La actual conformación de la Cámara Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista se verá completada con 2 camaristas de Rafaela. Deberán resolver las apelaciones de LCD y Molinos Agro. Mientras tanto, la Nueva Vicentin Argentina, a cargo de Grassi SA, normalizó el pago de sueldos y reactivó desmotadoras.
El próximo viernes 19 de mayo se realizará un sorteo en la Cámara Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista tendiente a integrarla ese tribunal de alzada con 2 jueces más de la circunscripción de Rafaela para resolver las apelaciones formuladas en el expediente de salvataje de Vicentin, adelantaron fuentes judiciales a InfoVera.
La medida busca ampliar la conformación de la instancia revisora norteña -compuesta por los vocales Mauricio Sánchez (actual presidente), Santiago Dalla Fontana y Alejandro Alberto Román (en reemplazo de la camarista María Eugenia Chapero, que se excusó de intervenir por su relación de amistad con los accionistas)-, de 3 a 5 miembros, para abocarse al tratamiento de los recursos de reconsideración interpuestos por LCD y Molinos Agro, los dos gigantes del sector agroexportador que resultaron perdidosos en primera instancia frente a Grassi SA.
El juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, había informado el martes 11 de noviembre de 2025 que Grassi S.A. fue la primera en comunicar la obtención de las mayorías requeridas en el proceso de cramdown de la cerealera caída en default.
Tras un plazo de 5 días para formalizar impugnaciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista rechazó en su totalidad las mismas “por infundadas e improcedentes”, formuladas contra la existencia de mayorías necesarias en el proceso de salvataje de Vicentin SAIC. La decisión, fechada el 18 de diciembre de 2025, avaló la propuesta presentada por Grassi SA y despejó los cuestionamientos planteados por once acreedores y concurrentes.
Una semana después, el viernes 26, el magistrado efectivizó el traspaso de las acciones de Vicentin SAIC a Grassi S.A., en cumplimiento de la resolución homologatoria, lo que representó un paso formal clave dentro del proceso judicial que atraviesa la empresa agroindustrial. Enseguida, Mariano Grassi asumió como presidente de la compañía rebautizada Nueva Vicentin Argentina, con Leandro Salvatierra en la vicepresidencia y Hugo A. Grassi en el rol de director, dando inicio a una nueva etapa institucional.
En medio de ese proceso, LDC Argentina SA y Molinos Agro Sa (MOA) apelaron ante la Cámara reconquistense la resolución judicial de primera instancia que homologó el acuerdo preventivo propuesto por Grassi SA en sendos escritos que detallaron antecedentes, impugnaciones, agravios y fundamentos legales y técnicos para solicitar la revocación de la resolución apelada.
Antecedentes
El acuerdo preventivo original de Vicentin fue impugnado y rechazado, abriéndose un proceso de salvataje (cramdown) donde varios oferentes, incluyendo la sociedad LDC-MOA y Grassi, presentaron propuestas a los acreedores.
LDC y MOA plantearon exclusiones de voto respecto de ciertos acreedores (Avir South SARL, Commodities SA y Vicentin Paraguay SA) por supuestas vinculaciones con Grassi y manipulación de mayorías.
El juez Lorenzini homologó en la instancia inicial la propuesta de Grassi, rechazando las impugnaciones y distribuyendo las costas mayoritariamente a cargo de los impugnantes.
En conjunto, LDC y MOA plantearon su disconformidad con el rechazo de exclusión de voto, y cargaron contra la decisión del juez de considerar que en el cramdown no rigen las exclusiones del art. 45 de la LCQ, lo que lo calificaron como contrario a la ley y a resoluciones previas del mismo juez.
Asimismo, argumentaron que permitir votos de acreedores vinculados o cesionarios puede distorsionar la genuina voluntad de la mayoría y facilitar el “tráfico de votos”, al tiempo que denunciaron “denegación de justicia” por no permitir la producción de prueba sobre estos planteos.
Efecto suspensivo
Los apelantes sostuvieron que las opciones de pago ofrecidas por Grassi “implican quitas y esperas excesivas”, con tasas de interés muy bajas, resultando en un valor presente neto inferior al que los acreedores obtendrían en una quiebra.
Paralelamente, criticaron la “imposición de obligaciones” a los acreedores (como abastecimiento de granos) para poder cobrar, lo que apuntaron como “inadmisible” en un acuerdo concursal; y señalaron que las “bonificaciones” ofrecidas aparecían ilusorias, ya que “los costos y riesgos” asociados anulan el beneficio.
Además, citaron la presunta falta de categorización previa de acreedores para propuestas diferenciadas y denunciaron que la denominada “opción residual” penalizaba a quienes no eligieran otra alternativa, “restringiendo la libertad” de elección de los acreedores.
En concreto, LCD y MOA solicitaron que la apelación fuera concedida con efecto suspensivo, para evitar la ejecución inmediata del acuerdo homologado, y que se revoque la resolución apelada, se admitan los planteos de exclusión de voto y se rechace la homologación de la propuesta de Grassi, con reserva de interponer recursos de inconstitucionalidad y extraordinario federal en caso de rechazo de la apelación.
En las consideraciones finales del escrito, ambas empresas manifestaron sentirse agraviadas por un proceso preventivo “manejado de manera arbitraria, con falta de transparencia y denegación de justicia”, que dejó “heridas jurídicas y económicas”.
Sueldos y algodón
La Nueva Vicentin Argentina (NVA) informó que abonó los sueldos de abril a su personal en Avellaneda en tiempo y forma el 7 de mayo de 2026, con todos los haberes acreditados desde ese jueves, lo que representa una estabilización tras las crisis de pago de principios de 2025, cuando se abonaron salarios en cuotas y se operó bajo acuerdos de fasón.
La flamante compañía también dio cuenta que el fin de semana del 3 y 4 de mayo ingresaron los primeros equipos cargados con algodón a la planta desmotadora de General Pinedo (Chaco), e inició también sus operaciones la planta ubicada en Bandera (Santiago del Estero).
En tal dirección, se explicó que la operación cuenta con el respaldo de NVA y del Grupo Grassi SA, que “garantizan” la gestión integral del proceso productivo y ofrecen a los productores “condiciones competitivas de mercado”.
Desde el directorio de la empresa destacaron que “este hecho constituye un paso significativo en el compromiso de reactivar el proceso productivo en ambas instalaciones”, y ratificaron su propósito de “contribuir a impulsar la producción y el desarrollo del campo argentino”.
