Un colectivo integrado por personal policial y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe, tanto activos como pasivos, presentará un petitorio formal ante el Ministerio de Seguridad solicitando medidas urgentes en materia salarial, previsional, sanitaria y de condiciones laborales.
El reclamo por escrito fue entregado a las 18 en el marco de una marcha pacífica “sin cortes de calle, ni quema de cubiertas, por el momento”, expresaron voceros de la protesta en Rosario (Jefatura), Santa Fe (Gobernación) y Reconquista (Jefatura).
El documento, patrocinado por el abogado Dr. Gabriel D. Sarla, invoca el derecho constitucional de petición y plantea una serie de reclamos estructurales que -según expresan- buscan recomponer el poder adquisitivo, reducir la conflictividad y garantizar la calidad del servicio público de seguridad.
Entre los puntos centrales, solicitan establecer un haber mínimo de bolsillo no inferior a $2.500.000 para el personal ingresante, compuesto exclusivamente por conceptos remunerativos y bonificables.
Además, exigen:
- Recomposición proporcional en todas las jerarquías para evitar el “achatamiento” salarial.
- Que todos los aumentos tengan impacto previsional.
- Eliminación progresiva de sumas no remunerativas.
- Garantía de movilidad jubilatoria conforme la Ley 6.915.
Según fundamentan, la actual composición salarial genera una “brecha crítica entre ingreso real y costo de vida”, afectando tanto al personal en actividad como al sector pasivo.
Tarjeta Alimentaria y servicios extraordinarios
También reclaman la universalización de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP) para todo el personal activo, sin distinción de jerarquías ni destinos, que los servicios extraordinarios (OSESP/OSPE) sean realmente voluntarios y excepcionales, límites claros a la carga horaria para evitar fatiga y riesgos operativos, transparencia en la registración y pago de adicionales.
Traslados, infraestructura y logística
El petitorio exige la compensación automática por distancia para quienes prestan servicio a más de 50 km de su domicilio, fortalecimiento del sistema de transporte institucional.
Paralelamente, solicita mejora urgente de condiciones edilicias: sanitarios, agua potable, espacios de descanso, iluminación y elementos de protección, un relevamiento técnico integral con cronograma público de mejoras.
Emergencia en salud mental
Uno de los capítulos más destacados solicita declarar una emergencia en salud mental ocupacional, incluyendo la cobertura total de tratamientos vinculados al servicio, la eliminación de reducciones salariales durante licencias médicas, protocolos de prevención e intervención en crisis, dispositivos de acompañamiento para familias y equipos de trabajo. El reclamo se apoya en la Ley Nacional de Salud Mental y en la normativa de prevención de riesgos laborales.
Garantía de no represalias
El colectivo peticionante solicitó expresamente una cláusula de indemnidad, requiriendo que no se adopten sumarios administrativos por la firma del petitorio, traslados punitivos, como tampoco sanciones encubiertas o afectación en ascensos, hostigamiento o persecución directa o indirecta.
Asimismo, se pide la apertura inmediata de una mesa técnica de diálogo institucional con cronograma y actas formales.
Impacto en jubilados
El documento dedica un apartado especial al sector pasivo, advirtiendo que el uso de sumas no remunerativas afecta la movilidad jubilatoria y debilita la sustentabilidad de la Caja previsional.
