El cupo ya existe en el ámbito del Estado provincial para todos los planes habitacionales, pero cuenta solo con el respaldo de un decreto que eventualmente puede ser cambiado por otro. El beneficio también comprende a los agentes del Servicio Penitenciario. La iniciativa pasó a las comisiones de la Cámara de Senadores.
Ingresó al Senado provincial un proyecto de ley que pretende asegurar ese carácter permanente, el de una norma del Estado, a la decisión política de los últimos y del actual gobierno de otorgar una de cada cinco viviendas construidas por Santa Fe a sus agentes de la Policía y del Servicio Penitenciario.
El dos veces gobernador Jorge Obeid (1947-2014) estaba al frente de la Casa Gris, en 2005, cuando se dictó un decreto que fija en “una cada cinco” unidades habitacionales de los planes provinciales la exclusividad para los uniformados.
El propósito de aquella medida fue doble: por una parte no repetir la experiencia de los barrios policiales, donde la enorme mayoría pertenece o perteneció a la fuerza, copiado de la segregación de los cuarteles con casas en su interior, propio de las fuerzas armadas a nivel nacional; el segundo objetivo fue que cada nuevo desarrollo urbano tenga a un agente del orden, como una forma de mejorar la seguridad.
El criterio se sostiene desde entonces, alternancia partidaria de por medio, al frente del Poder Ejecutivo y el último de los decretos que fija ese cupo se dictó durante la actual gestión de Omar Perotti, quien actuó como sus antecesores de otro signo político. Y como el también justicialista Obeid, claro.
La diferencia entre asegurar esa proporción de viviendas a policías y agentes penitenciarios por una ley, por sobre los decretos, le daría -si el tema prosperase en ambas cámaras- un carácter casi permanente: sólo una norma de esa jerarquía puede cambiarla.
Hoy, los bomberos voluntarios, los ex combatientes de Malvinas y los trasplantados o en lista de espera tienen establecida prioridad por ley, pero sin cupo determinado que pueda marginarlos del acceso. Por su parte los discapacitados tienen un cupo del 5 % que establece la ley nacional, a la que la provincia ha adherido. Prever una parte de las viviendas para policías y penitenciarios no resulta entonces extraño.
El justicialista Alcides Calvo llevó el tema a la Cámara alta y en los fundamentos de su iniciativa hay más información interesante. Se persigue “mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda para el personal de seguridad, sobre todo de los agentes de los grados más bajos, que habitualmente por razones económicas, no pueden acceder a las líneas crediticias bancarias destinadas a la compra de propiedades.
La limitación económica hace que los agentes muchas veces moren en zonas donde ellos, y sus familias, se encuentran en contacto cotidiano con los mismos elementos sociales que son objeto de sus funciones, con el consiguiente riesgo para su seguridad, que conlleva además la implícita posibilidad de ver disminuida su capacidad para la función específica, dado el conocimiento que elementos del mal vivir puedan adquirir de la vida y los hábitos de los agentes y su vida familiar”.
Por otro lado, procura flexibilizar el acceso, “apuntando a que solo se cumpla con el requisito de acreditar residencia de manera fehaciente o trabajar en la localidad o ciudad, de emplazamiento del plan a adjudicar, por un período mínimo de dos años antes de la realización del sorteo de preselección, o en su defecto por un período menor cuando cuente con terreno de su propiedad o en acuerdo con las autoridades locales de la ciudad o pueblo donde se ejecuta dicho plan de viviendas”.
Asimismo, se persigue establecer por ley que, sin perjuicio de lo que establezca la reglamentación, el personal podrá resultar adjudicatario siempre que: a) No sean titulares de otra vivienda; b) No se encuentren habitando otro bien inmueble de titularidad de su grupo familiar primario y c) No hayan sido adjudicatarios de una vivienda de similares características en fecha anterior a la sanción de la presente Ley”.
El Litoral
