El magistrado federal analizó el escenario surgido tras la eliminación del organismo vial. Hizo referencia al impacto en los reclamos de reparación de la Ruta 11. Justificó la preocupación del gobierno provincial por la caída de licitaciones. Narcotest a policías y políticos.
El juez federal Aldo Alurralde se refirió a la situación de la Ruta Nacional 11, en el marco de los amparos judiciales presentados por su mal estado y falta de mantenimiento y luego de la decisión del gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad mediante el decreto 461/2025.
“Este es un hecho nuevo en el tiempo y en el proceso”, explicó Alurralde en relación con las causas que tramitan en el Juzgado Federal de Reconquista. Los amparos en cuestión reclaman la reparación y mantenimiento de la Ruta 11, en los tramos que atraviesan los departamentos Vera, San Javier y General Obligado, desde hace años en mal estado de conservación.
Según el magistrado, aunque se haya disuelto Vialidad Nacional, sus funciones pasan ahora al Ministerio de Economía: “El artículo 6º establece que el Ministerio de Economía tiene a su cargo el estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificación del sistema troncal de caminos nacionales y sus obras complementarias. Habrá que ver a qué área específica se delegan estas funciones”, dijo en relación con el decreto que disolvió el organismo vial nacional.
En ese sentido, señaló que jurídicamente debe entenderse que donde se menciona a Vialidad Nacional, ahora corresponde al Ministerio de Economía. Y advirtió: “Vamos a ver qué sucede con los contratos. En el caso puntual del amparo de Reconquista había un contrato vigente con una empresa para reparar el tramo mencionado de la Ruta 11. Habrá que verificar si continúa o no, y en base a eso definir el criterio a seguir”.
Legítima
Consultado sobre la cancelación de licitaciones por parte de la Nación, Alurralde reconoció como legítima la preocupación expresada por el gobierno provincial por la Ruta 33: “Es legítima y fundada, y en esta, que no está en la jurisdicción territorial de este juzgado, el Estado tiene el deber de mantener las rutas en condiciones, por sí o por terceros, mientras estén bajo su dominio. Los jueces no tenemos facultades administrativas, pero sí podemos obligar al Estado a realizar el mantenimiento por los medios que considere”.
En ese marco, recordó que ya ha ordenado al nivel federal de gobierno garantizar un mantenimiento adecuado de la Ruta 11, por tratarse de una vía troncal que conecta distintas zonas del país: “La ruta debe garantizar la seguridad de las personas y de los bienes que se transportan”.
Finalmente, afirmó que, aunque no se sabe qué acciones adoptará el Gobierno a futuro respecto a las rutas nacionales, “sí deben ser reparadas”.
Controles antidrogas
En otro orden de cosas, El Dr. Alurralde valoró como acertada la medida implementada por el gobierno provincial de realizar controles periódicos y sorpresivos de consumo de drogas a personal policial, penitenciario y autoridades políticas.
Destacó que el gesto ejemplar del gobernador, quien fue el primero en someterse al narcotest, refuerza el mensaje de que “nadie está por encima de la ley”, un principio fundamental para todo funcionario público.
El control busca detectar sustancias como cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, anfetaminas y metanfetaminas, y pretende garantizar que quienes tienen responsabilidades sociales y funciones públicas mantengan una conducta intachable, explicó.
Además, dijo que se apunta a identificar adicciones para priorizar el tratamiento de salud correspondiente, pero también a “prevenir que personas con problemas de consumo ocupen cargos sensibles, especialmente en áreas de mando o seguridad”.
Alurralde señaló el riesgo de que personal armado y con consumo problemático de drogas pueda estar vinculado a redes delincuenciales, incluso comprando sustancias a quienes deben ser detenidos y controlados, lo que a su criterio genera un conflicto grave de intereses y seguridad.
Finalmente, expresó su esperanza de que esta medida se extienda a nivel nacional y a todo el Estado, considerando que “es una iniciativa oportuna y necesaria para mejorar la transparencia y la lucha contra el narcotráfico dentro de las instituciones públicas”.
