La Sociedad Rural de Vera expresó públicamente su preocupación institucional ante la situación que atraviesa el productor y socio Eduardo Alejandro Bieler, quien enfrenta una ejecución fiscal derivada de una multa ambiental cuya validez, según la entidad, aún no está firme y permanece bajo revisión judicial.
Según se detalló en el comunicado, el productor presentó los recursos correspondientes ante la Justicia provincial, motivo por el cual el gremio rural considera “indispensable que se suspendan las medidas de apremio hasta que exista un pronunciamiento definitivo”. Avanzar en paralelo con la ejecución fiscal, advirtió la institución, afecta el debido proceso y podría generar un perjuicio irreparable.
Multa cuestionada
La Sociedad Rural remarcó además que la multa aplicada posee una magnitud “que incluso supera el valor del propio predio”, lo que —según el comunicado— presenta serios cuestionamientos en términos de razonabilidad y proporcionalidad. En ese marco, alertaron que la sanción podría resultar confiscatoria, poniendo en riesgo la continuidad económica de la familia productora involucrada.
Garantías constitucionales
La entidad aclaró que mantiene un compromiso con la producción responsable y el cuidado ambiental, pero enfatizó que toda acción sancionatoria del Estado debe regirse por criterios de justicia, equilibrio y respeto a las garantías constitucionales.
En este sentido, la Sociedad Rural planteó la necesidad de generar una instancia de diálogo técnico entre el Ministerio de Ambiente, las entidades rurales y el productor afectado, con el propósito de alcanzar una solución razonable y proporcional.
En el cierre del comunicado, la institución reafirmó su defensa del Estado de Derecho y la importancia de garantizar seguridad jurídica en la región. Al mismo tiempo, destacaron que proteger la actividad productiva no implica desatender los objetivos ambientales, pero que las sanciones deben ser justas y ajustadas a la ley.
