La cerealera dispuso el parate de sus instalaciones de Ricardone y Avellaneda, a pesar de contar con granos para trabajar. El Directorio quiere que intervenga la Corte nacional. Ejecutivos presos, “imposibilidad” de conseguir nuevos fasones, preocupación de los trabajadores y sueldos en duda.
Con la piel en carne viva aun por la detención de cuatro de sus principales ejecutivos, imputados por asociación ilícita, estafas y defraudación junto al resto de sus directivos, Vicentin decidió avanzar con una drástica medida: parar la actividad en sus plantas de Ricardone y Avellaneda.
Con dos comunicados sucesivos y no excluyentes uno del otro, la cerealera que protagonizó el default privado más grande de historia de nuestro país puso en conocimiento del mundo productivo, político y judicial que “ante la imposibilidad de obtener contratos de fasón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad y en espera de poder revertir la situación una vez más que la incertidumbre del proceso judicial se resuelva, se ha decidido proceder al cierre seguro de todas las plantas en operación, Ricardone y Avellaneda”. El sábado atribuyó esa decisión a “la convicción de que para la conservación de la empresa en este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible”.
Entretanto, la conducción de la firma indicó que continua el diálogo permanente con todas las partes interesadas en procura de lograr las condiciones para renovar la actividad. Acto seguida, dijo lamentar que “habiendo encontrado una salida clara, concreta y tangible hace más de tres años, respaldadas por mayorías contundentes de acreedores, solución que todavía está vigente, hayamos alcanzado esta situación extrema que trae zozobra a Vicentin y a la comunidad”.
Paralelamente, el domingo en un nuevo texto institucional el Directorio se dirigió a sus trabajadores para informarles “con gran pesar y responsabilidad queremos informarles sobre la situación actual de nuestra empresa”, sobre lo cual dio cuenta de estar enfrentando circunstancias extraordinarias que han afectado a la capacidad para operar con normalidad desde hace varios meses.
“Decisiones judiciales recientes que todos conocen han agravado la incertidumbre entre nuestros clientes, quienes por este motivo han retrasado o detenido los suministros necesarios para que podamos continuar con nuestras actividades”, apuntó, con relación al fallo de la Corte santafesina que rechazó la homologación del concurso de acreedores, al que consideró factor que “ha tenido un impacto directo en nuestras operaciones y lamentablemente también en nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones económicas más esenciales, entre las que se encuentran diversas obligaciones comerciales y ahora también el pago de los salarios correspondientes al mes de marzo”.
“Parada segura”
En cuanto a la denominada -y paradojal- “parada segura” de todas las plantas, la mesa directiva de Vicentin estimó que “permitirá la protección de los activos esenciales para la rápida reactivación cuando las condiciones lo permitan”.
“Entendemos el impacto emocional y económico que esta situación genera y lamentamos profundamente tener que darles esta noticia. Nuestro compromiso con ustedes y con el futuro de la empresa es absoluto, mantenemos diálogo permanente con todos los que puedan contribuir a una regularización de la situación y exploraremos todas las alternativas que puedan conducir a una reactivación en los plazos más cortos posibles”, cerró.
Fuentes gremiales consultadas confirmaron que en Ricardone todavía quedaba una celda y media de granos y que en Avellaneda había materia prima para seguir trabajando. “Esto es una jugada para presionar a la justicia” por el tema del concurso, coligieron en estricto off de récord, en referencia al nuevo planteo de la empresa para que la Corte provincial acepte el Recurso Extraordinario Federal con el fin de que su homónima nacional decida sobre el destino de la homologación que había sido aprobada en segunda instancia por el Cámara de Apelaciones en lo Civil de Reconquista.
Por otra parte, adelantaron que esperarán a lunes y martes para expedirse con relación a medidas de fuerza en caso de que no se hagan efectivos los haberes de marzo. “Cobramos en cuotas el sueldo de febrero y ahora no sabemos qué va a pasar, hay mucha incertidumbre, todos hacen sus jugadas pero los que quedamos en el medio somos nosotros”, lamentaron.
Mal clima
Un clima de desasosiego reina por estas horas en el norte, con Vicentin asomándose al abismo de la quiebra y más de mil puestos de trabajo en peligro.
En ese plano, la Municipalidad de Avellaneda y la Comisión Organizadora de la Fiesta del Algodón suspendieron los actos centrales previstos para el domingo 6 de abril en el anfiteatro de la Plaza 9 de Julio de esa ciudad, cuna de Vicentin.
“La decisión se tomó ante la difícil situación que atraviesa nuestra comunidad, como consecuencia del cese de actividades de la planta de Vicentin. Esta medida tiene como objeto acompañar y solidarizarse con las familias afectadas, considerando la incertidumbre laboral y las implicancias sociales que esto conlleva”, explicaron los organizadores.
Causa judicial
En una audiencia que comenzó el jueves 27 de marzo, los fiscales del MPA encartaron por asociación ilícita en calidad de jefes a Daniel Nestor Buyatti; Alberto Julián Macua; Omar Adolfo Scarel y Roberto Alejandro Gazze. En tanto, el resto de la mesa que dirigía los destinos de la empresa fue imputado como partícipes y miembros de esa organización: Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Bosch, Javier Fernando Gazze, Miguel Victor Vallaza, Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti, Fernando Estanislao Bougain, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia.
La acusación vertida por los doctores Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos del MPA Rosario, los encuadró por “continuar manipulando las decisiones de gestión y gobierno de Vicentin SAIC y del conjunto de personas jurídicas que integran el grupo empresario, con el objeto de obtener beneficios económicos ilegítimos en provecho propio y en perjuicio de las propias entidades societarias, así como de sus acreedores legítimos, entre ellos, proveedores, clientes y trabajadores”.
En esa línea, los representantes del MPA concluyeron que “entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $ 952.655.044”.
Para Moreno y Narvaja, esos casi mil millones de moneda nacional fueron usados para el pago de honorarios de abogados penalistas, una irregularidad manifiesta debido a que las figuras delictivas pesaban sobre ellos a título personal. Ergo, el costo de las mismas tuvieron que ser afrontados con dineros particulares, y no provenientes de las arcas de Vicentin.
El mismo modo de proceder adoptaron a la hora de contratar una caución por $ 40.751.243 con una aseguradora de manera de poder constituir la fianza necesaria para no quedar tras las rejas en la causa originaria, la del default.
Luego se conocería el affaire de los “acuerdos desvinculatorios” para gerentes de la compañía por cifras millonarias y sobre los que advirtieron los veedores del concurso.
Roberto Gazze, detenido, acordó un monto de 248 millones de pesos a cobrar en cuotas por su baja, mientras que a Máximo Padoan y su hermano Cristian les tocaron 208 y 176 millones de pesos respectivamente; Roberto y Sergio Vicentin figuran en la nómina con 169 y 161 millones cada uno.
