El magistrado penal Santiago Banegas expuso que un imputado estuvo, por lo menos, 7 meses preso sin motivo. Insólitamente, los fiscales se habían olvidado del caso. Fustigó el exceso de la medida cautelar y advirtió: “Tenemos más inocentes en las cárceles que culpables”.
“Los primeros tres meses todas las medidas que se realizaron fueron a instancias de la defensa, y los siete meses subsiguientes no se realizó ninguna medida salvo en la última semana que fue justamente cuando se pide la revisión de la medida cautelar. Lo cual indica que hubo siete meses que el Estado santafesino tuvo una persona privada de su libertad sin hacer absolutamente nada para que llegue a juicio”, descerrajó el juez penal Santiago Banegas, en la audiencia en la que dictó la libertad de Jorge Marcelo M., encartado en una causa por abuso sexual simple.
El magistrado explicó que la investigación por abuso se inició en septiembre del año pasado y agregó que para el mes de diciembre de 2022 ya se habían finalizado todas las medidas investigativas. En tanto, recordó que la defensa había solicitado la morigeración de la prisión preventiva en aquel mes y que en la audiencia respectiva entendió que por la subsistencia de los riesgos procesales no correspondía la atenuación.
Sin embargo, instó al Ministerio Público de la Acusación a que presentara justamente la solicitud de elevación a juicio del caso. Pero, “transcurrieron siete meses en los que la investigación no avanzó nada, no se tomaron entrevistas, no se realizó ninguna medida de ningún tipo”.
Caso paralizado
A raíz de ello, la semana pasada la defensa técnica del Dr. Ricardo Degoumois pidió la revisión nuevamente de la prisión preventiva y “en ese momento la fiscalía evidentemente advierte que tiene este caso paralizado, podríamos decir, desde hacía siete meses y ahí la fiscal Díaz con celeridad, cuando toma conocimiento de esta circunstancia ya que causa no era de ella, insta a la realización de una pericia y presenta la acusación al día siguiente de ser notificada de la audiencia”.
Para el juez, efectuar la pericia en cuestión no podía insumir mayor tiempo que una semana de plazo, pero pasaron siete meses sin hacer nada: “La situación es lamentable en todo sentido, es lamentable para la víctima y yo le pedí disculpas públicamente en la audiencia en nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe”, pero “no podemos tener a una persona detenida durante siete meses sin hacer nada para que la causa tenga una conclusión, porque es una detención que ya se torna absolutamente irracional”.
“Y para que quede bien claro -prosiguió-, no es hacer justicia dejar a una persona en prisión preventiva eternamente, digamos, sino que lo que es hacer justicia, tanto para el imputado como para la víctima, es lograr que una causa avance lo más rápido posible hacia el juicio”.
Replanteo
El funcionario judicial citó que “hace unos días en El Litoral una nota que cualquier persona puede haber leído sobre el estado en el que se encuentran las cárceles, las comisarías, cualquier dependencia policial, de superpoblación carcelaria, digamos, y el enorme número que hay de presos preventivos que está superando nuevamente el número de personas condenadas, es decir tenemos más inocentes en las cárceles que culpables; entonces, esto necesariamente tiene que empezar a revertirse y creo que es responsabilidad de todos los actores del sistema penal”.
Tras realizar un mea culpa como juez por haber llegado a una “situación de exceso de trámites de procesos con personas privadas de la libertad”, exigió al MPA un replanteo tanto al “pedir las prisiones preventivas, ver en qué casos las piden, como también a la hora de sostener esas prisiones preventivas en el tiempo, ver si tiene un sentido esta prisión preventiva o no lo tiene”.
“Cómo se les explica a personas que han estado en prisión preventiva dos, tres años incluso, y luego en un juicio son declaradas inocentes. ¿Cómo se les devuelve esos tres años de vida, dos años de vida, a una persona? No hay forma de devolvérselo, ni indemnizándolo ni demás”, se preocupó.
En consecuencia, coligió que se trata de una “necesaria tarea que tenemos que hacer todos los operadores judiciales, tanto del lado de los jueces como del lado del Ministerio Público de la Acusación, de replantearnos hacia dónde queremos que avance este sistema”
Estado de inocencia
El juez Banegas aclaró que “cuando el Ministerio Público de la Acusación logra aprobar un hecho que cometió un imputado yo fijo pena sumamente alta sobre todo en delitos sexuales porque creo que son de los más aberrantes que hay en nuestro código, pero para eso hay que llegar a un juicio y no se puede llegar a un juicio si el Ministerio Público de la Acusación no avanza. Tener presa a una persona en estado de inocencia si no es exclusivamente a los fines de hacer avanzar la investigación claramente constituye una violación del derecho. Entonces, nos ha pasado, y nos pasa y sigue pasando, de tener personas presas en estado de inocencia y que una vez que se demuestra su culpabilidad, porque firman un abreviado, recuperan la libertad. Lo cual claramente implica una perversión del derecho”.
