El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe ha decidido, por primera vez, hacer público el número de suicidios registrados en la provincia. La revelación inicial provino de la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, durante su informe de gestión ante los legisladores sobre lo acontecido en 2025, y fue reiterada este miércoles por el Fiscal Regional 1, Jorge Nessier.
Según lo informado por Vranicich, el año pasado el número de suicidios en todo el territorio provincial duplicó al de muertes violentas por homicidios. Específicamente, el 46,5% de las muertes violentas se debieron a suicidios, mientras que el 21,8% correspondió a crímenes.
Por su parte, Nessier detalló los datos para el Departamento La Capital y su área circundante, donde la tendencia se mantuvo. De las 264 muertes violentas registradas en 2025 en la jurisdicción de la Fiscalía Regional 1, 126 fueron por suicidio, 77 por siniestros viales y 61 por homicidios.
Un cambio de paradigma: “Hay que Hablar”
Durante su exposición en Coronda y en declaraciones posteriores, Nessier calificó la situación de “emergencia”. Explicó que esta declaración se fundamenta en un cambio de paradigma que busca romper con las premisas anteriores, las cuales recomendaban silenciar la problemática y evitar el uso público del término “suicidio”.
“Por primera vez dimos cuenta del total de muertes violentas con esta discriminación y revelamos el número de suicidios”, afirmó el fiscal. “Normalmente, teníamos un gran cuidado en difundir estas cifras, reparando particularmente en la dignidad de quienes han perdido la vida de esta manera. En segundo término, el criterio anterior era evitar el efecto reiteración (o contagio) a través del conocimiento de estos hechos”.
No obstante, Nessier señaló que “en los últimos años, las instituciones internacionales en materia de salud han determinado que es un tema del cual hay que hablar. Con todo el cuidado, por supuesto, pero hablar”. En este sentido, el Ministerio Público de la Acusación busca abordar la problemática “brindando y reuniendo información junto con otras áreas del gobierno provincial para, precisamente, habilitar otros análisis desde el punto de vista de la cuestión sanitaria”.
Datos faltantes
Consultado sobre las franjas etarias predominantes entre las víctimas de suicidio, Nessier aclaró que esta información aún no está disponible. “Estamos trabajando sobre los legajos de los años precedentes, en toda una tarea de recolección de información y vamos a tener una discriminación en ese sentido. Pero por el momento no la tenemos”, detalló.
El fiscal ratificó el concepto de “emergencia” para subrayar la gravedad de la situación. “No somos expertos en la materia, pero me permití utilizar esa referencia con la idea de que podamos brindar la información para que quienes sí lo son puedan abordar esto de la mejor manera en todos los ámbitos posibles, desde una atención primaria, una acción preventiva y hasta, incluso, educativa. Es una problemática que no solo vemos en nuestra jurisdicción, sino también a nivel nacional con números que también preocupan”, sostuvo.
Respecto a la evolución histórica, Nessier indicó que, si bien no se evidencia un incremento “tan significativo” en la curva de muertes por suicidio, “sí cambia la proporcionalidad por el hecho de que se ha logrado una baja importante de los homicidios”. Recordó, basado en su experiencia personal en la Unidad Fiscal de Homicidios durante los primeros años del nuevo sistema, que “ya en los años 2014-2015, los hechos de suicidios eran particularmente altos”.
Propuesta de ley integral
Este jueves, el diputado justicialista Miguel Rabbia presentó en la Legislatura provincial una iniciativa para sancionar una Ley Integral de Prevención del Suicidio.
El proyecto busca institucionalizar un dispositivo de escucha y asistencia profesional gratuita y accesible en todo el territorio provincial. Este servicio contaría con personal capacitado para la contención inmediata y la derivación oportuna a la red de salud pública y al sistema de emergencias (107).
Además, la propuesta contempla la creación de un sistema que garantice la trazabilidad de los casos y la obtención de datos sólidos, con el fin de superar el “vacío informativo” mediante el seguimiento activo de personas en riesgo y el registro detallado de las intervenciones.
Finalmente, la iniciativa otorga prioridad a la sensibilización comunitaria. La ley pretende revertir la ausencia de comunicación pública sobre salud mental y adicciones a través de campañas sostenidas y profesionales.
Fuente: El Litoral
