al que se le allanó el domicilio por la normativa de flagrancia vigente.
La defensa cuestionó que se alegara que el implicado estuviera en un hecho flagrante porque entre el episodio en cuestión y la intrusión policial al domicilio transcurrieron doce horas.
La jueza María Dolores Aguirre Guarrochena no cuestionó la investigación que le llevó la fiscal Virginia e incluso tuvo por formulada la imputación.
Pero sí atacó el criterio de la urgencia que acá no existió como para que se solicitara el allanamiento a la autoridad judicial competente. En este caso porque habían pasado doce horas desde que el implicado presuntamente actuó hasta que la policía ingresó sin orden a buscarlo a su vivienda.
También ordenó que se bajara del portal oficial de la provincia de Santa Fe una imagen que mostraba al momento de la detención del menor involucrado. En esta medida aparece un freno a una tendencia que defensores oficiales y privados critican a los jueces santafesinos: avalar todos los pedidos que solicita un Ministerio Público de la Acusación -fiscalías-muy claramente alineada con la política de persecución que promueve el gobierno. Que está encabezado por un gobernador que se manifiesta “antigarantista” pero que viene revestido de una legitimidad en haber bajado los indicadores de delitos de alta violencia.
Fuente: Hernán Lascano – La Política OnLine
