Grave crisis en la Defensa Pública: denuncian discriminación a Reconquista respecto de Vera

La defensora provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), Dra. Estrella Moreno Robinson, junto a la Dra. Valeria Lapissonde, defensora regional de la 4ta. Circunscripción, y la CPN Mariana Lirusso, administradora general a cargo.
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La situación de la Defensa Pública en Reconquista es alarmante: actualmente hay únicamente dos defensores públicos activos para atender a una población que supera los 130.000 habitantes. Críticas a la gestión de la defensora regional Valeria Lapissonde.

Este cuadro, calificado como “bochornoso” por referentes del sistema judicial, pone en jaque el derecho de defensa en juicio y el funcionamiento mismo del sistema penal.

Actualmente, existen dos defensores en Vera y dos defensores en Reconquista y ninguno en Las Toscas. Entonces, “cada Defensor de Reconquista tiene el cuádruple de trabajo o más que cada defensor de Vera, generando una injusticia, un estrés, una discriminación y una saturación inaceptable”, denunciaron integrantes del sistema judicial.

En ese sentido, explicaron a InfoVera que “se menciona que aún más del cuádruple de trabajo, porque todos los presos que se encuentran en la fase de ejecución de la pena en distintos penales de la Provincia de Santa Fe, al jubilarse la Defensora exclusiva que los atendía -por orden de la Defensora Regional- esa carga de trabajo regresó a su Defensor original. Es decir, los que eran de Reconquista, regresan a Reconquista y un número muy menor pertenecientes a Vera y las Toscas, regresan a sus defensores originales”.

En conclusión, los únicos dos defensores de Reconquista “están realmente saturados, sin capacidad de reacción, cuando los defensores de Vera están cómodos, teniendo los dos defensores juntos, muchísima menos carga que cada defensor de Reconquista”.

“Son solo dos defensores para cubrir más de 130000 personas (ciudad de Reconquista y localidades aledañas, Malabrigo, Romang, Alejandra, etc.), pusieron en contexto, al tiempo que cargaron contra la defensora regional Valeria Lapissonde, por lo que consideraron una gestión acotada para revertir la situación de falta de personal.

Cargos vacantes y desatendidos

Históricamente, la 4ta. Circunscripción Judicial contaba con:

1 defensor en Las Toscas, cargo que quedó vacante en noviembre de 2022 tras la designación del Dr. Sergio Olivera como juez en Vera. Nunca fue cubierto.

3 defensores en Reconquista, aunque uno de esos cargos (ocupado por la Dra. Fabiana Pierini) quedó vacante tras su fallecimiento en 2020. Tampoco fue reemplazado.

3 defensores en Vera, incluyendo la Defensora Regional, María Valeria Lapissonde. El cargo de la Dra. Silvia Zabala, que atendía exclusivamente la fase de ejecución de la pena, también quedó vacante y nunca fue repuesto.

En total, se han perdido cuatro cargos de defensor público en los últimos años. Mientras tanto, la carga de trabajo no solo se mantuvo sino que aumentó exponencialmente, sin respuesta efectiva del Estado provincial para recomponer la estructura.

Distribución inequitativa

Según datos oficiales de la Fiscalía, los ingresos mensuales de causas en la 4ta. Circunscripción son: Reconquista 1.000 legajos, Las Toscas 300 legajos, Vera 280 legajos.

Sin embargo, la región solo cuenta con dos defensores, lo que implica que cada uno de ellos asume más del cuádruple de trabajo que los de Vera. Además, por decisión de la Defensora Regional, los casos de ejecución penal fueron reasignados a los defensores originales, incrementando aún más la sobrecarga en Reconquista.

Fiscalía robusta

A la descompensación actual se suma un dato preocupante: Reconquista cuenta con 5 fiscales, y está prevista la incorporación de 6 fiscales adicionales. En cambio, no hay planes para aumentar la dotación de defensores.

En Las Toscas hay 2 fiscales y ningún defensor. En Vera, 1 fiscal y 2 defensores. Es decir, la asimetría entre acusación y defensa grave.

Al borde del colapso

La situación ya repercute en el funcionamiento del sistema judicial: en la tarde del 17 de junio, por ejemplo, no se pudo realizar una audiencia por falta de defensores disponibles, todos estaban afectados a otros juicios en Reconquista. “Esta es la nueva normalidad en Reconquista: la defensa pública colapsada y sin capacidad de respuesta”, indicó un operador judicial a InfoVera.

Además, la incorporación de competencias en causas de narcomenudeo y justicia penal juvenil profundizó el escenario de saturación. Cada defensor debe cubrir audiencias de adultos, menores, ejecución penal y causas complejas, sin estructura ni apoyo suficiente.

“Dable es destacar que para que el sistema penal funcione y las audiencias y juicios puedan realizarse, es necesario que en cada audiencia participe un Fiscal, un Juez y un Defensor”, explicó, en tanto vaticinó con preocupación que “ante la pronta existencia de aproximadamente 11 fiscales en la Sede Reconquista, y sólo dos defensores, las audiencias no podrán realizarse o deberán aguardar (ponerse en fila) e ir pasando los distintos fiscales y jueces con los mismos dos defensores, reventados, explotados, devastados y no pudiendo brindar una defensa mínima siquiera”.