La iniciativa, ingresada por la concejal Ana Paula Capello, busca proteger a las poblaciones más vulnerables ante situaciones de maltrato, abuso o negligencia y garantizar transparencia en los establecimientos de cuidado en Vera.
VERA, 26 de mayo de 2026 – Con el objetivo de saldar una deuda histórica en materia de prevención y control, la concejal Ana Paula Capello ingresó formalmente un Proyecto de Ordenanza que busca regular de manera estricta la seguridad en los establecimientos que asisten a niños, personas con discapacidad y adultos mayores. La iniciativa establece como requisito obligatorio e ineludible la instalación de sistemas de videovigilancia y circuito cerrado de televisión (CCTV) para obtener o mantener la habilitación municipal.
El proyecto surge como respuesta directa a hechos de público conocimiento ocurridos en los últimos años y se fundamenta en una realidad innegable: la extrema vulnerabilidad y la asimetría en la que se encuentran muchos de los asistentes a estos centros.
“Estamos hablando de proteger a la primera infancia, a personas mayores y a ciudadanos con discapacidad que, en muchos casos, son no hablantes, presentan deterioros cognitivos o demencias propias de la edad. Esto configura una desigualdad inminente a la hora de defenderse o de comunicar un padecimiento. Es una obligación del Estado local cuidar a quienes no pueden alzar la voz”, argumentó la concejal Capello.
“Cumplí con mi deber de madre de denunciar, ahora es una oportunidad más desde esta banca legislativa trabajar en que no le pase a nadie más, y ue las familias nos siéntesenos seguros de dejar nuestros hijos o abuelos” Confidencialidad, sanciones y expectativa política.
Para evitar cualquier uso indebido de las imágenes, el proyecto de Capello aclara que los registros tendrán carácter estrictamente confidencial bajo la Ley de Protección de Datos Personales. Solo podrán acceder a ellos la Justicia, la autoridad de aplicación municipal en auditorías técnicas, o los padres y tutores legales bajo sospecha fundada de maltrato.
Asimismo, la iniciativa contempla un régimen sancionatorio severo para quienes incumplan la norma, alteren las imágenes o se nieguen a exhibirlas. Las penalidades van desde multas económicas acumulativas y suspensiones temporales, hasta la clausura definitiva y revocación de la habilitación en casos de reincidencia o gravedad manifiesta.
Finalmente, el texto prevé un plazo improrrogable de 180 días corridos para que los establecimientos vigentes se adecuen a las exigencias tecnológicas una vez promulgada la ley.
De cara al tratamiento legislativo que iniciará formalmente en comisión, la concejal Ana Paula Capello enfatizó que espera contar con el apoyo y el voto de los demás ediles para avanzar en mayor y mejor seguridad en la ciudad de Vera, entendiendo que la protección de los sectores más desprotegidos de la comunidad debe consolidarse como una política de Estado prioritaria y transversal a todos los bloques.
