En la noche del viernes se realizó la audiencia de control de legalidad de la detención para Degoumois, padre e hijo, Daniel Baralle, con la asistencia del defensor oficial Orlando Toniolo.
Andrés Ghío, que ejerce su propia defensa, rechazó participar.
El juez Mauricio Martelossi consideró lega a detención de los cuatro abogados acusados por extorsión y/o amenazas coactivas contra la madre -testigo en juicio, que fue suspendido- de una menor que habría sido abusada.
Tras este paso procesal, entre lunes y martes se realizara la audiencia imputativa.
Toniolo opinó “el juez resolvió que la detención, la privación de la libertad, esta medida cautelar de mayor impacto, que es precisamente la privación de la libertad, era legal, era ajustada a derecho. Esta defensa técnica entendía que el contexto en el cual se expresó la supuesta denuncia, que era el marco de un contraexamen, es decir, un contrainterrogatorio, el derecho tiene todo ciudadano a controvertir la prueba de cargo en el marco de un juicio oral, ese contexto no podía dar lugar a una privación de la libertad”.
“Sí a posterior, una investigación, como tantas veces ha sucedido, inclusive se han investigado el delito de perjurio, el falso testimonio, etc., pero no en el marco de una defensa penal. ¿Pero por qué sostengo esto? Independientemente de la persona a la que se trate, porque vos te estás defendiendo, estás preguntando, y después son interpretaciones, si esa persona se fracturó, se quebró, fue espontánea o no, no lo sabemos, eso será materia de investigación”, explicó.
El funcionario del SPDP argumentó que “lo cierto es que no es lo mismo que una denuncia previa, por supuesto, que incite una investigación. Entiendo que el contexto de audiencia le brinda una especial modificación a la consideración que debe efectuarse a los fines de prever si podés cortar la defensa de esa persona o no, o aguardar. Como observaron, el planteo de la defensa, insisto, sin ingresar a la discusión si procede o no a la prisión preventiva, para no utilizar tecnicismos, es si era correcto o no que esa persona se la privé de libertad por una pretensa de denuncia en el marco de un contraexamen o un juicio oral”.
En ese contexto, pidió “distinguir una denuncia en otra situación, en otra circunstancia, por supuesto. Ese fue el planteo de la defensa que no fue acogido por el magistrado. Entiendo que la fiscalía se ajustó a los requisitos que la corte provincial estableció en el fallo Ramírez cuando procede o no la privación de la libertad. Esta defensa técnica argumentó organismos supralegales como la Corte, la Convención y demás en cuanto a la arbitrariedad, en cuanto a ese control que se debe efectuar desde las medidas que hoy realiza el fiscal que, otroramente, efectúa el juez de instrucción”. “Ese fue el planteo y no prosperó”.
– El juez Martelossi instó a la fiscalía para que en breve plazo se continúe con la investigación para tratar la audiencia que viene.
Perfecto, exacto. Si bien sostuvo la legalidad de la detención, instó al Estado, a la fiscalía como órgano del Estado, a que apure los plazos. Exactamente, entiendo yo, por el contexto que estoy expresando, no es una investigación en otro contexto. Entonces, una persona sobre la cual pesa la medida cautelar mayor impacto hay que tener mucho cuidado porque la libertad es lo más importante que tenemos, sea por un día, 48 horas, 3 días. Por eso, entiendo yo, el magistrado instó al Estado a que apresure. Si es que entiende, se configura el delito. Primigeniamente lo entendió, pero sabe muy bien que después puede no surgir evidencia de cargo o no sostenerse la prueba de cargo.
