El exintegrante de la Unidad Fiscal Reconquista fue sentenciado a la pena de 3 de ejecución condicional en un juicio abreviado desarrollado en los Tribunales de Reconquista en la mañana de este viernes.
El fallo dictado por la jueza penal Claudia Bressan sobre Rodrigo Germán González, quien fuera fiscal del MPA en la Cuarta Circunscripción Judicial, conllevó la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos dentro del Poder Judicial de la provincia y la Nación por el doble de tiempo de la pena impuesta.
Por las dos causas por las que estaba encartado, la magistrada lo halló autor penalmente responsable de un cúmulo de delitos cometidos en razón de la función pública que ejerció hasta marzo de 2021 en la sede norteña de ministerio público fiscal: amenazas coactivas, encubrimiento, violación de medios de prueba registros y documentos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos ellos en concurso real.
En la audiencia, la Dra. Bressan dejó en claro el acuerdo prestado por la señorita S. S., víctima del caso, respecto del procedimiento abreviado y sopesó que de acuerdo al informe de Registro Nacional de Reincidencias “el imputado no tiene causas, trámite o condenas que impidieran la aplicación del sistema elegido por las partes y estaría dentro de las posibilidades que le otorga el Código Procesal Penal”, en virtud de lo cual considero ajustada derecho la petición de formulada para abreviar los plazos.
En la acusación, el fiscal Eduardo Lago le atribuyó “haber intimidado en reiteradas oportunidades infundiéndole temor a S. S. mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, manifestándole que tuviera cuidado con lo que iba a declarar en el marco de la investigación”, y que “haría todo lo posible que para no ingrese al Poder Judicial” además de revelar secretos de su intimidad para desacreditarla. También lo señaló por haber destruido legajos en noviembre y diciembre de 2018.
En la otra carpeta judicial, el Dr. Lago le anexó que en 2017 y respecto de salas de juego clandestino ubicadas en Vera, Avellaneda y Reconquista, no haber procedido estando obligado por su cargo en el MPA a denunciar y/o investigar las actividades ilícitas.
Paralelamente, lo acusó por haber sustraído en 2018 legajos fiscales que le fueron asignados y de los cuales era fiscal responsable, y en 2014 a 2018 haber recibido en concepto de multa dinero en efectivo por subvenciones de juicios a prueba entregadas por imputados que retuvo indebidamente.
Más adelante, presentó las evidencias obrantes, consistentes en una entrevista con S. S., y profusas escuchas telefónicas con operadores del juego clandestino del norte provincial.
Remoción
González había sido suspendido en marzo de 2021 por la Legislatura con una reducción de su salario del 50 %, y en agosto del mismo año fue removido de su cargo por mal desempeño de sus funciones en una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas con 12 votos afirmativos del Senado y otros 40 de Diputados.
La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por el fiscal regional Rubén Martínez por “la desaparición de expedientes y retención de dinero de juicios a prueba que se encontraban en su custodia”. Más tarde, en febrero de 2019 González fue imputado por el delito de “amenazas coactivas”.