La Legislatura de Santa Fe, a través de un proyecto del diputado Rubén Galassi, busca regular las alarmas de seguridad privada que hoy generan que el 98 % de las alertas al 911 sean falsas, destinando inútilmente un tercio de los móviles policiales a estas intervenciones.
El sistema de emergencias 911 de la provincia de Santa Fe registró un total de 597 mil incidencias o llamadas entre el primero de enero y el mes de septiembre de 2025, que demandaron una respuesta policial veloz. De esa cifra global, aproximadamente un tercio, unas 215 mil, provienen de sistemas de alarmas provistos a hogares por empresas privadas de seguridad.
Sin embargo, la efectividad de estos avisos es sumamente baja: apenas el 2% de estas 215 mil llamadas «dieron positivo» o correspondieron a una situación real de peligro. Este escenario, que revela una significativa ineficiencia en el uso de los recursos policiales, fue expuesto ante un grupo de senadores provinciales en el marco de un debate sobre la regulación del sector.
Qué se propone
Ante esta problemática, se impulsa un proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados que busca regular de forma integral los servicios y agencias privadas de seguridad en Santa Fe. La propuesta, autoría del diputado socialista Rubén Galassi, fue especialmente invitada a la Comisión de Seguridad Pública del Senado para acordar modificaciones.
Los recursos son limitados y si la demanda de auxilio resulta ser errónea se pierde también la chance de mejorar la prevención por patrullaje. Foto: Archivo El Litoral
El objetivo central es incorporar un nuevo capítulo al texto que cree un protocolo de actuación obligatorio. Este protocolo establecerá que sean las propias empresas de seguridad privada quienes, con sus recursos y antes de derivar el llamado a la línea de emergencias, chequeen las alertas que hoy se disparan automáticamente al 911 sin filtro previo.
En la práctica, se busca que el procedimiento sea similar al de cualquier ciudadano que llama al 911: un operador evalúa la situación y, si corresponde, se envía la información a los móviles policiales.
La reunión donde se abordó el diagnóstico y los alcances del proyecto contó con la presencia de referentes de distintos bloques políticos. Asistieron senadores provinciales del radicalismo, encabezados por el presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig, y el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo Borla. También participó una parte de los integrantes del bloque opositor del Partido Justicialista (PJ), entre ellos el senador Armando Traferri.
El senador Michlig y el senador Traferri presiden y vicepresiden, respectivamente, la Comisión de Seguridad Pública, espacio clave donde se tramita la iniciativa del diputado Galassi. La presencia de diversos sectores busca generar el consenso necesario para avanzar con la normativa.
El costo de la ineficiencia
La atención de falsas alarmas de seguridad privada representa una sangría de recursos para la Policía de Santa Fe. Según explicó el subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad a los legisladores, «hoy destinamos un tercio de las salidas de móviles a atender alarmas que, cuando llegamos con el patrullero cargado con dos agentes, se comprueba que son sencillamente errores de funcionamiento o situaciones accidentales que hicieron sonar la alarma».
El funcionario enfatizó que «son falsas alarmas las que vienen de las agencias en un 98% de los casos y queremos corregir eso». Esta situación genera un impactante número de 89 mil horas policiales perdidas, calculadas al considerar que cada móvil que acude a una falsa alarma lo hace con dos agentes.
Cada móvil lleva siempre en cada misión por lo menos dos policías. Foto: Archivo
Esta cifra no incluye el gasto de combustible ni el desgaste de las unidades, y lo más preocupante es que estos móviles «dejan de trabajar sobre la prevención» en otras áreas asignadas, impactando directamente en la seguridad ciudadana.
Antecedentes y la deuda legislativa en la regulación de la seguridad privada
La falta de un marco regulatorio moderno para los servicios de seguridad privada en Santa Fe es una deuda pendiente de la Legislatura provincial con los santafesinos, que se arrastra por décadas.
La expansión de la mancha urbana cubierta por el 911 (hoy accesible desde localidades como San Cristóbal o San Justo, más allá de las dos grandes ciudades iniciales) y el incremento de la oferta y contratación de proveedores de alarmas, expusieron las falencias del sistema actual.
En 2017, hace ocho años, varios proyectos de diputados fueron debatidos sin éxito en el Senado. Más recientemente, en abril de 2024, la Cámara de Diputados sancionó nuevamente un proyecto de ley, también de autoría del diputado Rubén Galassi (acompañado por la firma del exgobernador Antonio Bonfatti), con la intención de abarcar la totalidad de las actividades del sector.
La actual propuesta de incorporar un capítulo específico sobre el 911 y las falsas alarmas, con unos seis o siete nuevos artículos, busca fortalecer este texto de 60 artículos.
Puntos clave del proyecto de Ley de Seguridad Privada con media sanción
El proyecto de ley que actualmente se encuentra en el Senado y es prioridad para los legisladores provinciales, busca modernizar una regulación que, en algunos aspectos, se rige por viejas resoluciones ministeriales de la década del ’90.
La iniciativa crea un «Registro de Prestadores de Seguridad Privada«, donde se asentarán los datos de las empresas y sus actividades. Además, se establecen en otros artículos las modalidades de contratación del personal de vigilancia, incompatibilidades e inhabilidades, y los requisitos para la obtención de la habilitación, así como las funciones del Director Técnico de cada empresa.
Se presta especial atención a la habilitación para portar armas de fuego y a la capacitación de este personal, así como a las calidades de las instituciones educativas autorizadas para su formación. Se estima que en el sector de vigilancia privada en blanco existen unos 12 mil trabajadores, de los cuales solo una parte posee la formación y capacitación necesarias.
Finalmente, el proyecto crea un régimen sancionatorio con medidas proporcionales a las infracciones, que van desde el apercibimiento y las multas hasta las inhabilitaciones temporales o la cancelación definitiva de la habilitación.
Fuente: Luis Rodrigo – El Litoral
