El Juzgado Federal de Reconquista dio curso a una demanda de ejecución fiscal iniciada por ARCA (ex AFIP) contra la empresa Algodonera Avellaneda Sociedad Anónima, en el marco del expediente FRO 30289/2025.
Según la resolución firmada por el juez federal Aldo Mario Alurralde, la firma es reclamada por una deuda de $ 238.905.659,94, correspondiente al capital adeudado, más un 15 % adicional estimado para cubrir intereses y costas judiciales.
En ese contexto, el magistrado ordenó trabar embargo preventivo sobre fondos y valores de titularidad de la empresa demandada, a través del sistema SOJ Bancos del Banco Central, hasta cubrir el monto reclamado más el adicional previsto. En caso de efectivizarse la medida, los fondos retenidos deberán ser transferidos a una cuenta judicial del Banco Nación – Sucursal Reconquista.
Además, se dispuso la inhibición general de bienes, tanto en el Registro General de la Propiedad Inmueble de la provincia de Santa Fe como en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.
La resolución también establece la intimación de pago y citación para oponer excepciones, otorgando a la empresa un plazo legal de cinco días hábiles, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, se avanzará con la ejecución.
El trámite del expediente se regirá por las disposiciones de la Acordada 15/2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las notificaciones se cursarán al domicilio fiscal electrónico de la demandada.
La causa se enmarca en un proceso de cobro judicial de obligaciones fiscales y queda ahora sujeta a la respuesta que presente la empresa ante la intimación dispuesta por el magistrado.
En crisis
La realidad que atraviesa la empresa del Grupo Vicentin se desmejora mes tras mes. Al pasivo que afronta tras presentarse en concurso de acreedores se suma el rojo posconcursal con empresas proveedoras de electricidad y empleados.
Los trabajadores vienen denunciando la falta de pago de haberes, ante lo cual el juez Fabián Lorenzini hizo lugar a un pedido de la masa trabajadora -de alrededor de 370 empleados- para que se utilice una suma de dinero del orden de los $ 150 millones para pagos de seguros, gastos judiciales y sueldos.
Pero, sorpresivamente en un audiencia de los Tribunales de Reconquista, la conducción de AA reconoció que una parte de ese dinero fue redirigido a la devolución de un préstamo, aún a pesar de no contar con autorización judicial.
“La situación de las y los trabajadores que represento es angustiante. Recientemente una resolución judicial dispuso de un dinero, que parte de él debía destinarse a sueldos y rubros relacionados, pero los sueldos de los trabajadores no fueron abonados, ni siquiera una parte. Hemos denunciado ante el Ministerio de Trabajo, además de intentar tener una reunión con los gerentes, ni las denuncias ni los pedidos de reunión son escuchados. Estamos al total desamparo y abandono”, denunció Juan Bandeo, titular de la Asociación Obrera Textil.
“Abandonados”
En un comunicado, el dirigente lamentó que “la reciente prórroga del período de exclusividad, debiera traer alguna solución, pero sin diálogo con los trabajadores creemos que es imposible. Está prórroga sin participación de los trabajadores no tiene sentido. El colectivo de trabajadores, no sabe si hay tratativas con fasoneros, no sabemos si existe algún tipo de diálogo con el gobierno provincial o nacional en orden a reactivar la actividad industrial, en definitiva, señor juez, estamos abandonados”.
Bandeo reclamó al juez que arbitre los medios para que la gerencia de la empresa concursada, junto con la sindicatura, informe al gremio sobre las gestiones para reactivar la actividad industrial. Asimismo, solicitó audiencia con los propietarios de la textil “ya que es imposible tener reuniones conjuntas en orden a explicar a los trabajadores los planes a futuro”. Para concluir, intimó a la empresa al pago de salarios adeudados.
