
El siniestro ocurrió el sábado por la noche, cuando un colectivo impactó contra un acoplado que bloqueaba el paso. Tres personas murieron y diecisiete resultaron heridas.
Prisión preventiva sin plazos. Esa fue la orden del juez Sebastián Szeifert al concluir la audiencia en la que se debatieron las medidas cautelares a aplicar sobre Alberto Valencia, el camionero imputado por la tragedia ocurrida el sábado sobre la Ruta Nacional 11, entre Nelson y Llambi Campbell.
Tres personas perdieron la vida y otras diecisiete resultaron heridas cuando el colectivo en el que se desplazaban impactó de lleno contra el acoplado del camión que conducía Valencia, el cual atravesaba la calzada, impidiendo el paso.
La fiscal Miagros Parodi, quien está al frente de la investigación del trágico suceso, atribuyó al camionero los homicidios de los dos choferes del ómnibus y del coordinador del tour de compras que se dirigía desde La Salada (Buenos Aires) hasta Resistencia (Chaco). A esto se sumaron las lesiones graves producidas a cuatro pasajeros y las lesiones leves a otros trece.
Los delitos fueron catalogados como culposos, debido a la conducción imprudente del vehículo de gran porte. En esa línea, la fiscal consideró que debido a la gravedad del hecho y a la multiplicidad de víctimas, era necesario solicitar la prisión preventiva.
Un giro en “U”
Parodi repasó algunos de los testimonios que constan en la carpeta judicial, que junto a los registros de una cámara de seguridad permitieron reconstruir lo ocurrido la noche del sábado 26 de julio.
El camionero intentó reincorporarse a la ruta tras haber sido atendido en una gomería, donde le cambiaron una rueda, realizando giro en “U” que no logró concretar debido al largo del camión y el acoplado, y al limitado espacio. De hecho, la fiscalía le reprochó que no maniobrara dentro del playón de la gomería antes de subir a la calzada.
El acoplado del camión Scania quedó atravesado, bloqueando el paso. La escena quedó registrada por la cámara de seguridad de un comercio de chacinados, en la que se pudo observar cómo el conductor comenzó a maniobrar para lograr reincorporar la totalidad del vehículo a la calzada. Fue entonces cuando ocurrió la tragedia.
Choque de frente
El colectivo Mercedes Benz de la empresa chaqueña Santa Lucía impactó de lleno contra el lateral del acoplado. El micro, utilizado para realizar un tour de compras que regresaba desde Buenos Aires, colisionó frontalmente.
El conductor Rubén Ponce y su acompañante, también chofer, Omar Enrique Escalante, fallecieron en el acto. El coordinador del contingente, Julio Orlando Gómez, agonizó en el lugar y falleció antes de que pudieran trasladarlo.
Uno de los sobrevivientes dijo que todo fue cuestión de segundos. Venía sentado en el primer piso, en el frente, cuando se percató del acoplado. Estaba oscuro y llovía. Cuando quiso reaccionar ya tenía los vidrios de la ventanilla rota sobre él.
Accionar imprudente
“La maniobra antirreglamentaria e imprudente es evidente”, sostuvo la fiscalía, que también recordó que los delitos imputados prevén una pena de entre 3 y 6 años de prisión.
Parodi planteó la existencia del peligro de fuga, indicó que el camionero es nacido en Bolivia -nacionalizado argentino- y que si bien señaló que vive en la ciudad de Córdoba, no se ha comprobado que tenga una residencia fija.
A su turno, la defensora pública Virginia Segado no cuestionó las circunstancias del hecho, pero sí rechazó la aplicación de la prisión preventiva. Incorporó el acta de matrimonio de Valencia, y las partidas de nacimiento de sus cinco hijos, y mencionó que la empresa para la que trabajo le mantendrá el puesto.
En esa línea, la abogada ofreció una serie de medidas cautelares alternativas, y solicitó la excarcelación de su pupilo.
Al momento de resolver, el juez explicó que la investigación de los delitos culposos “es sumamente compleja”, sobre todo a la hora de determinar responsabilidades, y acreditó, con algunas evidencias recolectadas hasta el momento, el accionar imprudente del conductor.
Szeifert también sostuvo la existencia del riesgo de fuga, por el cual determinó necesaria la imposición de la prisión preventiva. Desde la defensa adelantaron que recurrirán la sentencia ante la Cámara de Apelaciones.
Fuente: El Litoral