El ministro admitió la preocupación por los casos de suicidio, autolesión o agresiones. Y sostuvo que están en marcha políticas para abordar la situación, que consideró “multicausal”. La mira en consumos problemáticos y violencia de género.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó este martes declaraciones sobre al incidente ocurrido este lunes al mediodía en la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde un policía (Oscar Valdez, de Vera) que está de licencia por carpeta psiquiátrica, le quitó el arma a una compañera, salió a la calle y se autolesionó con un disparo en la cabeza.
El policía herido fue trasladado de inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado en grave estado y con pronóstico reservado. El episodio se suma a casos recientes de aparentes suicidios, como el otro agente de policía hallado el sábado en un descampado de Rosario y el del suboficial preso en Coronda por femicidio el pasado 20 de enero.
Estos casos reactivaron el debate sobre la situación de los efectivos de las fuerzas de seguridad, ya sea de la Policía o del Servicio Penitenciario Provincial, que ya venía siendo objeto de atención por parte de las autoridades.
Precisamente, el ministro formuló declaraciones en Rosario en la mañana de este martes, en la sede la Gobernación, en las que se refirió a las políticas de prevención en salud mental que se llevan a cabo desde la Dirección de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad en coordinación con funcionarios del Ministerio de Salud de Santa Fe.
“Hoy tenemos en seguimiento psicológico a 560 empleados policiales en la provincia de Santa Fe. Se avanzó en convenios con las áreas de Salud. Hoy tienen tratamiento sin copago de Iapos. En tratamiento voluntario hay cerca de 460 empleados que han abandonado el tratamiento y esto se evalúa después para ver si mantiene o no el estado policial y de portación de armas”, sintetizó el funcionario.
Cococcioni añadió que “nosotros tenemos que pensar en el bienestar del funcionario, pero también en la seguridad de la sociedad. En definitiva, son 25 mil policías los que tienen que salir a las calles con un arma en la cintura a cuidar a la gente. Tenemos que ser muy rigurosos sobre a quién ponemos en esa situación”.
Multicausalidad
Consultado al respecto, el ministro aclaró que “la autolesión o la consumación del suicidio son eventos multicausales. No obedecen a la inactivación o no de un protocolo o a una sola circunstancia.
“Hay aspectos personales, que tal vez no son para revelar, pero en cada uno de estos casos hay situaciones particulares, familiares y hasta en algunos casos económicas de los agentes por diversas cuestiones que tienen que ver con la esfera individual, y no son causales generales”, añadió.
Desarraigo
Uno de los ejes centrales del análisis del ministro fue el desarraigo. Cococcioni reconoció una “asimetría poblacional fundacional” en la fuerza: gran parte del personal se recluta en el norte de la provincia y termina prestando servicio en el sur, particularmente en Rosario.
“Hay una situación muy difícil de solucionar, que es el desarraigo, la falta de radicación en los lugares de trabajo. El traslado, el tiempo fuera de su casa y los viajes largos no son descanso, forman parte del desgaste”, explicó.
Como respuesta, señaló que en los últimos reclutamientos se avanzó en cupos geográficos, con una distribución 70-30 entre el sur y el centro-norte provincial, para revertir un esquema en el que casi el 80% del personal provenía de solo tres departamentos del norte.
Protocolos
En cualquier caso, aclaró que “nosotros activamos estos protocolos y tenemos más de 500 personas en seguimiento. Es más, hubo personal que obtuvo el alta y fue reincorporado a sus funciones habituales. Lamentablemente, no podemos hacer comparaciones con otras profesiones u otras provincias, porque estos fenómenos no se miden por profesión”, subrayó.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe remarcó que desde esa área “cada uno de estos casos es trabajado no solo por el equipo de asistencia al personal del ministerio y de la policía, sino también por el Ministerio de Salud de la provincia para tratar de acompañar en condiciones ideales a la gente para que supere las crisis y pueda reintegrarse a sus funciones”.
“Cuando la superación de situaciones de crisis a veces no es viable, lamentablemente tenemos que tomar medidas en algunos casos como sacar al personal de las tareas habituales para reducir riesgos. Hay que tener en cuenta que los policías son funcionarios a los que el Estado les entrega un arma. Y si hay una crisis subjetiva, el hecho de portar un arma es una circunstancia que agrava el riesgo”, expresó.
Tarea coordinada
El abordaje interministerial de la problemática de salud mental en los agentes de seguridad fue presentado a mediados de 2025 en una jornada desarrollada en la ciudad capital, encabezada por Seguridad, junto a Salud y a Desarrollo Humano, a través del área de Género y Diversidad.
El ciclo “Hablemos de Salud Mental” comenzó entonces una tarea de recorrido por unidades regionales y penales de toda la provincia, en articulación con organismos como los Centros de Asistencia Judicial (CAJ), los Equipos del Sistema de Protección Integral (ESPI), áreas locales de género, el Programa de Atención Psicológica ATE-Iapos, y la Dirección Provincial de Vivienda. Entre sus líneas de acción incluyen el acompañamiento a mujeres y personas LGBTIQ+ del sistema policial que atraviesan situaciones de violencia de género.
En una entrevista con El Litoral, Ignacio Paz, Director Provincial de Bienestar del Personal de las Fuerzas de Seguridad, expuso que “hoy lo que más preocupa es el suicidio porque el final es la letalidad”.
No obstante, aclaró en aquel momento que “también nos preocupa el tema de consumos problemáticos: el Ministerio anunció la realización de narcotest, con lo que es probable que salgan a la luz más casos pero también se van a necesitar recursos humanos. Y nos preocupa el tema de violencia de género porque tiene una afectación directa en la salud mental de quien la padece”.
El funcionario detalló entonces las medidas en curso (además de las mencionadas por Cococcioni, convenios con universidades para completar la formación de los agentes, acuerdos con gimnasios) y también los protocolos de acción establecidos.
“Tenemos un circuito en el cual un compañero o un jefe alerta una ideación suicida de un oficial o de un agente del Servicio Penitenciario; ese alerta le llega a Medicina Legal de la policía o a la oficina correspondiente del Servicio Penitenciario y se convoca a esa persona para hacer un seguimiento monitoreado por Bienestar”, describió.
En ese punto, aseguró que “lo primero que se hace es retirarle el arma de fuego. Observamos que cuando se activan esos protocolos no ocurre ningún caso. Es decir que, cuando sucede, es porque no se llegó a tiempo”.
Fuente: El Litoral
